La comunidad andalgalense, en su inmensa mayoría, recibió con beneplácito la noticia de que la empresa Yamana Gold Inc. operará directamente el emprendimiento minero Agua Rica, también llamado “Mi vida”. Sin alusiones a la negativa de Alumbrera de mantener la opción de compra, en la “Perla del Oeste” se entiende que la decisión de la minera canadiense asegura el proceso de explotación iniciado en 1987 y que, por lo que se dijo, tendrá continuidad en noviembre próximo con la puesta en marcha de Bajo El Durazno. Además, apenas conocidas estas novedades, la propietaria de Agua Rica -sumaría nuevos inversores en los próximos tiempos- confirmó que mantendrá la planta de más de 100 empleados que tiene en Andalgalá, lo mismo que su sede y el actual gerente. Además, se anunció un incremento de sueldos del orden del 30% y el regreso de algunos aportes comunitarios a favor de instituciones de la sociedad.

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En términos de solvencia empresarial, cabe destacarlo, Yamana cuenta con antecedentes que auguran una relación sobria e inteligente con el gobierno de la provincia. A sus trabajos mineros -primordialmente con el oro- en países como Brasil, Chile, Colombia y México, hay que sumarle los que lleva a cabo en la Argentina, donde explota yacimientos de importancia en Santa Cruz, Chubut o San Juan. De esta forma, es probable que haya más noticias buenas de Agua Rica en el futuro cercano, toda vez que se trata de un gran reservorio de oro y, especialmente, cobre. Asimismo, los comentarios aluden a que el intendente Páez -aunque lo tilden de “antiminero trucho”- también debe estar contento por los beneficios económicos que recibirá el gobierno municipal. Y es claro: el Lord Mayor sabe que hay dinero en juego, por eso mismo está reclamando en la Justicia que Bajo El Durazno está en Andalgalá y no en Belén.

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La ruptura del bloque del Frente para la Victoria-PJ en la cámara de Senadores, al menos por ahora, ha sido desmentida. Lo que sí se confirmó es que el gobierno provincial no quiere contar más con el senador y exintendente andalgalense José Eduardo Perea, a quien ubican hoy más cerca del Frente Cívico que del peronismo. También recuerdan, con no poca amargura, que Perea fue el dirigente que más favores recibió del kirchnerismo, pero a la hora de la verdad no tuvo un comportamiento honroso precisamente. Por lo tanto, por más que chille, el senador debería asumir que ya no es garantía de credibilidad y, si quiere reelección, debería pedírsela al intendente Páez, a los radicales o al barrionuevismo. Un caso bastante parecido al de Guaraz, otro al que no quieren ni ver en las cercanías gubernamentales.

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La última de Andalgalá. La superioridad católica de Catamarca, que representa el obispo Urbanč, ha resuelto el destino de varios párrocos de la diócesis. El más importante de ellos tiene que ver con Moisés Pachado, un sacerdote que no hace mucho tiempo supo expresar sus preocupaciones por una minería sana y favorable a la provincia. Quizá por ello será el jefe espiritual en la tierra andalgalense, probablemente la más ligada a los intereses mineros por sus extraordinarias reservas. También hay que recordar que Pachado fue, al promediar la década pasada, una especie de vocero del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo en los círculos de la Iglesia.

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Bajo las mejores galas se termina hoy la 44ª Fiesta Nacional del Poncho, la realización que desde hace décadas convoca multitudes y que, definitivamente, ya figura entre las tres o cuatro de mayor resonancia a nivel país. En este orden, ha sumado ahora puntos por el aporte extraordinario que representa la televisación para todo el país. El pasado viernes y anoche, con la presentación estelar de Jorge Rojas, las pantallas de la Televisión Pública mostraron en todo su esplendor la mayor expresión artística-cultural de Catamarca. Felicitaciones a quienes tramitaron la trasmisión ante las autoridades nacionales, entre las que se incluye naturalmente la Gobernadora que, también en este rubro, estrecha su relación con la Casa Rosada.

