“Democracia”, a la catamarqueña

sábado, 15 de febrero de 2014 00:00
sábado, 15 de febrero de 2014 00:00

La semana local estuvo marcada, con la fuerza de un poderoso cincel, por hechos que confirman las transformaciones que sufre la actividad política. Los bandos en pugna, preferentemente radicales y peronistas, no pudieron sustraerse de la tentación de judicializar sus conductas.
El día lunes fueron los legisladores oficialistas, mayoría de peronistas alineados en el Frente para la Victoria, quienes llegaron a las barbas de la Justicia a solicitarle que investigue la tragedia de El Rodeo. No solamente pidieron. Le llevaron, a la fiscal Vega, una carpeta con los antecedentes que, de hecho, comprometen a figuras prominentes del radicalismo como Brizuela del Moral; el actual intendente Casas Doering; el exministro Juan Acuña; el extitular de Vialidad Provincial, ingeniero Rosales y otras personas asociadas al régimen radical que cayó el 13 de marzo de 2011.
Y cuando se desvanecía la semana, los radicales devolvieron gentilezas: metieron una denuncia penal contra el hombre que dejó la OSEP, Julio Prieto, y su reemplazante, el médico tinogasteño Julio Cabur. Requieren que, los dos, respondan por graves irregularidades y, especialmente, por la existencia de órdenes truchas que supiera adelantar en forma exclusiva El Esquiú. com.
Entre los contendientes, con toda su carga de descrédito, está la Justicia de Catamarca, que se bambolea en una pelea con final abierto.

Recuerdos de provincia

Los lectores podrán decir, con razón seguramente, que la participación de la Justicia en la lid política es problema nacional. Que tanto el kirchnerismo como el antikirchnerismo la someten casi diariamente a presiones y pujas donde se juegan intereses poderosos y sectoriales. La Ley de Medios, que estuvo cuatro años sin poder aplicarse, es el mejor ejemplo de lo que afirmamos.
Catamarca, sin embargo, es otra cosa. En este valle de viejas pasiones y enfrentamientos de clases sociales, al menos desde 1991, la actividad política está judicializada y la Justicia está politizada. ¿Quién, con sano criterio, se anima a discutir este aserto?
La exacerbación de la confrontación política entre los catamarqueños tiene su punto de partida con la Intervención Federal que, en 1991, impuso el expresidente Menem con la complicidad de los medios más poderosos de aquel entonces, que son los mismos que dominan hoy el espectro informativo.
Allí comenzaron a agrietarse las bases institucionales de la provincia. Se nombraron jueces, camaristas y cortesanos sin respetar las mínimas normas del ingreso a la magistratura. El único requisito que se exigía era estar en “contra de” y, de hecho, comprometerse con el poder político que iba a suceder al peronismo.
La situación fáctica de aquellos años solamente puede compararse con los amores y odios que existían cuando, en 1955, se produjo el golpe militar que eyectó del poder a Juan Perón.
Los resultados de aquella operación mediática fueron inevitables. De un bocado, la “langosta federal” se comió los sueños de 7.000 peronistas que quedaron en la calle y después le tocó el turno de actuación a la Justicia que, por ejemplo, avaló que siete de nueve senadores que habían ganado en sus departamentos no pudieran jurar por decisión del gobierno nuevo que, más allá del triunfo general, iba a quedar en minoría en la Cámara de Senadores. Apenas permitió que primero jurara Camilo Marenco (El Alto) y, tres años después, el extinto Marcos Saadi. Ambos pudieron asentar la mano sobre la Biblia cuando comprometieron el apoyo al Frente Cívico.
Después siguieron innumerables ataques a la institucionalidad, incluidas las persecuciones de dirigentes. Como en el caso de los senadores, o colaboraban o terminaban presos.
Los autores de aquellas deleznables maniobras lograron objetivos, es cierto, pero carcomieron los cimientos de la credibilidad de la Justicia. Eso dura hasta nuestros días.

