“Algunos jueces son como ‘machistas’ y no se ponen en el lugar de las víctimas de la violencia”. La frase corresponde a la directora del área Mujer de la cartera social provincial, Cristina Rosales, quien se refirió a los parámetros con los que una parte del Poder Judicial decide penas para los violentos y golpeadores, minimizando con sus fallos una problemática acuciante. Fue luego de que, en la misma semana, se conociera el caso de un joven que recibió una condena en suspenso por haberle prendido fuego a su novia, y otro, en el que la denunciante no podía conseguir que detuvieran a su expareja, a quien acusó de violar y contagiar con gonorrea a su hija. “Les falta capacitación para tipificar este tipo de delitos”, criticó, de mínima, la funcionaria.
Los mismos patrones culturales con los que los victimarios actúan parecen ser empleados a la hora de tomar decisiones sobre su libertad. Tal vez por eso, algunos magistrados tienden a reducir las penas que podrían aplicar a quienes atacan física o verbalmente a sus compañeras, novias o esposas, entendiendo que son por “excesos” emocionales que no condicen con un comportamiento criminal.
De poco sirve tener los marcos normativos adecuados, si quienes se encargan de aplicarlos no cuentan con la debida formación y una sensibilidad entrenada.
Quizás uno de los problemas es que, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos públicos, el de la Justicia sigue rigiéndose por esquemas cerrados y perimidos, funcionando como un sistema exclusivo que necesita actualizarse en todos sus campos.
La Corte de Justicia, en su carácter de máxima autoridad judicial, debería proveer esta necesaria apertura, a través de la convocatoria de especialistas, para que puedan preparar a sus jueces, fiscales y otros funcionarios. Se trata, en definitiva, de generar institucionalmente la empatía por quienes, en la mayoría de las oportunidades, padecen severas consecuencias en sus cuerpos y mentes, que las acompañan el resto de sus vidas.