El derecho civil argentino puede tener una extensa serie de falencias que con una relativa facilidad pueden ser explotadas por los más hábiles conocedores de la ley.

Sin embargo, la normativa que rige en materia de propiedades -a pesar de su larga data y continuas actualizaciones- no es uno de esos espacios. 

La observación viene a cuento de las argumentaciones del propietario de un conocido palmar de la zona de Fray Mamerto Esquiú que ya lleva dos incendios de gran magnitud en menos de un mes, generando la lógica y abnegada respuesta de los servicios de emergencia y, en particular, de los incansables muchachos de la Brigada contra Incendios Forestales y las direcciones de Bomberos. 

Lo que alega por un lado el dueño de la tierra es que hay elementos que considera propios para decidir si deben existir o no, y que esos elementos resultaban a veces molestos o peligrosos, razón por la cual entiende que le asiste el derecho de eliminarlos de la manera que mejor le parezca.

El resto de la comunidad entiende que para un palmar al que le tomó varios años criarse y crecer, debería exhibirse un poco más de respeto y conciencia, aquellos basadas en la historia. 

Que el lugar todavía no cuenta con una declaración legal sobre su importancia es totalmente cierto.

También es cierto que el método para lidiar con los problemas hasta ahora elegido por el dueño no es el más atinado, más viendo la nube de humo que se yergue sobre el cerro Ambato desde hace semanas. 

Que la comunidad solo muestra alguna clase de movilización para generar reclamos, espacios de diálogo o pedidos, solamente cuando se le queman las palmeras, también es enteramente certero.

Una lección que debe aprender cuanto antes la comunidad local es que lo que considera valioso por su historia, su trayectoria o significado social, aunque esté en el terreno de algún otro vecino, debe ser protegido con al menos la pregunta de qué es lo que se piensa hacer si se ven topadoras o antorchas listas para iniciar un incendio. 

Ese compromiso es más fuerte que la ley, y funda al mismo tiempo a la ley. Porque cuando existe un bien que toda una comunidad considera de alto valor, entonces el derecho argentino reconoce las posibilidades de ceder ante el interés general y no el particular.