El Secretario

miércoles, 2 de septiembre de 2015 00:00
miércoles, 2 de septiembre de 2015 00:00

Hoy comenzará un nuevo paro docente por 72 horas. Cuando finalice, el sector habrá cumplido un total de 26 días sin asistencia a las aulas, lo que significa más de un mes escolar sin actividad, que representa un grave daño a la educación de los niños. La intransigencia del reclamo docente se torna incomprensible si se tiene en cuenta que este año hubo paritarias y se acordó un incremento salarial para todo el año, acuerdo que fue firmado por todos los gremios que hoy están en pie de guerra exigiendo la adecuación del nomenclador docente. Además, este año también se modificó y se puso en práctica el nuevo sistema de licencias, que abarca con coberturas de salud mucho más amplias que las que estaban vigentes, y como frutilla del postre, el gobierno aceptó hacerse cargo del pago de los sueldos de los gremialistas mientras están gozando de la licencia por su actividad.

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Todos estos beneficios -en el caso del último punto un privilegio del que no goza ningún otro sector gremial del Estado- fueron otorgados luego de sucesivas reuniones, discusiones, paros hasta que finalmente el gobierno terminó cediendo posiciones. Quizá cedió tantas que ahora se hace difícil poner límites. El conflicto, que como ya dijimos en esta columna, es extemporáneo, hasta el momento sólo ha tenido como actores a los representantes sindicales, al ministerio de Educación, que encabeza José Ricardo Ariza, y a técnicos de la cartera de Hacienda. Sin embargo, la única respuesta del gobierno ante la tozudez gremial fue la amenaza de ejecutar los descuentos de los días no trabajados -medida que si está ajustada a las normas no debería dudarse en implementar, pero a la que sólo se llega en situaciones extremas-. ¿Hasta dónde permitirá el gobierno ser rehén del sector gremial? ¿Cuánto más daño a la educación catamarqueña se puede permitir?
Y si ahora se da el brazo a torcer. ¿Cuáles serán las nuevas exigencias de la docencia?

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