Columna política

martes, 7 de enero de 2014 00:00
martes, 7 de enero de 2014 00:00

La odisea que vivió un grupo de visitantes oriundos de Buenos Aires el pasado lunes, cuando luego de visitar la Catedral y la imagen de la Virgen del Valle, se dieron no sólo con que su vehículo tenía colocado el cepo, sino que además eran rehenes virtuales, porque no había cómo pagar la multa, habla a las claras de la escasa -o nula- conciencia de cuál es el trato que todo funcionario y ciudadano debe tener con un turista. Pero además, en el caso particular, desnudó desidia, desinterés y absoluta falta de solidaridad y voluntad, ya que, además del traspié que sufrieron, según el relato de los damnificados, los funcionarios municipales no mostraron la más mínima intensión de tratar de solucionar el problema. E incluso, hasta pareciera que hubo algún disfrute del mal momento que sufrieron. ¿Cómo entender, si no, que se les haya “sugerido” que se vayan a dormir a la Catedral?

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El problema se originó porque, si bien los turistas estacionaron en un lugar prohibido y era lógico imponer la debida sanción, los inspectores inmovilizaron el vehículo, sin tener en cuenta que no había posibilidad de pagar la multa y recuperarlo en las siguientes 24 horas, dado que el Juzgado de Faltas permanece cerrado y no estaba la jueza de Faltas Ruth Castro para dar la orden de liberar el rodado.

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El atropello que sufrieron los damnificados -uno de ellos debió ser asistido por el SAME porque sufrió una descompensación- y que se solucionó recién cerca de la medianoche del lunes (cuando al fin apareció la jueza), debe ser el punto de partida de una revisión de los procedimientos del Juzgado Faltas. Es indiscutible que quien comete una infracción debe ser multado; pero bajo ningún argumento se puede justificar el maltrato, ni mucho menos ocasionar un daño desproporcionado como lo es el de mantener como virtuales rehenes a una familia todo un día por estacionar mal, e irónicamente, inmovilizados en el lugar donde no debieron detenerse. Máxime cuando existen recursos tecnológicos para que, desde cualquier punto del país, se puedan realizar pagos a distancia.

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