Apuntes del secretario

miércoles, 1 de enero de 2014 00:00
miércoles, 1 de enero de 2014 00:00

La aprobación del Presupuesto 2014 del Concejo Deliberante de la Capital, ejecutada “a libro cerrado” el penúltimo día del año, puede ser considerada entre las piezas antológicas de la vergüenza política. Que en medio de la crisis que azota a un país con millones de pobres e indigentes, estos señores que viven en una de las provincias con mayores retrasos, se reúnan y, en menos de media hora, decidan aumentarse en 15 millones de pesos -con relación a 2013- sus propios gastos, no admite paliativos de ninguna naturaleza. Sin embargo, lo hicieron y ni siquiera escucharon las sugerencias de austeridad. Nada. Los once concejales presentes levantaron los brazos y se autorizaron para sí mismo -cosa que no pueden hacer los ciudadanos comunes- aumentos de sueldos y gastos que, supuestamente, deben realizar por la “sacrificada” tarea de ser concejal, esto es, “trabajar” una vez por semana y disponer de vacaciones que no posee ningún mortal catamarqueño. Los nombres que autorizaron el despilfarro y quedan para la historia son los siguientes: Gilberto Orlando Filippín, Néstor Ricardo Rosales, Silvia Beatriz Fedelli, Pablo Gilberto Herrera Brizuela del Moral, Luis Eduardo Agüero, Liliana Barrionuevo, María Jimena Herrera, Juan Cruz Miranda, Fernanda Daniela Tula, Juan Carlos Dumitru y Víctor Hugo Rodríguez. Todos pertenecientes a los distintos bloques que hoy existen en el CD, con lo cual no se salva ninguno. Apenas pueden tener un mínimo argumento de defensa los que estuvieron ausentes (Juan José Sigampa, Armando López Rodríguez y Federico Giménez Pagué), aunque en realidad sólo pudieron lograr indulgencia si, sentados en cada una de sus bancas, se hubiesen opuesto a la aprobación.
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El tema del Concejo Deliberante, como lo comentó este secretario en “Apuntes” anteriores, es un símbolo de lo que puede hacer la clase política cuanto tiene que analizar sus propios intereses. Un organismo que puede funcionar con 30 ó 40 personas, incluyendo a los propios concejales, registra en su planilla salarial más de 300. ¿Qué trabajo puede realizar la mayoría de ellos que no sea el de punteros o ñoquis de la política? Ninguno: con 10 o 15 empleados idóneos alcanza para hacer funcionar la maquinaria parlamentaria y justificar la producción de Ordenanzas (la mayoría de ellas enviadas por el Departamento Ejecutivo) que se aprueban por año. Los empleados, en cambio, sí se requieren en la propia municipalidad, donde hay que atender múltiples servicios que tienen que ver con la gente, como ser la inspección general de los negocios, el tránsito, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano, la obra pública, la salud, la educación y cuántas cosas nuevas demanda el crecimiento poblacional. Por lo explicado, y quizá como único expediente de reparación al erario, quedaría la eventualidad de un veto por parte del Departamento Ejecutivo. Sería una medida dura, pero serviría de ejemplo para todos, inclusive para diputados y senadores, acostumbrados a cometer tropelías como las que, sobre el cierre del año, llevaron a cabo los ediles.
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Una de las preguntas que se hace la gente es para qué sirven los concejales o los legisladores en general. Se la hacen los profesionales, los intelectuales, los trabajadores y el ciudadano común para obtener una misma respuesta, que tiene que ver con el repudio a prácticas que irritan y al descrédito que, lamentablemente, sufre la política. Está mal que la cosa sea así: se trata de una actividad noble y que regula la división de poderes dentro del sistema democrático, pero eso no es lo que observa el ciudadano común. Solamente ve que, a la vuelta del año, tanto unos como otros, están discutiendo sus propios sueldos, los viáticos, los subsidios, los vales de nafta y los puestos de trabajo para familiares y amigos. ¿Y el trabajo? ¿Y las leyes? ¿Y las acciones de bien común que declaman y no ejecutan? Bien, gracias.
