Cuanto menos curiosa fue la reacción de los responsables de la Fiscalía de Delitos Especiales de dar a publicidad una “noticia vieja”, como lo fue la de la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Ricardo Javier Ocampo, conocido como el Maestro Amor, que está sospechado de varios delitos de abusos sexuales en contra de menores, una causa que viene dando vueltas en los pasillos de tribunales desde hace nada menos que cuatro años. Es que la causa fue elevada a juicio hace más de cuatro meses y recién se “acordaron” de hacerla pública, luego de que El Esquiú.com realizara la cobertura exclusiva de la celebración del cumpleaños del gurú, que es un evento que se reitera año tras año en la comunidad de Miraflores, y que congrega a cientos de los seguidores de Ocampo.

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Con alguna sombra de resentimiento, los fiscales sólo dieron a conocer que Ocampo va camino a juicio oral a través de El Ancasti, donde los representantes del ministerio Público se sienten más cómodos, privando a otros medios de comunicación, y por ende a una nada despreciable porción de la sociedad, de acceder a esa información. En otras palabras, lo que quedó en claro es que el manejo de la información judicial es netamente discrecional, cuando no debería serlo, porque es un derecho de la ciudadanía toda; no sólo la que lee uno u otro diario.

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El abogado del Maestro Amor, Diego Dieguez, consideró que el fiscal que instruye la causa -Miguel Mauvecín- desde su inicio, tiene una animadversión en contra de su defendido, y que actúa impulsado por causas ajenas a las de su deber como fiscal, una idea que, de ser cierta, es más que preocupante y que debiera generar algún tipo de acción o respuesta, sobre todo para que la sociedad pueda tener tranquilidad de que los funcionarios que deciden sobre la libertad de las personas, lo hacen ajustándose a la letra de la ley. Algo que en los últimos tiempos genera cada vez más dudas.