Apuntes del Secretario

domingo, 6 de abril de 2014 00:00
domingo, 6 de abril de 2014 00:00

El accidente fatal registrado hace una semana, en el que se vio involucrado un vehículo oficial perteneciente a la secretaría de la Vivienda dejó muchas preguntas aún sin respuesta. Sólo hubo, por parte de la oposición, un intento de aprovechamiento político de un hecho luctuoso que debe ser condenado, pero que en las expresiones de los diputados del Frente Cívico Social únicamente quedó evidenciado un pronunciamiento hipócrita sobre la utilización de los recursos del Estado, cuando las consecuencias trágicas ya eran irreversibles. Claramente quedó en evidencia la muy mala gestión de contralor de las acciones de funcionarios del gobierno que se apartan de sus responsabilidades realizando un uso irregular de los bienes del Estado, aunque también es cierto que son muchos los que hicieron la vista gorda durante los años en que estuvieron en el poder y sus funcionarios utilizaron los bienes del Estado como si fuesen un privilegio. Sin ánimos de ser eufemísticos, el accidente que le costó la vida a un joven de 16 años es la consecuencia de un gravísimo hecho de corrupción que debe ser castigado con todo el rigor de la ley. Y que no puede dejar de tener consecuencias políticas dentro del oficialismo.
Resulta prácticamente un insulto a la confianza de un gobierno con dos años de gestión que el hijo de un senador que apenas tiene unos cuantos meses en la banca –ni siquiera debutó en una sesión ordinaria- esté haciendo un uso ostentoso de los recursos provinciales como si fuesen un privilegio del que pueden servirse. Evidentemente, aún persiste como un virus la idea que lo que es del Estado no es de nadie, y que no habrá consecuencias. No hubo, por parte del senador, ningún tipo de pronunciamiento público pidiendo disculpas, asumiendo como padre parte de la responsabilidad del accidente fatal. Tampoco desde la secretaría de la Vivienda que conduce Octavio Gutiérrez, se ofrecieron explicaciones contundentes, e incluso la primera reacción fue la de justificar la presencia de una camioneta oficial, lo cual resultó mucho más dudoso y dejó la amarga sensación de que sólo se trató de atenuar las culpas. A nadie le convence que a las 2 de la mañana un rodado haya estado realizando relevamiento alguno, mucho menos un domingo, y con un grupo de chicos de la misma edad que la del conductor de la camioneta, que no tienen relación alguna con la gestión pública, y entre ellos un adolescente, que además resultó la víctima fatal. No. La primera conclusión que surge es que andaban de “joda”. Y todas las versiones oficiales y todas las declaraciones que se pudieran hacer –y que ni siquiera se hicieron- serán ya estériles para modificar esa sentencia.
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La conducta irresponsable del hijo del senador le costará seguramente al Estado un juicio millonario. Pero además será muy difícil quitarse el estigma que ha convertido a la política en sinónimo de corrupción. Y lamentablemente no es el primer antecedente en el oficialismo. Basta recordar lo ocurrido con la camioneta de la cámara de Diputados, cuando presidía el cuerpo el ahora legislador nacional “Chicho” Tomassi, quien debió renunciar en medio de un escándalo tras 8 meses de gestión. Fue un pariente suyo, Edgardo Maza Tomassi, quien sufrió un accidente en circunstancias que nunca quedaron claras, y volcó el vehículo, una Peugeot 807. El escándalo saltó cuando se supo que la reparación había costado 16.000 pesos, y el diputado dijo que había sido enviada a la provincia de Córdoba por un service. A “Chicho” aquel papelón le costó la presidencia del cuerpo. ¿Qué consecuencias podría tener ahora la responsabilidad de la vida de un adolescente, más allá de las penales y los costos civiles?
Son el tipo de actitudes que se alejan del constante pedido de la gobernadora Lucía Corpacci, que exige a sus funcionarios reales actitudes de austeridad. Es evidente que algunos no entendieron el mensaje. Y ahora las consecuencias son gravísimas e irreparables.
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Recién llegada a la política partidaria y con un cargo especialmente relevante -es la presidenta del Concejo Deliberante más importante de Catamarca-, Jimena Herrera vino sorteando, con distinta suerte, los vaivenes de su función desde que asumió en diciembre pasado. En apenas cuatro meses, la dirigente social del sur capitalino tuvo que hacer un curso acelerado de gestión y vérselas con situaciones de alta exposición pública, como fue la de las elevadas dietas y demás gangas que perciben los representantes de la ciudad. Otro tema conflictivo fue el de los nueve exfuncionarios pasados irregularmente a planta permanente por el actual diputado Simón Hernández (h), que constituyó una espuria maniobra en la que también participó el exsecretario administrativo y actual edil radical Gilberto Filippin. Herrera quedó con la responsabilidad de decidir sobre si los mantiene o les da de baja, y por ello ha sufrido presiones desde distintos niveles institucionales y políticos. Hasta ahora no resolvió, a pesar de las promesas en ese sentido.
