Desapariciones

domingo, 30 de agosto de 2015 00:00
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El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

“La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, describen desde ese organismo internacional. “Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Es motivo de especial preocupación: * el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; * el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; * y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada”, agregan.

Ese día de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto “Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas”. En Catamarca es una fecha propicia para pensar en prácticas que no llegan a la desaparición total de las personas, pero que tienen semejanza con ellas. Por ejemplo, la que denunció el joven Ricardo Paucará, de haber sido detenido y mantenido en esa situación sin orden judicial alguna, y cruelmente castigado por efectivos de la comisaría Décima. Ahora cuatro de los acusados fueron dejados en libertad, lo que genera una lógica preocupación a sus allegados y a cuantos conocen el tema.

Que las exhortaciones de la ONU no caigan en un abismo, sino que sean escuchadas y aplicadas por los responsables de diversas instituciones del Estado.

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