Si alguien pensó que con las medidas de fuerza de hace 10 días, que convirtieron a la Capital en un gran basural, se terminaban las protestas del gremialista Walter Arévalo por el cobro del plus médico, se equivocó feo. El dirigente municipal se mantiene en la postura que ningún afiliado bajo su conducción pague más allá de lo que, legalmente, le corresponde. Por ello ha resuelto la presentación de un amparo contra la OSEP que deberá resolver la Corte de Justicia y también hará una presentación ante los concejales. Al mismo tiempo, la obra social apura medidas para combatir el cobro del plus como la habilitación de una línea de atención a los afiliados y un correo electrónico donde podrán dar cuenta, con todos los detalles, de cada caso. En definitiva, por la grave situación económica que atraviesa el país y la provincia, se avizoran medidas que tendrán formas de escrache para quienes insistan en cobrar un injusto adicional a los afiliados, cuya gran mayoría se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

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El pedido de juicio político contra los jueces José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva se mantiene en el candelero, aunque la postura decidida de los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de dar despacho, observó en la última semana comportamientos más laxos. Los pedidos de informe a diversas instituciones se habrían demorado porque no solamente faltó quórum, sino porque habrían faltado todos los miembros, con una única excepción. Más allá de las visiones de los diputados sobre este tema, han quedado absolutamente expuestas las irregularidades que rodearon los nombramientos de los dos magistrados, los que infringen de manera directa dos artículos de la Constitución Provincial (168 y 195) y uno de la Constitución Nacional, el 99, que pone término a los jueces a la edad de 75 años y crea jurisprudencia para sus pares provinciales. En los casos de Cáceres y Sesto han superado los 75 y para mantener en sus cargos, en forma legal, requerirían un nuevo acuerdo de la Cámara de Senadores. Si esto no se cumple, más allá de lo que resuelva la Cámara de Diputados, cualquier ciudadano que quede bajo mandato de estos jueces, podrá requerir la falta de idoneidad.

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A propósito de esta situación que plantea la Suprema Corte de la Nación sobre la edad de los jueces, ya existen dos casos testigos que, en cualquier momento, volverán a primer plano. La ministro Elena Highton de Nolasco, que cumplió los 75 años en diciembre de 2017, hizo una trampa para continuar en el cargo, lo que le ha valido que ya tenga una petición de juicio político, presentada por la diputada Victoria Donda. Otro caso parecido es el de María Servini de Cubría, de quien en la obra “El libro negro de la Justicia”, escrito por Tato Young (periodista del Grupo Clarín), se lee el siguiente párrafo: “María no podía creer lo que escuchaba (en conversación con Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Suprema Corte). En más de cuarenta años, nunca la habían desafiado así. ¿Acaso pensaba que iba a entregar a su hijo, sin más? Pero eso no era todo. Sobre el final de la reunión, Lorenzetti le recordó que ella había sobrepasado los 75 años, el límite constitucional previsto para el ejercicio de la magistratura. Le anticipó que la Corte estaba por sacar una resolución (efectivamente, la sacó) sobre el tema. No podía adelantarle nada, pero cumplía con advertirle para que estuviera alerta”. Como puede apreciarse, trasladando el caso a Catamarca, no se trata de una ocurrencia de algún trasnochado, sino de cuestión legales en la que están involucrados el gobierno y la oposición. Lo deberían saber todos los diputados.

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El juez federal Miguel Ángel Contreras, tras el fallo del fiscal Santos Reynoso, inició un proceso de instrucción por los supuestos sobornos que, hace 15 años, se pudieron practicar alrededor de la obra pública. Entre martes y miércoles llamó a declarar a las dos únicas personas que permitieron sostener una polémica resolución del fiscal que, como se sabe, firmó y, a través de un pedido de licencia acordada de antemano, huyó bien lejos para no ahondar en molestas explicaciones, todas las cuales tienen un innegable trasfondo político. De esta manera, Fernando Rivera y Jorge Marcolli, como era previsible, ratificaron la sospecha de que el gobierno nacional de aquel entonces cobraba coimas por cada obra que habilitaba en la provincia y el “diezmo” lo recogía el ingeniero Rubén Dusso, quien 7 u 8 años más tarde se convertiría en ministro de Obras Públicas y, por lógica, tendría relación con todas las empresas constructoras del medio, incluidas la de los denunciantes.

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Aunque ratificaron todos sus dichos, de las declaraciones del denunciante (Marcolli) y el único testigo que avaló sus dichos (Rivera), surgen algunas gemas imperdibles. Por ejemplo, ninguno hizo alusión a que en el momento de las coimas gobernaba la provincia el ingeniero Brizuela del Moral y las cuestiones de construcción de las viviendas estaban a cargo de los organismos específicos, IPV y Secretaría. Ninguna obra, por ende, podía llevarse a cabo sin la supervisión de sus funcionarios o el propio exgobernador, quien firmó el Plan Federal de Viviendas en aquella época de relación transversal con el kirchnerismo. En el caso de Fernando Rivera, quien se emocionó al decir que actúa en defensa de todos los catamarqueños (¿con tanto amor, no podría haber denunciado antes los hechos, el lugar de esperar largos 15 años?), tras el balbuceo que registran los audios, terminó reconociendo que mantiene una amistad de larga data con Jorge Marcolli, lo que no es ningún pecado, pero si un indicativo que en este caso actuaron con pleno acuerdo, lo que puede alcanzar a otras personas. Por las dudas, lo aclaramos, tenemos cómo probar la afirmación.

