Con aciertos y errores, con principios o caprichos, con bravura o conveniencia, como sea, el intendente de Andalgalá siempre es noticia. Confeso antiminero, aunque usa y abusa de las ganancias de la actividad, ha anunciado nuevas obras que nada tienen que ver con el sentido productivo y sustentable que tantas veces se ha dicho deben tener los recursos no renovables. El concejo deliberante, donde ha conformado “mayoría automática”, le acaba de aprobar gastos por más de 24 millones que provienen de la renta minera y que empleará en el asfaltado de calles y construcción de veredas. Por este último rubro, la información oficial da cuenta de un monto de casi 9 millones.

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La vieja expresión “no tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer”, se cumple plenamente en la decisión de hacer asfalto y veredas con regalías. Páez tendrá sus culpas, por excesos idénticos a los que cometió antes José Perea y por los cuales tiene 24 causas judiciales abiertas, pero aquí hay responsables mayores. Concretamente los miembros de la Corte de Justicia, los ultraradicales y “frentecívicos” José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva quienes, con una medida cautelar, permitieron que el intendente pueda interpretar que hacer veredas es algo sustentable, productivo y conveniente para la estructura de servicios del departamento que se lleva la mayor tajada de la minería.

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Si la Corte de Justicia, a la que suponemos le debe interesar las cosas de Catamarca, no hubiera hecho lugar al amparo presentado por Alejandro Páez, éste no hubiera podido avanzar en sus proyectos, los cuales tienen un trasfondo de clara discriminación con la mayoría de los andalgalenses. Es que el dinero de regalías es de todos y el intendente favorece únicamente a los frentistas donde se asfalta y se hace veredas, los cuales no pagan un centavo. ¿Por qué se los favorece a ellos y no a todos? Aparte, seamos sinceros. En todos lados, a estas obras, las realiza el Estado, pero las pagan los vecinos.