Columna política

martes, 14 de enero de 2014 00:00
martes, 14 de enero de 2014 00:00

Las declaraciones del concejal Gilberto Filippín (FCS) publicadas por El Esquiú.com ayer -aún cuando no las compartimos, pero tampoco las censuramos- merecen hacer algunas aclaraciones para separar la paja del trigo. Lo primero es aclarar que el virulento ataque que realizó a la figura del intendente capitalino Raúl Jalil se enmarca en una pelea, no por el respeto a las instituciones, la defensa del sistema republicano o cualquier otro supuestamente loable argumento. Muy por el contrario, la puja es por la caja, el dinero que tendrán para utilizar con discrecionalidad y pocos controles los integrantes del cuerpo deliberativo, tal como lo hizo en los últimos 20 años.

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Las ironías del edil resultan agraviantes en contraposición con las omisiones en las que incurre con total intención. Ya que a nadie escapa que el Concejo Deliberante ha sido convertido en una elefantiásica estructura que tuvo un crecimiento desmedido desde todo punto de vista, la planta de 300 empleados, a los que se quieren sumar aún más este año, no admite ningún análisis: más allá de que se trate de empleados de planta o de planta política, lo cierto es que es innegable que una parte de estos empleados son “ñoquis”, gente que percibe un sueldo que sustenta el Estado sin ninguna contraprestación. De hecho, buena parte de esa cantidad de empleados ni pisa el edificio de Rivadavia al 1000.

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Es por ello que las expresiones de Filippín son el reflejo de las peores prácticas políticas, aquellas que convirtieron a la actividad pública en sinónimo de vagancia, de acomodo. Porque, atrincherado detrás de la independencia de poderes y del rol de contralor del CD -atributos que se deben defender y realzar como base esencial de la democracia-, mal esconde la intención de mantener un status quo absolutamente nocivo para la institución que representa, despojada de todo sentido de austeridad y coherencia.

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