Apuntes del Secretario

jueves, 12 de noviembre de 2015 00:00
jueves, 12 de noviembre de 2015 00:00

Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien esta semana se refirió al flagrante ataque a la libertad de prensa que viene soportando el diario El Esquiú.com por parte de la Justicia de Catamarca, no es un abogado más en la Argentina. Aparte de tratarse de un constitucionalista de mérito, docente universitario y periodista de nota, es quizá la persona con mayor predicamento del país para el tratamiento de temas referidos al periodismo. Ha escrito numerosos libros del tema -el último de ellos acaba de ser presentado en la Capital Federal- y actualmente ejerce como asesor del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la entidad que acoge a los principales comunicadores, incluidos los columnistas más destacados de medios como Clarín, La voz del Interior, La Nación, La Gaceta, Perfil, Infobae, etc. También se recuerda a Rodríguez Villafañe como una de las voces más señeras de la audiencia pública que, hace unos años, se llevó a cabo con motivo de la aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida tradicionalmente como “ley de medios”. Y antes de todo esto fue juez federal de Córdoba, cargo al que renunció por el indulto que en la década del ‘90 había recibido el represor y excomandante del Tercer Cuerpo de Ejército, el general Menéndez.


Miguel Julio Rodríguez Villafañe.

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Sus referencias a la intervención que, en el mes de febrero, sufrió El Esquiú.com y la demora que tiene una causa penal contra la persona que pidió tan extrema medida -la señora María Juliana Ibarra, cuyo apoderado es su propio padre, el recontraconocido personaje y lobbysta Julio Ibarra- no surgieron de la casualidad. Es que Rodríguez Villafañe, como presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (Aidic), se ocupa de la mayoría de los temas que, en torno a los medios de comunicación, se debaten en la Argentina. En el caso de Catamarca, entiende que la intervención a El Esquiú.com constituyó una restricción a la libertad de prensa y que la demora en resolverse la causa penal por la que está acusada quien solicitó la intervención sintetiza una sospechosa actuación de la Justicia en una provincia cuya constitución tutela, como pocas, el ejercicio de la prensa. Una vez más, por este motivo, El Esquiú.com reitera su crítica posición hacia jueces y fiscales y no solamente, desde la soledad, lo hacen los directivos del diario. Lo acaba de decir quizá la voz más autorizada del país, alguien que para completar algunos “detalles” de su curriculum recibió en tres oportunidades -1997, 2001 y 2006- el premio “Abogacía Argentina” por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).
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También durante una entrevista radial con el periodista Jorge Álvarez, el reconocido constitucionalista cordobés reiteró que la intervención a un diario es medicina de extrema gravedad que, sin dudas, impacta al corazón de la libertad de prensa, por lo que en Catamarca sería muy bueno que, siguiendo la letra fría de la Constitución, no se repitan estas medidas, ni con El Esquiú.com, ni cualquier otro medio de comunicación, circunstancia para la que llegó a nombrar al diario La Unión, sumido hoy en un problema económico-financiero delicado.
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En su edición del lunes pasado, el diario La Nación publicó un informe en el que aseguraba que “el gobierno ejecutó fondos millonarios por obras que no se hicieron”. La referencia aludía, en forma directa, a obras viales que están a cargo de la dirección nacional de Vialidad en todo el país, incluida Catamarca. En forma inmediata, a través del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se emitió un comunicado por el que se desmintió taxativamente la imputación por un supuesto desvío de fondos, al asegurar que “no sólo es completamente falso, sino técnicamente imposible de acuerdo a las normas y procedimientos administrativos”. Tras asegurar que la publicación “carece de toda seriedad y del más mínimo rigor técnico”, a la vez de ser un “artículo tendencioso que tiene como único fin sostener un titular mentiroso”, la cartera de Planificación Federal sentenció que “no puede erogarse un solo peso en una obra sin la correspondiente certificación, procedimiento administrativo que consta de más de 20 pasos”. En ese sentido, agregó que “basta recorrer el territorio para ver que cada peso ejecutado tiene su correlato en obras concretas y palpables”. En la contundente desmentida, el ministerio de Planificación explicó que el presupuesto previsto para obras que por diversos motivos no se inician, como la factibilidad técnica, “es reasignado a las que están en ejecución, sin que eso constituya ningún delito ni un ‘desvío de fondos’, ya que si así fuera, deberían decir adónde se desvían los recursos, quiénes los llevaron adelante y a quiénes beneficia”. Asimismo, se recordó en el comunicado oficial que “la ejecución de los programas de obra pública se desarrolla cumpliendo con todos los mecanismos de control previstos en las normas, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Auditoría que controla la oposición y los controles internos”.