Cuestión aparte fue su manejo con los medios. La inicial apertura que exhibió en los tórridos días de diciembre, fue trocándose por un aislamiento al que se obligó luego de incursiones radiales y por la prensa escrita que no supo “pilotear” con la misma habilidad que exhibió en otros asuntos de su cargo. A los infortunios mediáticos de Herrera por su propio accionar se sumó -hay que decirlo- cierto “trabajo en contra” de un pícaro comunicador-operador devenido en “prensero” del Concejo. Para evitar más dolores de cabeza, Herrera no tuvo mejor idea que empezar a hacerse negar ante las requisitorias y algunos de sus colaboradores mostraron un verdadero destrato hacia los periodistas. De hecho, cuando circula por los pasillos del Concejo, Herrera lo hace acompañada por un “séquito” que se encarga de evitar que los periodistas se le acerquen, casi un calco de una práctica que el exgobernador Brizuela del Moral hizo marca registrada de su gobierno. La titular del Concejo debería revisar esta “estrategia” y, si no quiere hablar directamente con la prensa, nombrar un vocero. Los medios van a seguir queriendo tener su versión y lo peor que puede hacer, por el nivel de su puesto, es clausurar el diálogo con quienes tienen la misión de informar.
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Continuando con los Foros “Catamarca del Futuro” promovidos por la Vicegobernación, se abrió el espacio de debate reservado para la temática de Infraestructura y Servicios Públicos. En ese marco, Dalmacio Mera criticó el uso de los recursos del Estado durante las gestiones del FCS para obras como el estadio de fútbol, en lugar de invertir en el mejoramiento de la prestación de luz y agua. “Somos una provincia en la que los servicios públicos no están en las condiciones que deberían, y es inadmisible que hayamos gastado millonarios recursos en obras que no fueron prioritarias”, dijo. Casi en paralelo, expertos de la Policía relevaban el Bicentenario, contabilizando numerosas fallas. Además de caro y superfluo, el “coliseo de la loma” es un perfecto ejemplo de la obra pública pobremente ejecutada de la era radical.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos habitualmente en día domingo, los “Apuntes” se cierran con el repaso de hechos del pasado.
El 6 de abril de 1989, el gobernador de La Rioja y candidato a la presidencia de la Nación, Carlos Menem, fue recibido en Santa María por el entonces gobernador Ramón Saadi, acompañado en la oportunidad por dirigentes justicialistas de Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán. El riojano, junto con el exgobernador de Catamarca, efectuaron una cabalgata junto a más de un centenar de jinetes y se dirigieron a participar de una misa en memoria de Vicente Saadi, en el centro “Libertador San Martín”, de la capital de los valles calchaquíes. En el trayecto, de aproximadamente cuatro kilómetros, fueron demorados en innumerables ocasiones por pobladores que manifestaban adhesiones al candidato presidencial. Se trató de un hecho histórico ya que por primera vez un candidato a la presidencia visitaba la ciudad de Santa María. Entre los asistentes más notables estuvieron el ingeniero César Iturre, gobernador de Santiago del Estero; el ingeniero José Domato, gobernador de Tucumán y el diputado nacional José Manuel de la Sota, hoy gobernador de Córdoba.
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El dirigente peronista, Ítalo Luder, afirmaba hace 25 años que la Argentina “está en un estado de amnistía encubierta” desde que el gobierno sancionara las leyes de obediencia debida y punto final. Se refería a la iniciativa de Raúl Alfonsín de llevar ante la Justicia, para lograr sus condenas, a los integrantes de las juntas militares que habían participado de la dictadura. Estas leyes, que sirvieron para pacificar los ánimos en épocas de alta tensión con los militares, fueron derogadas por el kirchnerismo, quien 15 años más tarde abrió las puertas a los juicios de lesa humanidad para todos los que hubieran participado de la represión ilegal. Luder, hay que aclararlo, fue quien perdió la elección presidencial de 1983 ante Alfonsín.

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