El flamante ministro de Producción Raúl Chico prometió en su asunción, el lunes pasado, reactivar en el menor tiempo posible distintas políticas para promover el empleo genuino, fundamentalmente vinculado al sector industrial, en el que el gobierno, pese a haber perdido herramientas valiosísimas como el régimen de promoción, sigue cifrando sus esperanzas para morigerar las altas tasas locales de desocupación. Un día después fue la propia gobernadora quien, en su mensaje por el Fin de Año, aseguró que el Estado seguirá aplicando medidas como los subsidios a las fábricas y a los pequeños productores, de manera que se protejan los puestos actuales de trabajo. E insistió en que es prioridad de su gestión fomentar la generación de ingresos por fuera de la estructura estatal, que está al límite de sus posibilidades de incorporar gente.
Mientras ese discurso se sigue declamando, y más allá de que efectivamente se desarrollen acciones en ese sentido, la pugna por los puestos estatales se mantiene en el grueso de los que no tienen ocupación, y hasta se incrementó, como se pudo ver en recientes reclamos de becados provinciales y municipales que demandan un contrato o directamente la planta permanente.
Culturalmente, el empleo público sigue teniendo una alta consideración de la ciudadanía catamarqueña, fundamentalmente porque, junto con la seguridad “de por vida” de los cargos, existe una serie de beneficios que van desde créditos blandos, pasando por vacaciones extensas, media jornada laboral y un excepcional régimen de franquicias y licencias imposibles de otorgar en el sector privado.
Nada hace prever que, en el corto plazo, se pueda modificar este escenario, cuyo cambio supone una intensa acción no solamente del Estado sino también de los empresarios que, necesariamente, deben mejorar las condiciones que ofrecen a sus trabajadores en cuanto a sueldos y beneficios sociales mínimos, aunque eso signifique resignar su ganancia. Solamente de esa manera se podrá avanzar en el cambio de un paradigma contrario al desarrollo.