Las periódicas rebeliones de la diputada Carrió o los amagues de disgusto del comité nacional de la UCR dentro de la coalición que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, obviamente, repercuten en las provincias. En Catamarca, por razones más que comprensibles, la dirigencia sigue estos acontecimientos muy de cerca. Es que la dependencia con el poder central es muy grande, no solo en términos de logística, sino hasta en detalles que parecen nimios, como sería armar el discurso de campaña. Por ejemplo, qué puede decir Rubén Manzi, lanzado de lleno a la carrera de postularse como gobernador cuando su jefa directa, Elisa Carrió, a cada nada pone en jaque al presidente de la Nación, con el que mantiene un peligroso juego pendular que nadie sabe cómo habrá de terminar. En este sentido, no son pocos los que apuestan a una ruptura que tendría que ver con una eventual candidatura a presidente de la propia diputada que, como todos saben, levantaría con firmeza las banderas de la transparencia y la honestidad. ¿Acaso esto no puede llevar a plantar un escenario político totalmente distinto al de la polarización Macri-Cristina? Para los radicales de Catamarca, sino igual, las cosas son parecidas. Es que ellos dependen, aunque parezca mentira, más de Mauricio Macri que del comité nacional. Es que los dineros de campaña, imprescindibles para los bandos en pugna, solo pueden salir de Balcarce 50. Y cómo serán de graves los enfrentamientos, dentro y fuera de Cambiemos, que también influyen en las distintas tribus peronistas de Catamarca que, por motivos distintos, tienen dependencia con Nación.

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Sorpresa mayúscula provocó una declaración reciente del intendente capitalino, Raúl Jalil. En plena embestida por la precandidatura a gobernador, ante la pregunta si votaría a Lucía Corpacci en la eventualidad de un tercer mandato, fue más que contundente. “Obviamente”, respondió sin siquiera pensarlo. Se trata, en definitiva, de una nueva muestra de respeto hacia la primera mandataria, aunque no anula sus pretensiones políticas que, lo reiteramos, están orientadas a sucederla en el preciado sillón gubernamental. Sin embargo, la declaración no cayó nada bien en algún sector de la renovación peronista que, no hace mucho, en el local “Carrazana”, proclamó sus intenciones de llegar al gobierno provincial en 2019, probablemente con Raúl como figura estelar. En ese sentido, una de las principales espadas, en el supuesto que Jalil quede en el camino, no descartó su propia postulación. ¿Podrá ser? Por lo menos nos confió que ya votó dos veces a Lucía y no lo haría una tercera vez.

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La actuación política de Dalmacio Mera sigue dando que hablar. Alineado incondicionalmente con el primo gobernador de Salta, Juan Manuel Urutubey, ha perdido terreno dentro de la provincia que lo eligió nada menos que senador nacional. Por más que, en sus esporádicas visitas, distraiga con alguna actuación pública de tono menor o haga forzadas declaraciones de compromiso con Catamarca, su labor nada tiene que ver con los altos intereses provinciales y con los ciudadanos que, de hecho, lo consideran ajeno a sus pesares. Por ello no extrañó que el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera, haya salido a poner las cosas en claro respecto a lo que piensa que, en este caso, es la voz del propio gobierno. “Pensábamos que iba a trabajar para Catamarca” fue su expresión, en respuesta a dichos del senador sobre que la gobernadora, al proponer la reforma de la Constitución con la anulación de la reelección indefinida, podía “borrar con el codo lo que escribió con la mano”. Se trató de uno de los ataques subterráneos de Mera a Lucía porque nadie escribió nada y, por lo tanto, no hay nada que borrar. La reforma que propuso Corpacci la rechazó el radicalismo y, por lo tanto, mantiene su vigencia el viejo texto.

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El comportamiento de Mera, al ser relacionado con la provincia vecina y con el primo gobernador, no es cuestión nueva. Ya el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral solía referirse a él como “el salteño”. Más allá de eso, el senador está empeñado ahora en participar del armado de lo que llaman “peronismo alternativo” y seguramente dirá presente el próximo miércoles, en Tucumán, donde confluirán dirigentes de distintos orígenes. Hasta se estudia la posibilidad que del mitin llegue a participar Lucía Corpacci. Volviendo a Mera, llama la atención la falta de referencias sobre la “salteñidad” de un diario local que, hasta no hace mucho, realizó innumerables notas sobre la provincia de Santa Cruz, esa belleza del sur argentino a la que considera un feudo de los Kirchner, sin siquiera reparar que estaba ofendiendo a sus habitantes, que tienen el derecho de votar como se les ocurra. La “piedra de escándalo” era la actual diputada nacional Verónica Mercado, a la que los periodistas del mismo diario, una y otra vez, mostraban más preocupada con Santa Cruz que con Catamarca. ¿Lo de Mera no es, acaso, mucho más explícito? Periodismo selectivo, que le llaman.