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El informe presentado por la consultora Noanomics que coloca a Catamarca a la cabeza del ránking de las provincias con mayor excedente de empleo público no es una novedad. Es simplemente la síntesis de la patética política clientelar que se impuso en los últimos 20 años en la provincia durante el gobierno del radicalismo, que habiendo recibido, tras la intervención federal, una provincia saneada y con los papeles en blanco, rápidamente dilapidaron esa ventaja e hicieron de la Administración Pública una estructura elefantiásica. Basta recordar la maniobra que utilizó el extinto gobernador Arnoldo Castillo cuando traspasó el IPPS y, en acuerdo con Domingo Cavallo, de un saque convirtió a diez mil agentes públicos en “jubilados de pantalones cortos”, porque no tenían la edad mínima requerida. En poco tiempo, en lugar de aliviar el costo del Estado, esos puestos y muchos otros más que se crearon fueron ocupados con la tropa radical.

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Pero quien más responsabilidades cosechó fue, sin lugar a dudas, Eduardo Brizuela del Moral, que ocupó el sillón de Avellaneda y Tula durante dos períodos, los cuales fueron los de mayor bonanza económica para la provincia y que desperdició de una forma inexplicable. Fue durante esa etapa cuando la minería comenzó a multiplicar los beneficios económicos hacia la provincia de la mano del crecimiento de su producción. Brizuela del Moral fue también agraciado respecto de los ingresos de fondos nacionales que se triplicaron apenas llegó al gobierno. Y también fue la etapa de mayor crecimiento sostenido del país -alrededor del 8 por ciento anual- superando niveles históricos. Sin embargo, no hizo lo necesario para sumar a la provincia a ese tren, y terminó dilapidando una oportunidad que difícilmente vuelva a repetirse. Quizá los historiadores, dentro de medio siglo, logren calificar atinadamente tamaño desperdicio de oportunidades. Fue durante su gestión cuando el empleo público tuvo un vertiginoso crecimiento, mientras que la creación de trabajo genuino fue dejada de lado como prioridad de su gobierno. Son más de 17 mil empleos públicos que actualmente la Administración Pública tiene de más, según la consultora antes mencionada. Según el más conservador de los cálculos, ése fue el número de empleados públicos que creó Brizuela del Moral, incluidos los cerca de cinco mil que sumó a días de dejar el poder. Por su parte, la gobernadora Lucía Corpacci evitó dejar en la calle trabajadores. Sin embargo, es todavía materia pendiente de los funcionarios de este gobierno el reducir las plantas políticas, tal como lo supiera exigir la primera mandataria.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como cada domingo, martes y jueves, los “Apuntes del Secretario” proponen rememorar el pasado.
Los alzamientos militares -Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli- ocurridos durante el gobierno de Alfonsín fueron materia de análisis al iniciar su primer período presidencial de 6 años Carlos Saúl Menem. Dijo el riojano un 20 de julio de 1989, es decir hace exactamente 25 años, “el problema militar estará solucionado antes de año” con medidas que “podrían ser amnistía, conmutación de penas o indultos”. Finalmente, iba a ser un indulto que dejara sin castigo, como cruel precedente, a miles de represores de la dictadura. Esa situación, casi quince años después iba a ser modificada por el desaparecido presidente Néstor Kirchner al proponer que todos los delitos de lesa humanidad tuvieran imprescriptibilidad en el tiempo. De esa manera, hasta la actualidad se sustancian juicios en todo el país por las atrocidades de la dictadura.

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También en la misma época, y ya fuera del poder, Raúl Alfonsín se reunió con Menem y, palabras más o palabras menos, le señaló: “Una amnistía aparece como el triunfo de quienes se alzaron contra los mandos naturales”. La historia le iba a dar la razón y, antes de morir, pudo ver cómo los mecanismos de la democracia permitían hacer justicia con verdaderos genocidas.