El conflicto con el sector salud, que se mantiene desde hace dos meses y registra movilizaciones que paulatinamente han ido perdiendo fuerza, tiene ya evidentes connotaciones políticas y hasta sus propios mentores reconocen que no se trata de un problema de dinero, sino de políticas públicas que vienen postergadas en el tiempo y han atravesado a los gobiernos que le precedieron al actual. Es que, como bien se explicó a través de una solicitada de días pasados, salud ha recibido aumentos superiores a sus pares de la administración, ha conseguido mejoras considerables en los montos de las guardias y ha logrado que se regularice la situación de los empleados precarizados, problema eterno durante la administración brizuelista.

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Ahora bien, como se acepta que el problema principal no es el salarial, bueno sería que se puedan tratar las políticas de salud en términos concretos, alejadas de connotaciones electorales que no hacen más que enervar los ánimos de los diferentes actores. En este sentido, hay que darle la razón a la protesta y, entre todos, buscar la mejor salida al conflicto.

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Dentro del complejo entramado del reclamo, cabe destacarlo, se mezclan los empleados de la salud y los médicos, muchos de los cuales juegan en este conflicto sus propios intereses. ¿O, dejando de lado casos excepcionales, la mayoría de ellos es ajena a los vaivenes políticos de la provincia? Otro gran problema con los médicos tiene que ver con que, varios de ellos, no aceptan su condición de empleados públicos y pretenden tratamientos diferenciados que no son fáciles de aplicar. La corporación debería plantear por su lado esta situación y el gobierno negociar una contraprestación de excelencia. Como puede apreciarse, a pesar de su complejidad, la situación requiere de entendimientos que son posibles, mucho más ahora que el gobierno se apresta a recompensar tareas muy específicas que se cumplen dentro de la administración. Claro que para ello resulta imprescindible levantar hasta la más mínima medida de fuerza.