Que nadie mire para otro lado. Entre discusiones banales y denuncias rimbombantes (como la de años atrás contra el gremialista Hugo Brandán o, la más reciente, contra el ministro Rubén Dusso) que jamás determinaron la detención de un político, la reelección indefinida del gobernador y vice se apresta a cumplir 27 años de vigencia sin que a ninguno de los dirigentes que marcan rumbos en la sociedad catamarqueña, sean peronistas o radicales, se le haya ocurrido efectivamente extirpar el cáncer republicano.
Catamarca, de esta manera, tiene el poco edificante privilegio de ser una de las dos provincias argentinas -la otra es Santa Cruz- que mantiene un régimen que genera, en los cuatro puntos cardinales, rechazos unánimes.
¿O algún lector escuchó, alguna vez, que se haya ponderado esta medida que nació en las frenéticas disputas por el poder en 1988?

El escándalo olvidado

La última reforma de la Constitución, como se sabe, demolió el artículo que impedía la simple reelección del gobernador. Por eso Ramón Saadi, que se había impuesto en las elecciones del 30 de octubre de 1983, no podía ir por un nuevo mandato en 1987.
Frente al dilema, aquel gobierno jugó una carta alternativa para mantener el poder, no dentro del peronismo, sino en el terreno familiar. Propuso a Vicente Saadi que, ya muy enfermo, juró como reemplazante de Ramón. Sin embargo, la solución electoral no iba a durar ni siquiera siete meses. La salud del viejo caudillo, que había duplicado en votos a Genaro Collantes, dijo basta y, en medio de los homenajes de reconocimiento, comenzó a tejerse el plan reformista para reimplantar a Ramón en el sillón mayor.
Raúl Alfonsín, entonces jefe de Estado, bajó la orden al comité provincial de apoyar la necesidad de la reforma y, si bien fue orgánicamente desoída, seis legisladores obedientes al mandato presidencial prestaron acuerdo para conseguir los dos tercios y aprobar el proyecto.
Sin debate, sin consultas y a las apuradas, con un trabajo express de apenas 17 días en la convención constituyente, en menos de dos meses teníamos una nueva Carta Magna y, allí nomás, elecciones para que ganara Saadi chico con José Alberto Furque como partenaire.
Por supuesto, semejante desatino institucional terminó en un escándalo de proyección nacional.
Veamos. Los seis legisladores que prestaron los votos acatando la orden presidencial -Juan Carlos Barros, Miguel Curi, Pedro Murad, Julio Espeche, Gabino Herrera y Carlos Colla- fueron expulsados de la UCR que, complementariamente, no participó de la elección de constituyentes. Una UCR paralela hizo lista única con el saadismo. El “Grupo de los 6” pidió la expulsión de la cámara del entones diputado provincial Oscar Castillo, motorizador de las expulsiones. Intervino el comité nacional, vía “Coti” Nosiglia, para salvarlo. Se cambió la conducción local del radicalismo -Ernesto Acuña suplió a Gabino Herrera en el comité- y por más de dos años existieron idas y vueltas en la Justicia por la legitimidad de las expulsiones las que, finalmente, fueron confirmadas por la Cámara Electoral Nacional. Se acusó al peronismo de haber practicado sobornos, a través de la entrega de casas, créditos y dinero en efectivo, lo que nunca pudo ser probado. La Iglesia de Catamarca, que había aportado tres constituyentes -“Peter” Casas, José María Sciurano y Elsa Gómez-, entró en crisis. La sociedad, aunque fueran desiguales, se partió en dos mitades.

¿Y después de todo eso qué?

Si tan grande fue el escándalo, como no hubo otro igual desde la restauración de la democracia, por qué permanece inalterable el motivo central de aquella reforma: la reelección indefinida.

La respuesta es muy simple y surge de la cronología de los sucesos políticos que siguieron en el tiempo.
En 1990, a dos años de la reforma, se produjo el caso Morales, que derivó en la Intervención Federal 1991 dispuesta por el menemismo, en acuerdo con el castillismo. Ese mismo año -1 de diciembre- ganó las elecciones Arnoldo Castillo, quien por aquella maldita Constitución no podía ser candidato, pero la Justicia “acomodó los tantos” para producir la violación, tan grave como las jugarretas del ‘88.
Con el poder en sus manos, la UCR dijo “por qué voy a modificar la reelección indefinida si la puedo perfectamente utilizar para mi propio beneficio”. De esa forma, Arnoldo fue reelecto en el ‘95 y le traspasó, en el ‘99, los atributos a su hijo Oscar. Un pase de manos igual o peor que el de los Saadi en el ‘87.
Después siguió Brizuela del Moral. Gobernador en 2003, reelecto en el 2007, fue por la re-reelección en 2011. Si la hubiera ganado, con sus afanes de poder eterno, seguramente se habría candidateado para su cuarto mandato consecutivo en este 2015.
Más allá de los beneficios de cinco períodos (1991-2011), dentro de la misma UCR, hubo perjudicados por la reelección indefinida. En 1999 la víctima del continuismo fue Brizuela del Moral, que ya medía mejor que los Castillo. Pero como papá no podía por razones de salud -murió al poco tiempo- fue Oscar. En 2011 le tocó a Ricardo Guzmán sufrir las consecuencias del artículo reformado en 1988. Con alta intención de voto, no pudo convencer a sus correligionarios de que resultaba mejor la alternancia y que, tal vez, no conviniera intentar un tercer mandato de Brizuela. Los resultados electorales le dieron la razón. La gente se había cansado de quien no comulga con la idea de “dar pasos al costado”.
En síntesis. La UCR dispuso de toda la fuerza para cambiar la vergüenza republicana por la cual protagonizó, en 1988, el mayor escándalo de los tiempos democráticos. Simplemente no lo quiso hacer. Y contó con un gran aliado: la prensa vernácula. Esta nunca se jugó y solamente tuvo retazos referenciales para el tema. De haber machacado una campaña, sin lugar a dudas, los resultados serían otros.

Una nueva oportunidad

Recientemente, en un reportaje concedido a El Esquiú.com, el doctor José Alberto Fuque señaló, con sano criterio y ya sin tener intereses en juego, que solamente la quita de la reelección indefinida bien valía aprobar la necesidad de la reforma.
El hombre, polémico y con gran trayectoria, sabe de lo que habla. Fue uno de los que, con mayor vehemencia, combatieron al saadismo y se opuso con toda la fuerza, en 1988, a darle aire al pábilo que utilizaba un grupo familiar para atesorar el poder.
Lógicamente no quiere lo mismo para las formaciones familiares del radicalismo o para grupos concentrados de la política.
Cuando han transcurrido nada menos 27 años, a su vez, alguien que no vivió de la política como Lucía Corpacci dispuso una medida que se orienta a limitar privilegios y, fundamentalmente, a cambiar el ominoso tema de la reelección indefinida.
Ningún gobernador, hasta ahora, se había animado a ejecutar en los hechos la propuesta. El último 1 de mayo, ella lo hizo y cumplió con lo prometido. Abrió el debate al conjunto de la sociedad, creó por decreto una comisión de estudio lo más heterogénea posible y remitió el proyecto para tratamiento de la Legislatura.
Nadie, ahora o en el futuro, podrá enrostrarle “haber mirado para otro lado”. La clase política, y especialmente la UCR, tiene la gran oportunidad de restañar las heridas del ‘88. Están en juego 27 años de trampas. Los más viejos deberían contribuir con el futuro recuperando el sistema anterior que, claramente, permitía la alternancia del poder. Si no lo hacen, que la historia los demande.