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En lo que hace a la declaración de Jorge Marcolli, claramente, hay que anotarla en la órbita política. Todo los que supo decir de Rubén Dusso lo dijo otra vez y hasta redobló la apuesta, al menos en sus respuestas a los periodistas. Según esos testimonios, se alejó del hecho objeto de estudio y culpó al funcionario de llevar una mala administración como ministro y de haber perjudicado a Catamarca, amén de haberlo dañado a él y a su hijo, quien tiene una empresa constructora. Tan lejos fue el ingeniero Marcolli que lo hizo responsable de obras que, directamente, licitó el gobierno nacional, como es el caso de las cloacas de Valle Viejo. Si estas cosas quedaron impresas en la declaración oficial, de poco servirán al juez. Lo que analiza es, concretamente, exacciones ilegales que ningún constructor –fueron cerca de 25 los declarantes ante Santos Reynoso- aceptó haberlas materializado.

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El intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, tuvo duros conceptos contra el gobierno provincial, para el que augura un pronto retiro y que no vuelva nunca más al poder. Ya recibió algunos contragolpes, pero el más duro, con algunas ironías, parece ser el del exdiputado intransigente, Pablo Ernesto Sánchez, quien envió una misiva a El Esquiú que se resume en estos conceptos. “Lo que dice el intendente de Valle Viejo es la verdad!!! El FCS-Cambiemos añora las épocas cuando gobernaba! Hicieron fortunas con las privatizaciones, entre ellas la entrega del Banco de Catamarca y el monumental robo que significó el paso de Taselli por EDECAT, encubierto por su socio Oscar Castillo, independiente de la entrega espuria del Casino, la privatización de la terminal, la comida de los pobres entregada a los chanchos, las compras directas y tantos hechos corruptos. Entiendo que no quiere que siga gobernando Lucía. Ruega que sea Manzi o cualquier radical macrista porque se trata de hacer negocios y no solucionar el desastre que va a dejar el neoliberalismo, encabezado por su patrón. Comprendo que no quiera que siga Lucía porque tiene miedo que Cáceres y Sesto de Leiva dejen de ser integrantes del Poder Judicial y empiecen a tomar nota todos los funcionarios del Frente Cínico. Por supuesto que Jalile no quiere saber nada. Es mejor que vuelvan los tiempos cuando acumulaban y acumulaban y nada hacían por el crecimiento de la provincia. Odio y venganza, hipócritas que aplauden las políticas de hambre y dicen querer solucionarlo. Triste realidad de una oposición que solo tiene en su haber corrupción y políticas de ajuste en contra de los catamarqueños”.

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RECUERDOS.

Como lo hacemos cada jueves, domingo o martes, insertamos en este último bloque acontecimientos ocurridos hace 25 años.

Seguimos hoy con la elección de renovación legislativa del 3 de octubre de 1993. Aparte de diputados nacionales y senadores provinciales, el Frente Cívico se impuso en la categoría diputado provincial e impuso estos nombres para la Legislatura: Ricardo Guzmán (reelegido), Edgardo Jalile, Félix Brizuela del Moral, Juan Filippín, Juan Carlos Balverdi (reelegido), Rodolfo Cecenarro (reelegido, el actual juez de Andalgalá), Alejandro Galíndez, Mario Bulacios, Miguel Magaquián y Luis Molina, los que se sumarían a quienes habían sido electos en 1991 y mantenían sus bancas hasta 1995.

Ellos eran: Jorge Agüero, Augusto César Acuña, Raúl de Marcos, Oscar Guzmán, Lucía Garín de Tula, Mario Marcolli, Osmar Saldaño, Luis Segura, Jesús Mena y Pablo Ernesto Sánchez. En total eran 20 legisladores oficialistas.

El peronismo, en aquella partida electoral, consagró como diputados a Héctor Greco, Miguel Ahumada, José Bize, Ana Castro, Roque Molina, Víctor Hugo Uriarte (reelegido), Jorge Herrera Castellanos, Oscar Romero (reelegido) y Alfredo Carrizo. Estos nueve se sumarían a quienes ejercían desde 1991: Horacio Buenader, Daniel Barros (actual director de YMAD), Jorge María Ponferrada, Ramón Robledo, Víctor Octavio Gutiérrez, Carlos “Matura” Nieva y Clemente Manzoni. En total 16.

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También en aquella elección de 1993, dos expresiones minoritarias como el Frente de Unidad Catamarqueña (FUC) y Opción Provincial (OP) lograron el piso para conquistar un diputado. Pedro Rodolfo Casas y Néstor Retamozo, respectivamente, fueron los agraciados. Aparte, quedaba el bloque del Frente de la Esperanza (FENCa.) para completar los 41 legisladores. Tendría tres integrantes hasta 1995: Juan Carlos Codigoni, Genaro Collantes y Miguel Haarscher.