La propia Lucía Corpacci salió a contestar el desatino del diputado Raúl Giné, quien, en tren de justificar el proyecto opositor para modificar el nomenclador docente, señaló que luego de que ellos lo conviertan en ley -ya tiene media sanción del Senado-, será “un problema del gobierno” cómo pagará los nuevos sueldos. Se trata de una verdadera irresponsabilidad de quien, además de legislador, fue ministro de Educación y ocupa un alto cargo partidario en la UCR como presidente del Comité Capital, desde donde aspira a convertirse en candidato a intendente. Según el cálculo realizado por las autoridades de Hacienda, el incremento en los porcentajes previstos en la iniciativa radical-barrionuevista implicaría al erario un gasto superior a los 3.200 millones de pesos al año, cuando la Provincia recibe una coparticipación de 500 millones por mes. La primera mandataria le recordó a Giné y a los otros diputados opositores que “ellos también” forman parte del Estado y que, por cumplir una función institucional de relevancia, deberían ser “más responsables”. Incluso dejó entrever que si se aprobara el proyecto, la Provincia pasaría a ser una mera pagadora de sueldos, sin margen para obras o mejoras, de manera similar a lo que sucede en varios municipios del interior.
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Lo curioso es que si la Gobernadora decidiera no vetar la propuesta -como la oposición espera que haga para endosarle el costo político de rechazar el “salariazo” docente-, podría volverse en contra de sus propios promotores si es que, como sostienen los caciques boinablanca, tienen buenas chances de volver al poder. ¿Dirán entonces que “es un problema del gobierno” cómo pagan a los maestros? ¿De dónde sacarán el dinero? ¿Acaso de la minería, como en la época que sus fondos servían para aumentar de a miles los empleados de la Administración? Ni siquiera los gremios del sector creen que la iniciativa sea medianamente razonable. Uno de los que expresó sus reservas públicamente fue el titular de Ateca, Mario Sánchez, quien consideró que “a nivel general, sin haber tenido la fuente, son bastante elevados los nuevos puntos”. El tema seguirá dando para el debate hasta que baje al recinto de la cámara de Diputados, lo que recién se produciría la semana próxima.
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A los serios problemas que enfrenta el sistema judicial en la provincia, se ha sumado como reguero de pólvora la sospecha de que varios de los fiscales en ejercicio cobran para definir fallos o resoluciones, lo que casi definitivamente torna poco creíble a un poder del Estado que está definido como el último refugio que, para establecer sus reclamos, tienen los ciudadanos. No hace mucho, el diputado Jorge Moreno, aparte de considerar a los integrantes de la Corte de Justicia como militantes de la política, señaló que muchos fallos se definen en algunos estudios jurídicos que tienen estrechos vínculos con los popes judiciales. Nadie dijo ni mu de una declaración cuya gravedad, por lo menos, merecía una mínima defensa de los valores que persigue este Poder Judicial.
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Mientras en Catamarca, como una forma de limitar los privilegios de la política, se habla de reformar la Constitución provincial, en el país entero se analizan temas parecidos. Por ejemplo, el anteproyecto para la futura jubilación de los legisladores a nivel nacional contempla considerarlos como un trabajador más; esto es, que aporten al régimen vigente de la seguridad social y que no voten en el recinto sus propios aumentos, aparte de pagar obligatoriamente el impuesto a las ganancias, algo que también debería afectar a jueces, magistrados y funcionarios judiciales. Quienes motorizan la iniciativa, con mucha razón, entienden que “servir en el Congreso es un honor, no una carrera y que los legisladores no deben cumplir más de dos mandatos antes de irse a su casa y buscar un nuevo empleo”.
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La situación económica-financiera de la cámara de Diputados se mantiene en extremo delicada y aún en plena crisis, nadie quiere limitar sus privilegios. Los legisladores siguen exigiendo viáticos, gastos de bloque y de subsidios, montos con los cuales redondean más de $40.000 mensuales, en tanto no se pagan servicios generales o las ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), una exigencia legal obligatoria. Pero el tema es más grave aún: muchos de los empleados que ingresaron hace muy poco tiempo, sin mostrar méritos o tarea específica alguna, exigen pasar a planta permanente, una situación de revista que ya sabemos que significa dejar de lado las obligaciones, por nimias que sean, y capitalizar todos los derechos laborales. Total, la seguridad laboral está garantizada y, tratándose de la Legislatura, hasta se puede funcionar de ñoqui sin que nadie lleve a cabo controles. Estas son las cosas que tienen que frenarse a través de una profunda reforma del Estado: al ritmo de los empleados que los legisladores dejan en planta permanente, dentro de unos años no habrá presupuesto que aguante. Es que, por más que sean unos vagos, no se los puede despedir, porque la legislación laboral los protege.
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En varias oportunidades, denunciamos desde esta columna excesos desmesurados, como ser el cobro de comisiones de servicio -así le llaman a los viáticos- por parte de un diputado que nos amenazó con acciones legales; también hay otros casos paradigmáticos que habremos de confirmar y que involucran a algunos legisladores que se consideran impolutos y que cobraron no para ir a trabajar a favor de la cámara de Diputados, sino para asistir a actos políticos “bien regados” adentro y fuera de la provincia. Ni qué hablar de los que alentaron nombramientos de familiares, amigos y hasta del personal de servicio particular. Y lo que estamos afirmando no remite a una gestión en especial. Todas hicieron lo mismo; esto es, repartir el botín con la recomendación de que nadie se vaya a calzar “zapatitos blancos” para transitar las veredas de la decencia. Sin embargo, a la larga o a la corta, todo se sabe.
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Con mucha cordialidad y algunos entendimientos a futuro, se concretó ayer la reunión pedida por intendentes oficialistas con Lucía. Aunque se manejó con hermetismo, trascendió que la Gobernadora volvió a realizar un fuerte llamado a la unidad del peronismo, pero también habría aceptado que exsocios políticos de 2011 estarán en la vereda de enfrente el año que viene. Se refería, por supuesto, al intendente capitalino Raúl Jalil, quien en su condición de hombre del massismo, aspira a la gobernación. Corpacci prácticamente descartó un acuerdo con el jefe comunal, pero dejó abierta la posibilidad de un entendimiento con Dalmacio Mera. Según expresó, a pesar de algunos encontronazos, el hecho de que el Vice no haya elegido aún un referente nacional, lo hace mejor candidato para un acuerdo. Por lo demás, la mandataria pidió un fuerte trabajo territorial, tanto en lo político como en lo institucional.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como todos los jueves, domingos y martes, finalizamos los “Apuntes” con hechos, preferentemente políticos, del pasado.
En septiembre de 1989, la Liga Árabe pedía el alto el fuego total en El Líbano y que se suspendiera el desvío de armas a las facciones libanesas cristianas y musulmanas. Beirut, la hermosa capital del país asiático, era destruida y sus calles estaban regadas de muerte y desolación. Aquel problema de hace 25 años permanece inalterable y la intromisión extranjera en el Medio Oriente, fundamentalmente de los Estados Unidos, se mantiene firme, a punto tal que ayer mismo se iniciaron nuevos ataques contra la organización ISIS, que responde al estado islámico.
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Mientras el mundo se conmovía con la guerra interminable del Medio Oriente, en Catamarca se analizaba hace un cuarto de siglo la transferencia de las escuelas nacionales a la provincia. El titular de Enseñanza Media y Superior, Mario César Suárez, entendía que la referida transferencia debía ser gradual.