El Secretario

lunes, 7 de septiembre de 2015 00:00
lunes, 7 de septiembre de 2015 00:00

Hoy, en el Tribunal Oral Federal comenzará a ventilarse el juicio oral en contra de Pablo Tello, el joven que fue detenido en noviembre de 2012 con un cargamento de 90 kilogramos de marihuana y que fue aprovechado en aquel entonces por el senador nacional Oscar Castillo para lanzar una durísima acusación en contra del entonces ministro de Gobierno y actual intendente de Pomán, Francisco Gordillo y las autoridades policiales. Concretamente, aseguró que en el tráfico de los estupefacientes estaba involucrado directamente el ministro político del gobierno de Lucía Corpacci, a través de quien en aquel entonces figuraba como prófugo de la Justicia, Ariel Alanís.
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Lo que siguió es bien conocido. Castillo no pudo sostener ante la Justicia lo que dijo a boca de jarro en una entrevista radial y para Gordillo, el hecho fue un trago amargo, pero no mucho más que eso. Nunca fue citado por la Justicia, que no encontró ningún vínculo serio que permitiera sostener tamaña acusación. Visto en perspectiva del tiempo, todo fue una maniobra para ensuciar y teñir de sospechas a un dirigente del riñón de Corpacci. Pero la burda y frágil maniobra no sólo se cayó por su propio peso, sino que hasta se volvió en contra del propio Castillo cuando este medio publicó las fotos que probaban la larga trayectoria de militancia en el radicalismo de Alanís -por entonces prófugo-, quien gozó de cargos en el municipio de Tinogasta durante la gestión boinablanca.
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Por cierto que hay mucha expectativa sobre lo que pueda llegar a declarar Tello, quien cuenta con la representación del abogado radical Carlos Rosales Vera y si de alguna forma intenta volver a involucrar a Gordillo en el caso. Por su parte, Alanís seguirá esperando ser juzgado más adelante, merced a una serie de presentaciones realizadas por sus defensores que aún deben ser resueltas. Como se recordará, Alanís fue aprehendido el año pasado en un escandaloso operativo cuando compartía una salida nocturna con sus abogados Luciano Rojas y Miguel Leiva, a la razón, hijo de la ministra de la Corte, Amelia Sesto de Leiva.

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