Mientras crecen las incertidumbres económicas, de todo tipo, el vital proyecto de presupuesto que elevó el gobierno al Congreso nacional comenzará a ser tratado por las comisiones de la Cámara de Diputados. Desconocemos si el oficialismo, en las próximas horas, conseguirá un dictamen de mayoría, pero estamos seguros que la discusión será muy dura. Todas las provincias, en más o en menos, se sienten perjudicadas y sus representantes levantarán voces de protesta, como ya lo hiciera semanas atrás el peronista Gustavo Saadi, en nombre de Catamarca. Circunscribiéndonos a la provincia, hay tres materias que generan temores y preocupación. Una tiene que ver con la construcción, ya que según las autoridades se requieren 350 millones para reanudar los planes que vienen de tiempos idos y la propuesta presupuestaria se frena en los 142. Después, en orden de importancia, están la tarifa social para la energía y el transporte público. Como es vox populi, la Casa Rosada pretende terminar con los subsidios a estos servicios y que las provincias se hagan cargo. En el caso del transporte, como lo dijimos desde el primer momento, la cuestión es crucial. Que se saquen del negocio 400 millones de un plumazo provocará un tremendo estrépito, en orden a que resulta imposible trasladar esos montos al costo de los usuarios. Más todavía. Con los subsidios, ya las empresas tenían problema para mantener el boleto en cercanías de los 11 pesos. ¡Ni pensar lo que viene si se confirman las malas noticias!

Se mantiene en el tapete el tema judicial de las supuestas coimas que, hace prácticamente tres lustros, habrían pagado las empresas catamarqueñas a funcionarios del kirchnerismo a través de Rubén Dusso, quien en aquel entonces no era funcionario y hoy es el ministro de Obras Públicas. Según el dictamen fiscal, Santos Reynoso involucró a José “bolsero” López como el artífice principal de una maniobra que ya tiene las más variadas aristas. Por empezar, el juez Miguel Ángel Contreras reanudará hoy la toma de declaraciones y espera recibir de Jorge Marcolli, el denunciante de la causa, para mayores precisiones. En ese sentido, el empresario peronista que viste ahora los colores de Cambiemos (fue candidato a senador por Capayán en 2015), se ha mostrado plenamente dispuesto a aclarar “lo que sea”, a partir de que, según sus palabras, “todo corrupto” debe ser denunciado. De esta manera, podría trasmitirle al juez federal el nombre de las empresas que habrían coimeado y, como lo adelantó por los medios el martes pasado, el papel que habrían jugado los funcionarios del gobierno provincial en aquel tiempo, esto es, Pedro Molas, Eduardo Brizuela del Moral (h) y Bolomo. “Las autoridades de la época no podían ser ajenas a la situación que se vivía”, dijo sin hesitar ante la requisitoria periodística. Lógico y elemental razonamiento. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno nacional negocie directamente con las empresas sin la participación del gobierno de la provincia? ¿O, alguien puede creer que se podían construir miles de viviendas en nuestro territorio sin conocimiento del gobernador Brizuela del Moral, el ministro Juan Acuña y los funcionarios del Instituto o la Secretaría de la Vivienda? Aunque cueste creerlo, sin confirmarlo, lo deslizó ayer como posible un legislador que tiene nada menos que cuatro mandatos como senador y dos como diputado. Víctor “Gato” Luna, ¿qué se puede decir, sin ofenderlo, de sus conocimientos de administración del Estado?

Las posiciones públicas de Jorge Marcolli (denunciante) y Fernando Rivera (único testigo), sin dudas, tienen diferencias tremendas. El primero, aparte de sostener con fuerza su denuncia y estar dispuesto a colaborar con todo lo que requiera la Justicia, más allá de lo que se resuelva, observa convicciones de firmeza y enjundia. Lo de Fernando Rivera, en cambio, es un papelón monumental, pocas veces visto en un dirigente que dice tener una gran trayectoria política y empresarial, lo cual no se condice con la realidad y, mucho menos, con los resultados obtenidos en ambos rubros. Hace 48 horas, durante un reportaje con el periodista Jorge Álvarez, computó incoherencias al por mayor. Al menos en 12 oportunidades, durante 20 minutos de reportaje, repitió que cree en la Justicia y en el juez Contreras, pero no piensa darles el nombre de las empresas que pudieron pagar coimas, a las que considera directamente víctimas. Sin duda, parece ignorar que, como ciudadano, tiene la obligación –no es que quiera o no quiera- de denunciar si es que conoce la comisión de un delito. Para completar su retahíla de incoherencia, indicó que lo hace “por los catamarqueños y las catamarqueñas” los que, paradójicamente, deben tener sumo interés que Rivera les explique lo que, personalmente, fue a denunciar. No que se esconda y considere víctimas a las empresas que, directa o indirectamente, las acusó.