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El tema minería volvió a la Legislatura. El miércoles pasado, en velada crítica a los gobiernos, el legislador tinogasteño Hugo “El Grillo” Avila lamentó que, después de años de actividad, estemos pidiendo “tímidamente” un 2% del total de lo facturado y abogó por la salida de lo que llamó el “estatuto del saqueo”, que para él lo componen la Ley de Inversiones Mineras y el Pacto Federal Minero. Las respuestas llegaron desde las bancadas del radicalismo. Francisco Monti, desde una de ellas, indicó que “no se puede decir que no quedaron recursos”, lo cual es cierto, porque efectivamente ingresaron a la provincia cifras cuantiosas, pero quizá no las que podía cotizar un yacimiento de riqueza incalculable como el Bajo la Alumbrera. Lo que no dijo Monti es que parte de esos ingresos, especialmente en los años de mayor productividad, se dilapidaron en gastos corrientes. Lo que resultó un disparate fue la respuesta de la castillista Marita Colombo a Avila, al que le advirtió que el kirchnerismo, durante doce años, pudo haber modificado el “estatuto del saqueo”. Se olvidó de considerar que a esos “estatutos” adhirió el radicalismo de Catamarca cuando ella era senadora y volaban los “sobres” que enviaba el menemismo para convencer a los peronistas díscolos de la época.

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También en la última sesión de Diputados, el Frente Cívico reiteró un pedido de informes a Vialidad Provincial para que envíe documentación relacionada con la contratación de maquinaria que, a través de un empleado, ha sido denunciada como trucha. Sobre esta cuestión, hay que decir que parte de lo requerido por los legisladores ya está en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública. Su titular, el doctor Sago, ordenó un allanamiento el pasado lunes a las oficinas de calle San Martín, desde donde se llevaron documentación referida a las contrataciones de equipos de los últimos años, en especial los relacionados a Ediciones SRL, que sería propiedad de un señor Suárez. Sea como sea, está bueno que se investigue y se deslinden responsabilidades.

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La última acotación vinculada a los diputados. Permanece en el escritorio de la Fiscal General, doctora Milagros Vega, la denuncia penal que, contra todos los legisladores de la Cámara baja, presentara el abogado local Sergio “Charlie” García. A raíz de la existencia de los decretos mellizos que supo denunciar en su momento, el exsecretario administrativo de la misma Cámara redobló el ataque. En la denuncia penal consigna delitos de falsificación de instrumento público, falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento y asociación ilícita, figura ésta última que surge del hecho de involucrar a todo el cuerpo. García hace especial hincapié en su escrito que la única persona que salió en defensa de lo que califica como flagrante irregularidad fue el contador Moya, quien consideró que se trató de “un error” y asumió por ello total responsabilidad, lo cual no alcanzaría para aventar las sospechas, las cuales se podrían multiplicar en los próximos tiempos si se comparan las altas y bajas de los decretos mellizos con la información que existiría en el ANSES.

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RECUERDOS. Como lo hacemos cada domingo, martes y jueves, insertamos en este último bloque acontecimientos ocurridos hace 25 años. En la elección de concejales capitalinos del 3 de octubre de 1993 se renovaban cinco de las once bancas del órgano legislativo municipal. Ganó el Frente Cívico, que se apoderó de tres de esas bancas, quedando las dos restantes para el peronismo. Los electos fueron el doctor Ernesto Edgardo Acuña, el extinto profesor Gustavo Adolfo Sosa y Martha Torres de Mansilla, más los peronistas Juan Carlos Farías Taire y el también extinto Humberto Nicolás Pintos. Con estos resultados, el Concejo Deliberante se integró, hasta 1995, de la siguiente manera: Ernesto Acuña, Gustavo Sosa, Martha Torres de Mansilla, Arnaldo del Pino, Daniel Barrionuevo y Sara Edith Barros (Frente Cívico); Juan Carlos Farías Taire, Humberto Pintos, Ramón Domingo Formoso y Jorge Bonaterra (PJ-MAP); y Ramón Rosa Luna (Frente de la Esperanza). A partir de la asunción de los flamantes concejales del ’93, fue electo presidente del cuerpo el doctor Ernesto “Barón” Acuña, quien reemplazó a Horacio Pernasetti que, a su vez, asumió como diputado nacional. Los 11 concejales que trabajaron durante el período 1993-1995 finalizaron sus mandatos éste último año. A partir de ese momento los concejales pasaron a ser 14, conforme a lo dispuesto por los convencionales municipales en 1994. Siete fueron elegidos por lista sábana y siete por los circuitos, sistema que se mantiene hasta nuestros días.