Apuntes del secretario

martes, 11 de febrero de 2014 00:00
martes, 11 de febrero de 2014 00:00

La tragedia del 23 de enero, en El Rodeo y Siján, volvió a poner en el centro de la escena a la Justicia catamarqueña. Como en otras oportunidades -revuelta ciudadana en el barrio norte, cortes de ruta por activistas antimineros, toma de la Casa de Gobierno por efectivos policiales en virtual sedición, etc-, su absoluta falta de compromiso en situaciones de resonancia pública o que afectan el funcionamiento de las instituciones fue palpable. En lugar de iniciar de oficio las investigaciones que correspondieren, mantuvo ajenidad con circunstancias muy dolorosas que, por lo menos durante dos semanas, tuvieron en vilo a la población y a la opinión nacional e internacional. Así las cosas y, como si fuera un calco de casos anteriores, los otros poderes del Estado debieron recordarle obligaciones prácticamente indelegables. Primero fue el Fiscal de Estado, Carlos Bertorello, quien pidió en una conferencia de prensa que la Justicia se ponga a trabajar y ayer, senadores y diputados del Frente para la Victoria, llegaron hasta el despacho de la jefa de los fiscales, Milagros Vega, con profusa documentación referida a los puentes de El Rodeo que cedieron ante el avance del río Ambato.
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La presentación, amplia y minuciosa, confirma que sobraban antecedentes como para pensar que en algún momento podía ocurrir lo que finalmente ocurrió. Los datos no son nuevos y se remontan a varios años atrás, cuando legisladores, políticos, gente común, lugareños e instituciones advertían sobre las características del enclave ambateño y los peligros que podían generar las corrientes hídricas que bajan desde el coloso montañoso. Ninguno de ellos, por lo que se advierte, fueron tenidos en cuenta y, por el contrario, se habrían llevado a cabo algunas obras que favorecieron la materialización del drama. Por ello piden que la señora fiscal profundice la investigación y cite a declarar a quienes participaron en la toma de decisiones, entre los cuales se encuentran el exgobernador Brizuela del Moral; el exministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña; el exadministrador de Vialidad, ingeniero Rosales; los constructores de los puentes; el actual intendente, Félix Casas Doering y varias personas que, directa o indirectamente, advirtieron u opinaron sobre el tema.
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Con la documentación y antecedentes que recibió la Justicia, definitivamente ésta no puede alegar desconocimiento. Menos “cajonearla”, porque se trata de una cuestión de amplio conocimiento público que, por largos años, se debatirá y todo lo que no se haga hoy, en el futuro, se volverá en contra de la propia Justicia. Es que hay más de una decena de víctimas y daños materiales millonarios que, nadie lo dude, originarán reclamos pecuniarios que colocarán a la Municipalidad de El Rodeo y a la provincia en condiciones de franca precariedad. Ya tenemos demasiado con demandas como las que presentó la familia Taselli, que pide 150 millones de indemnización por la rescisión del contrato de la exEDECAT que ejecutó Brizuela del Moral. Ahora se viene otra avalancha de juicios.
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Tampoco hay que ser demasiado cándidos en el análisis. La tragedia ya se anota en el terreno de la política. Los legisladores oficialistas, como el Fiscal de Estado, cumplieron con su obligación de aclarar cómo pudieron ser los hechos. No hacerlo los podía llevar a convertirse en cómplices (lo que se llama incumplimiento de los deberes de funcionario público) de situaciones administrativas que íntegramente le corresponden al Frente Cívico. Fueron sus funcionarios los que dispusieron la instalación del “camping de la muerte” y construyeron los puentes, a los que inauguraron con “bombos y platillos” en medio de recordadas campañas políticas. Hasta el día de hoy reivindican esas realizaciones y, en el caso de Brizuela del Moral, aseveró que el “puente del mástil” era necesario y, por no haberse desplomado, estuvo bien hecho. Para él, la tragedia respondió a un fenómeno natural que puede darse “cada 100 ó 500 años”. Flojita la respuesta porque este tipo de obras deben hacerse para toda la vida y en base a estudios que no habrían sido tenidos en cuenta. Pero ésta es precisamente la tarea que le toca a la Justicia y la compromete, le guste o no, a deslindar las responsabilidades.