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En el caso de los concejales, en el año 1991, en complicidad con la UCR, el interventor Luis Prol -buscando un golpe de efecto que perjudicara coyunturalmente al saadismo de aquellos tiempos- resolvió por un decreto-ley que serían cargos adhonores y los cubrirían ciudadanos interesados en favorecer al prójimo. Allí nomás surgió aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”. El radicalismo, que aplaudió la medida, en la primera reunión de los electos cambió las reglas de juego y, en acuerdo con el peronismo, volvió al sistema de remuneraciones. Nada es eso. Fue el momento en que razonaron por qué un concejal tenía que ganar menos que un diputado si, para ellos, cumplían funciones iguales. De esa forma, la conjetura hecha realidad que comenzó en la Capital, se extendió a toda la provincia. Los autores de la variante, electos en aquel 1991, fueron estos ciudadanos: Horacio Francisco Pernasetti, Arnaldo del Pino, Juan Carlos Bayón, Daniel Eduardo Barrionuevo, Sara Edith Barros, Juan José Serra (Frente Cívico), Cecilia Guerrero, Rodolfo Fernández, Ramón Domingo Formoso, Jorge Alberto Bonaterra (Movimiento de Afirmación Popular) y Ramón Rosa Luna (Frente de la Esperanza para una nueva Catamarca).
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Frente a las críticas por el manejo discrecional de los dineros que pertenecen al conjunto de los catamarqueños, algunos legisladores hablaron de planes de austeridad que, en los últimos días, fueron ratificados por los diputados Jorge Moreno y María Teresita Colombo, en el sentido de limitar subsidios o gastos de bloque. Esperemos que esta especie de compromiso público se refleje en los hechos y no termine en la nada o, como ya ocurrió en otras oportunidades, sea una engañifa para acuerdos ulteriores. Mientras tanto, el único gesto concreto lo ofreció el concejal de Valle Viejo, Sebastián Vega, quien prometió donar parte de su dieta (por un valor de $3.500 mensuales) a instituciones del departamento allende el río del Valle. Dijo, además, que va a invitar a la prensa en cada una de las entregas. Muchos dirán que el joven edil radical hace política y posiblemente sea cierto, pero si todos lo imitaran las cosas seguramente cambiarían en la consideración de la gente.
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No fue buena ni tranquila la salida del gobierno del exinterventor de la OSEP Julio Prieto. Cansado de lidiar con las instituciones médicas y los problemas económicos, el pasado viernes escribió su renuncia indeclinable y la dejó a una de las secretarias de la gobernadora. Tratándose de un amigo que lo acompañó en otros momentos de su carrera política -fue su secretario administrativo en la Cámara de senadores-, comentan en cercanías de Lucía Corpacci que la intempestiva reacción del funcionario no le cayó bien. Casi en forma inmediata pensó en su reemplazante y a las 72 horas estuvo en funciones el exdiputado tinogasteño Julio Cabur. Prieto, lamentablemente para él, quedó enredado en la interna que sostenía, desde hace dos años, con el ministro de Economía Ricardo Aredes.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como siempre, terminamos los Apuntes del Secretario, del primer jueves de 2014, con el repaso de sucesos ocurridos hace 25 años.
Hoy que se vive quizá, por las inusuales temperaturas reinantes en todo el país, la peor crisis energética de la historia, es bueno recordar que el déficit de los servicios públicos -preferentemente energía- no es cosa nueva. Por el contrario: registra antecedentes de largas décadas. En enero de 1989, por ejemplo, sin que el termómetro llegara a los niveles de estos días, el gobierno nacional decidió decretar asuetos administrativos para aliviar la carga de consumo que había aquel entonces. Pero, además, ordenó la reducción a cuatro horas diarias de las emisiones de televisión y, en forma paralela, determinó cortes programados en la zona privilegiada de los bancos porteños que, hasta ese momento, se habían mantenido fuera del programa de cortes rotativos. Aquel 1989, cabe destacarlo, iba a haber elecciones presidenciales y el candidato radical, el cordobés Eduardo César Angeloz, dijo que la crisis de la energía no lo iba afectar, en tanto el presidente Raúl Alfonsín autorizó la adquisición de cuatro turbinas en Alemania Occidental. Los cortes del servicio en la ciudad de Buenos Aires se prologaron por más de quince días y, como ahora, estuvieron a la cabeza de la agenda informativa. ¡Pensar que han pasado 25 años y, a pesar de las privatizaciones, seguimos prácticamente en la misma!

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