La preocupante afirmación de que un 90 por ciento de los comerciantes que trabajan con los vales Pro Familia han incurrido en graves irregularidades que terminan afectando económicamente a los usuarios del programa, es una señal de alarma que debe ser rápidamente atendida, ya que pone sobrerrelieve la debilidad del sistema. Un sistema que además requiere de un blindaje a prueba de la corruptela, ya que se trata de recursos que son destinados a cubrir las necesidades del sector más vulnerable de la sociedad, aquellos que aún padecen la exclusión, y que son presa fácil de quienes no tienen vergüenza de sacar canallesca ventaja de la necesidad.
Silvia Sarapura, directora de Políticas Alimentarias fue quien, tras un relevamiento realizado entre los comercios que reciben el pago a través de las tarjetas de débito del programa Pro Familia, advirtió un sinfín de irregularidades en las que incurren los comerciantes tales como disminuir el stock de productos, aumentar los precios de alimentos básicos, y otras maniobras que terminan perjudicando a quienes, por la situación económica requieren un auxilio financiero del Estado que, mínimamente, ayude a la magra economía de sus hogares. Entre las irregularidades más graves que se detectaron, está la retención de las tarjetas por parte de los comerciantes, quienes así aseguran un cliente-rehén y manejan su economía.
Los casos más graves, y donde más naturalizadas están estas prácticas es en el interior de la provincia, donde se conjuga la falta de conocimiento de los beneficiarios y la indefensión en la que, evidentemente, se encuentran.
Años atrás, eran los punteros quienes amenazaban con “dar de baja” los planes si la gente no accedía a pagar jugosos porcentajes, desnaturalizando el objetivo del sistema. Si es una gran mayoría de los comerciantes la que incurre en estas prácticas, blindar el sistema para que no haya más abusos con el hambre de los más necesitados ya no admite dilaciones.