Columna política

sábado, 1 de febrero de 2014 00:00
sábado, 1 de febrero de 2014 00:00

La puesta en marcha de un ajuste en la planta política de la Administración, que anunció días atrás la gobernadora Corpacci, no fue bien recibida en varias dependencias oficiales, en donde hubo una fuerte oposición a la medida obligada por la coyuntura económica de la Provincia. La orden a los ministros parecía terminante: elaborar una lista de los “índices prescindibles”, es decir, de aquellos que ostentan títulos de “asesores” o “supervisores”, pero que no tienen función alguna, para barrerlos de la nómina del Estado. Esos casilleros suelen estar ocupados por la militancia rentada, que puso el grito en el cielo y obligó a revisar la decisión sobre la marcha. Por ello, el estricto plan de ahorro inicial se trocó por otro mucho más flexible que contempla contratos y, eventualmente, plantas permanentes que, aunque con salarios significativamente menores a los cargos políticos, garantizan la ansiada estabilidad del puesto público.

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Dentro de este paquete de funcionarios de bajo nivel que están negociando el ingreso de por vida figuran algunos que ocuparon direcciones o administraciones provinciales y que fueron removidos en el marco de los movimientos de gabinete durante el proceso electoral del año pasado. A ellos se les había asegurado cobertura en otros espacios bien remunerados y, de esta manera, se aumentó notablemente el gasto salarial vinculado a la política. Ahora aceptarían bajar un peldaño más, a condición de no perder completamente el ingreso.

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Si efectivamente se avanza con este esquema de contratos, habrá un modesto ahorro, pero también más empleados públicos. Tal vez aquí la conducción provincial debería tener en cuenta las acciones que está tomando el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, quien reducirá a la mitad sus funcionarios (340 en la actualidad), además de recortar un 15% los sueldos a los que queden.

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