Julio Ibarra. 

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En relación a la nómina de obras a las que se les endilga la supuesta irregularidad, puntualmente en la provincia, desde el 11º Distrito Catamarca de la DNV, aclararon que la mayoría de las que se mencionan ya fueron ejecutadas, entre ellas la Malla 441, avenida de Circunvalación “Presidente Néstor Kirchner” (ruta nacional Nº 38), la ruta nacional Nº 40 entre el Río Agua Clara y Santa María o la ruta nacional Nº 60, entre Fiambalá y Las Grutas, por citar sólo algunos ejemplos. Existen otras obras, clarificaron desde el distrito local, que se encuentran en etapa de aprobación del proyecto, otras que están para ser licitadas e incluso algunas que ya fueron licitadas y adjudicadas, para ser iniciadas en el corto plazo. “Es llamativo que el diario La Nación no dedique un centímetro para informar la fenomenal subejecución de las partidas para obras públicas por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conduce Mauricio Macri, que este año alcanza al 42 por ciento del presupuesto, el mismo nivel que en 2014 con un presupuesto incluso menor y continúe objetando mediante imputaciones falsas de toda falsedad la ejecución del plan de obras públicas más importante de la historia a los efectos de atacar al gobierno nacional”, indicó el organismo oficial.


Casino Catamarca. 

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La situación de conflicto se mantiene sin variantes en el diario La Unión. A los despidos de otras épocas, se sumó esta semana el de René Orellana, un obrero con 35 años de antigüedad y un curriculum envidiable, aparte de ser una persona reconocida por su responsabilidad y querida por sus dotes de buena persona. Más allá del hecho puntual, llama poderosamente la atención el silencio cómplice del Casino provincial, la empresa que explota el juego en la provincia y que dispone de millones y millones de ganancias que bien podrían solventar los gastos de un diario que, aparte de servirles como escudo protector, recibe pautas muy importantes, especialmente de los gobiernos nacional, provincial y municipal. En este sentido, también resalta la indolencia del gobierno local que, de sobra, conoce la historia negra de la empresa que esquilma a los ciudadanos catamarqueños y que, a comienzos de los ‘90, destruyó la fuente laboral que se movía en torno al juego. Con estos antecedentes, obviamente, comprendemos las angustias de los empleados del matutino frente a una conducción inhumana, torpe y mentirosa. Lo que no hay que confundir, sin embargo, es quién es el responsable de la penosa situación. ¿Quién puede dudar que es el Casino?


José “Nolo” Ávila.

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Siguen las denuncias por algunas irresponsabilidades que, de no aclarar “los tantos ahora”, pueden quedar consumadas por el paso del tiempo. A las denuncias de los electos en las municipalidades que cambian de conducción -Fiambalá, Belén, Tinogasta, Ancasti o Valle Viejo-, en el sentido de que los jefes comunales derrotados podrían, en los días previos a la retirada, firmar decretos de nombramiento para fomentar la ingobernabilidad en los tiempos futuros, se suman inconvenientes -técnicos y administrativos- que no auguran una tranquila transición. El más impetuoso en este sentido es el ingeniero Jalile, que habla de 500 nombramientos por parte de Natalia Soria, lo cual nos parece una barbaridad, como también es una barbaridad que Amado David “Coco” Quintar haya reconocido que Fiambalá tiene 650 empleados. Si esta dotación hace falta para un municipio de este tamaño, ¡qué dejamos para la Capital o Valle Viejo, que son inmensamente más grandes!
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Pero más allá de los movimientos de la transición, en los casos de Natalia Soria, José “Nolo” Ávila y Hugo “El Grillo” Ávila, nos parece que estas picardías representan una verdadera traición a la actual gobernadora, la principal víctima del exgobernador Brizuela del Moral que, en 2011, a días de entregarle la provincia, firmó un decreto de 5.000 pases a planta permanente. Estos intendentes, atendiendo aquellas circunstancias, no deberían actuar aplicando el criterio de perjudicar al sucesor, mucho más cuando se sabe que la provincia no está en condiciones de nombrar un solo empleado público más. Y que no vengan estos ofendidos de la política con justificaciones irrisorias, como que los pases a planta de contratados no afectan las finanzas. Sí lo hacen y aparte, hipotecan el futuro y la estabilidad de todos los empleados. Lo que deberían hacer es no tocar más la lapicera y llamar a los electos a formalizar, como corresponde, el traspaso del mando. Y los nuevos tienen una solución al alcance de la mano: vetar estos decretazos de la irresponsabilidad y con buenas explicaciones, dejar conforme a la sociedad.


El Esquiú.com

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