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Más allá de las batallas judiciales que se vienen y que, lo repetimos, durarán años, hoy El Rodeo es la imagen de la tristeza. El aluvión de lodo, piedras y agua cortó abruptamente las alegrías veraniegas y algunos, despavoridos, huyeron de la villa de incomparable belleza, quizá para no volver nunca más. También los que pensaban adquirir terrenos, construir o realizar inversiones han retrocedido y lo pensarán dos veces antes de llevar a cabo esos planes, a menos que los gobiernos -municipal y provincial- ofrezcan las garantías que hasta el trágico 23 de enero no existían. Ni hablar del lamento de los comerciantes: muchos de ellos viven todo el año de los réditos que cosechan en el verano. Ahora, por cierto, tendrán problemas.
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La situación del Casino provincial continúa bajo análisis del gobierno provincial. Los informes dados a conocer la semana pasada por El Esquiú.com fueron ratificados en un ciento por ciento y confirman que su privatización fue uno de los peores negocios que realizó la provincia. Como se recordará, antes de la Intervención Federal de 1991, la sala de juegos funcionaba en instalaciones del Club Sportivo Villa Cubas, contaba con una dotación de empleados que se ha reducido en más del 70% y las ganancias quedaban en la provincia, bajo la administración de la Caja de Prestaciones Sociales (CAPRESCa). Aparte, se respetaban los reglamentos que entones exigía Lotería Nacional, en el sentido que se practicaran todos los juegos de carta y las apuestas tenían un nivel parecido a las demás provincias argentinas, lo que resultaba atractivo para los turistas y apostadores de la región (Tucumán, La Rioja, etc) que venían a “probar suerte” (y a dejar dinero fresco) en la provincia. En la actualidad, la afluencia de foráneos es cero. Es que hasta el más despistado sabe que, bajo la fachada de Casino, únicamente funcionan maquinitas tragamonedas que están programadas para ganar siempre, con lo que se llega a la conclusión que han montado un negocio sin riesgo. Y encima, con ganancias insignificantes para Catamarca.
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Como bien lo apuntara El Esquiú.com -único medio que aborda este tema-, la entrega mayor por parte de la provincia se produjo al modificarse el contrato original. Ello ocurrió en 2003 cuando, en connivencia con los actuales dueños, el exgobernador y actual senador nacional, Oscar Castillo, permitió se cambiara el monto del canon que debían pagar mensualmente y se extendiera, hasta 2023, el plazo de explotación. Al respecto, en consulta con el licenciado Guillermo Nazareno (exministro de Producción de Arnoldo y principal operador de la privatización), aseguró que el primer contrato fue objeto de someros estudios, se lo discutió a fondo y, según él, era favorable a los intereses catamarqueños. “De la modificación del contrato no puede decir nada porque no lo conozco....”, añadió. Nosotros decimos lo siguiente: “a buen entendedor, pocas palabras”.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como ocurre habitualmente, terminamos los Apuntes del Secretario con la rememoración de hechos del pasado.
El 11 de febrero de 1989 se produjeron tres asunciones en el ámbito de del ministerio de Bienestar Social de la provincia. Fueron puestos en funciones el director de Acción Social, Sr. Justo Daniel Barros; el director de Deportes y Recreación, Sr. Rolando Ferrero; y la directora de Acción Comunitaria, doctora María Mercedes Tello. También asumió el subdirector de Deportes, señor Ricardo Rafael Ahumada. Fue el encargado de dirigir breves conceptos, en representación de los nuevos funcionarios, Daniel Barros, el mismo que hoy es ministro de Desarrollo Social. Durante la administración peronista de los ochenta, cabe destacarlo, Barros ocupó diversos cargos, aparte de haber sido legislador provincial, situación que lo coloca como un veterano de la política. También fue presidente del Partido Justicialista en los últimos años que le tocó ser oposición al Frente Cívico y Social.

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