Independiente del estribillo “no voy a dar nombres”, que terminó por cansar al entrevistador, el exempresario Rivera empleó un argumento de falsedad para justificar su conducta huidiza, impropia de una persona que busca la verdad. Señaló, en esa dirección, que la Justicia puede determinar el nombre de las empresas con solo revisar las cuentas que, en Banco Nación, se abrieron en aquella época para que el gobierno nacional les depositare el dinero para las obras. Ese detalle no alcanza siquiera a ser un indicio. La creación de esas cuentas, debería saber el testigo, figura dentro del convenio por el Plan Federal de Viviendas que firmó el exgobierno provincial con su par nacional –lo mismo ocurrió en la demás provincias argentinas- para que las empresas arrancaran con los trabajos. Que de allí, las constructoras hayan dispuesto porcentajes para entregar a un intermediario, es una cosa totalmente distinta y que no prueba nada. Lo que vale es la confesión. “La frutilla del postre” del extraño testigo -¿sabrá que su conducta le puede costar una denuncia penal?- fue asegurar que los empresarios son víctimas y que, personalmente, no quiere que sean perseguidos. Eso y decir que no quiere Justicia es lo mismo. Sabe el hombre, como pocos, salvo honrosas excepciones, que el mundo empresario está poblado de malandras y ventajistas. Incluso en su más cercano círculo de amistades.

Un par de grageas electorales del interior. El inefable intendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, sigue desafiando a la historia. No conforme con 25 años de actuación pública ininterrumpida, ha anunciado que se apresta a ser candidato a senador provincial por el departamento en las elecciones de 2019. Antes fue cuatro veces concejal (1993-1997, 1997-2001, 2001-2005 y 2005-2007) y tres veces intendente (2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019), representando alternativamente al peronismo de Saadi, de Luis Barrionuevo, de Corpacci y hasta del Frente Cívico. Con estos registros, nadie le puede discutir fuerte presencia en el Este catamarqueño, a pesar de desatinos y excentricidades. Hoy está peleado con medio gobierno –deja de lado a la gobernadora- y su intención de ser senador no tiene otro objetivo que, directamente, enfrentar a dos enemigos internos: el actual senador Julio Maza y el actual concejal del distrito, Mario Páez. Con los dos mantiene un enfrentamiento a “todo o nada” y los quiere dejar el camino, a la par de ganar ascendencia no solo en la jurisdicción que gobierna, sino en la de Los Altos, donde manda otro enemigo suyo, el intendente Olveira. Claro que su idea de llegar a la Cámara de Senadores de la provincia tiene un complemento de nepotismo. En el lugar de intendente dejaría a su hermana, Aidee Esther Guaraz, la concejal que ya lleva tres mandatos consecutivos. Obviamente, su desafío lo llevaría a enfrentarse con el gobierno provincial e integrar la boleta kirchnerista de Unidad Ciudadana. En síntesis. Una jugada con características ajedrecísticas que puede terminar mal o confirmar definitivamente que, desde lo electoral, nadie está en condiciones de doblegarlo.

Por lares andalgalenses, el peronismo comenzó a prepararse para la elección del año venidero, en la que se jugará nada menos que la intendencia sin que Alejandro Páez pueda ser candidato ya que, expresamente, se lo prohíbe la carta orgánica después de completar dos mandatos seguidos. Esa situación deriva, en estos momentos, en una discusión interna dentro de filas radicales, donde asoman como eventuales sucesores dos concejales oficialistas: José Cativa o Ivanna Flores, está última esposa de Páez. Volviendo a los peronistas, durante la semana pasada se realizó una reunión convocada por Anahí Castro y Adrián Campos, dirigentes cercanos al ministro Dusso, para conformar una mesa chica de conducción. Se sumaron a ellos la doctora Viviana Pasarelli; el flamante delegado de Acción Social, Lucas Brizuela; el profesor Omar Villagrán, supervisor de escuelas secundarias; Norma Santillán (fue candidata a concejal en el comicio de 2017); Luis Sachetti, representante de Agronomía de Zona; Exequiel Saracho (otro que peleó una concejalía hace un año) y Graciela Quinteros, una reconocida militante del peronismo. No se habló de candidaturas, pero convinieron en reunirse todos los miércoles en el futuro “minicape”, un edificio en construcción del gobierno provincial sobre la céntrica calle Pérez de Zurita, a dos cuadras de la plaza principal. El dato político complementario: no figuran históricos “perucas”, como tampoco los actuales concejales –tres en total- del Frente para la Victoria, la mayoría de ellos fuertemente vinculados al intendente Páez.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, el último bloque está destinado a memorar hechos del pasado cercano.
En octubre de 1993, Stella Maris Buenader de Walther terminaba su actuación como jueza de Instrucción de la provincia y se lanzaba a la política. Efectivamente. El 6 de octubre, en la que fue una de sus últimas resoluciones desde la Justicia, sobreseía al excomisario general Miguel Ángel Ferreyra y a Antenor Domínguez por una causa que tenía que ver con los ascensos en la Policía provincial. Una semana más tarde, su renuncia era aceptada por el exgobernador Arnoldo Castillo y, al poco tiempo, se sumaba al gabinete del exintendente de la Capital, Eduardo Brizuela del Moral, a quien acompañaría durante su gestión como gobernador en calidad de Asesora de Gobierno, hasta que renunció por el escándalo SOMICA. En el año 2013, reapareció Mariela Buenader y, en representación de Tercera Posición –la línea interna de José Luis Barrionuevo- asumía como diputada provincial, tarea en la que cumplió meritoria tarea. 

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