“20 años no es nada”

Humillado, resignado y vencido, el peronismo desandó como un paria los caminos de la política por largos 20 años. Y, cuando menos lo esperaba, logró el triunfo que lo devolvió a Casa de Gobierno. Fue aquel 13 de marzo de 2011 en el que se produjo el hecho excepcional de que, por primera vez en la historia vernácula, la oposición desalojara del poder al oficialismo.
Las expresiones de alegría de aquel caluroso otoño, con el correr de los días, iban a trastrocar en preocupación.
¿Cómo gobernar una provincia donde casi todas las familias radicales estaban prendidas del presupuesto? ¿Cómo hacerlo si, desde la cámara de Senadores, la mayoría radical aseguraba únicamente palos en la rueda? Y lo peor de todo: ¿qué hacer con una justicia que era enteramente radical y respondía, tal cual un comité, a los designios de la política?
Esos “cómo gobernar” o “qué hacer” se mantienen hasta hoy. Es más. La gobernadora Corpacci, antes de asumir, desde un hotel céntrico, aseveró que una Justicia lenta y que no atienda los clamares populares no es Justicia. No se equivocó.
El más claro ejemplo de lo que estamos diciendo surge nítido de una nota que, bajo el título “Denunciar no es suficiente”, publicó esta misma semana El Ancasti. Dice el escriba: “Dada la ineficacia e indiferencia demostrada hasta ahora por la Justicia en lo que se refiere a la corrupción, no sería sensato confiar en un cambio abrupto de actitud. Mejor, que la Fiscalía de Estado se prepare para meterle chicote a los procedimientos. De este modo, reducirá al mínimo la posibilidad de que las investigaciones naufraguen entre las chicanas leguleyas y la desidia que son tan clásicas entre los encargados de impartir justicia en Catamarca”.
Que conste que esta expresión no es de El Esquiú.com. Le pertenece a El Ancasti, el diario que con gran inteligencia vino tapando, hasta ahora, todos y cada uno de los chanchullos de la Justicia, incluida la situación de flagrante irregularidad de los jueces de la Corte y del Procurador que, de acuerdo a la letra fría de la Constitución, ya deberían estar gozando de los beneficios de la jubilación y no disponiendo de los bienes y honras de los catamarqueños.
Si uno de los medios de mayor influencia en la provincia dice que “denunciar no es suficiente” y añade que hay que utilizar un chicote para hacer caminar al Poder Judicial, lo decimos todos. El Ancasti, quizá sin querer, nos termina dando razón sobre nuestra larga prédica respecto a la Justicia.

El mal acostumbramiento

Si esta semana hubo cruce de denuncias y nos atenemos a la profecía de El Ancasti, nada podemos esperar de una posible investigación de la tragedia de El Rodeo o los “choreos” a mansalva que ocurrían y ocurren en la OSEP.
Es que decenas y decenas de causas relacionadas con la política, durante 20 años, sigilosamente fueron enterradas en el olvido mediante chicanas y la colaboración de la Fiscalía del Estado que, hasta hace dos años, tenía el mismo color que el conjunto del Poder Judicial. Así no avanzaron ni el affaire de Educación (a 13 años del hecho hubo una fachada de juicio); ni los robos en Acción Social; ni el escándalo de las fundaciones; ni el traspaso de la energía, la terminal de ómnibus y el Casino; ni la desaparición del Banco de Catamarca o la cesión de la caja de jubilaciones. Tampoco hubo castigos por los muertos de la Alcaidía en 1993 o el asesinato de los cuatro menores que, contrariando reglas elementales, estaban detenidos en septiembre de 2001 en una cobacha que, en el colmo de la desvergüenza, le llamaban celda.
Lo peor no es que las causas vayan a vía muerta. Lo peor es que los catamarqueños nos hemos acostumbrado a tolerar la falta de la justicia, lo que torna impracticable una democracia verdadera. ¿Cómo puede funcionar el sistema si la actuación de los funcionarios, los de ayer y los de hoy, no son objetos de los condignos correctivos que establece la Constitución?
Con este panorama, no cabe menos que preguntarse ¿para qué sirve esta Justicia que es impiadosa con los humildes y asequible para los poderosos?
Para este interrogante hay una respuesta: sirve para judicializar la política.
Desde un lado ponen el grito en el cielo porque se pide que declare Brizuela del Moral por una tragedia de 14 muertos y, por el otro, se denuncia penalmente a un funcionario (Julio Cabur) que no lleva más de quince días efectivos en la conducción de la OSEP. Todo frente a una Justicia tachada de adicta.
Las controversias no son casuales, sino causales. El sistema democrático catamarqueño viene fallando sistemáticamente. Y los políticos hacen todos los deberes para consolidar esta especie de anomia que tiene en el centro del escándalo nada menos que a la Justicia.
 

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