La semana pasada se conoció el fallo por el cual el Tribunal de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, presidido por Rodolfo Armando Bustamante e integrado por Luis Raúl Guillamondegui y César Marcelo Soria, rechazó la querella promovida por el empresario Silvestre Zitelli –propietario del diario El Ancasti- contra el exdiputado provincial intransigente Pablo Ernesto Sánchez. El pleito, por el delito de injurias, se inició por una publicación de El Esquiú.com en la que se incluían declaraciones de Sánchez, quien acusó con duros conceptos a Zitelli por considerarlo autor de un libelo contra la figura del extinto dirigente Armando “Bombón” Mercado, quien había fallecido dos años antes de la publicación. Para Zitelli, aquellos conceptos –tales como “miserable” o “cobarde”- fueron “afirmaciones profundamente agraviantes en mi contra”.

En la audiencia de debate, el querellado Sánchez manifestó lo siguiente: “Esta causa se inicia por una nota de El Ancasti donde se le atribuyen a mi amigo ‘Bombón’ Mercado los problemas de YMAD y de la minería en general. Me sentí afectado personalmente y como amigo que se hablara así de una persona que hizo mucho por los catamarqueños. También me llamó la atención que en el diario de Zitelli, que está bajo su dirección, se hablara de una persona que estaba muerta y que se ofendiera a quien ya no podía defenderse. Por eso lo traté como ‘personaje nefasto’ y lo dije por los antecedentes. Quizá los términos que usé no fueron los mejores, pero los catamarqueños conocen el fraude de la obra del siglo, por ejemplo. También se sabe de la relación de amistad que tenía Zitelli con Mercado. Nunca debió hablar así de un amigo. Es lamentable que lo haya hecho estando Mercado muerto. También es de público conocimiento que Zitelli es un dirigente político, como que estuvo a cargo de la intendencia de Miraflores durante la dictadura, fue candidato a diputado nacional y tenía una línea interna dentro del PJ”. Sobre esto, claramente, no queda ninguna duda. Zitelli es un hombre político, hace política y vierte sus estrategias en el diario, de quien es dueño absoluto. No escribe las cosas él, pero lo hacen sus periodistas pagos, los cuales tienen cero independencia para movilizar opiniones personales, conforme lo confiesan en la intimidad.

A la hora del debate final por el duelo Zitelli-Sánchez, la abogada Ana Laura Frías afirmó cosas que no se compadecen con la realidad y que ningún juez o tribunal las puede creer. Indicó la profesional del Derecho: “El querellado (por Sánchez) dijo que eran verdades los conceptos esgrimidos en El Esquiú.com, nunca se retractó y solo se limitó a dar explicaciones”. A partir de allí, la doctora Frías apuntó algo increíble: “El señor Zitelli no es una persona política, es un empresario a cargo de la dirección de diario El Ancasti y no es editor, ni está a cargo de la redacción”. La respuesta de Luis Sánchez, abogado de Pablo Sánchez, no se hizo esperar: “Existen circunstancias o realidades que no se pueden desconocer, tales como los problemas que tuvo el señor Zitelli con la Justicia, entre otros, por la “obra del siglo”. Además, este señor es quien maneja El Ancasti ‘a gusto y piacere’, incluso utilizando ese medio para defenestrar a la Justicia. Tampoco puede desconocer el señor Zitelli su condición política: es dueño de una radio que trasmite temas políticos, fue candidato a diputado nacional y cumplió funciones de vicepresidente de Fabricaciones Militares. Todo ello es de público conocimiento y fue publicado por El Esquiú.com. Por otro lado, Pablo Sánchez es un dirigente político y el señor Mercado fue un político. Es decir, el objeto de esta causa es puramente una cuestión política entre hombres de la política, donde debiera primar la templanza. El señor Zitelli es un hombre de la política y no se puede negar que El Ancasti tiene una actividad pública y siendo el dueño del diario, nadie pensaría que publicaciones con este tipo de contenidos puedan hacerse al margen de su voluntad. Pablo Sánchez se refirió a Zitelli como “lamentable empresario” y “cobarde”. Es habitual que se digan este tipo de cosas entre políticos y nadie presenta causa en la Justicia por eso”.

Independiente de la monumental falsedad que representa decir que Zitelli no tiene nada que ver con las informaciones o comentarios que publica El Ancasti, el tribunal llegó a una conclusión que está íntimamente relacionada con el alegato de la doctora Frías. Esta fue la sentencia: “Es dable advertir que el discurso ensayado por la querella no contiene formalmente una acusación, toda vez que, más allá de no precisar circunstanciadamente la base fáctica –aunque más no sea remitiéndose al escrito inicial- lo real y cierto es que no existe un pedido concreto de pena en contra del acusado; extremo que neutraliza cualquier sustento legal válido para fundamentar una sentencia condenatoria”. Más allá del pleito entre dos políticos, es bueno recordar que no es la primera vez que el señor Zitelli exige reparaciones. En su momento demandó al exgobernador Ramón Saadi por haberle endilgado un apodo o a un periodista de un diario digital por haber publicado comentarios de la gente que, hoy en día, son moneda corriente. En síntesis. Los dirigentes políticos, del nivel que sean, no tienen en la Justicia un trato igual al de un ciudadano común. El dato más notorio fue la acusación del senador Oscar Castillo contra el dirigente Alfredo Marchioli, en el sentido de haber cobrado un soborno de 200.000 pesos al gobierno provincial para hacer una pericia sobre la tragedia de El Rodeo. Cuando lo citó la Justicia, lacónicamente, indicó Castillo que se trataba de una cuestión política que no hacía a la persona de Marcolli. Por ello habría que decir que el ataque contra Pablo Sánchez, virtualmente, fue “una zitelliada”.

Dentro de la causa por las supuestas coimas que, en los años 2003 y 2004, se habrían pagado para conseguir obras del kirchnerismo, se repiten flagrantes contradicciones. La obstinación de Jorge Marcolli y el testigo Rivera por acusar a Dusso deja más dudas que certezas, toda vez que en el tiempo que hipotéticamente sucedieron los hechos había un gobierno formal que, sin dudas, tiene que responder por las actuaciones que pudieron ocurrir en la provincia. Lo de considerar que el actual ministro, sin siquiera ser funcionario de niveles intermedios, tenía poderes extraordinarios para digitar el reparto en la construcción de viviendas, es puro voluntarismo. Aparte, está llegando la hora de decir la verdad. Se trata de una causa absolutamente mediática, que nació de esa forma y sigue de la misma manera. En este sentido, llama la atención que los asesores legales de Dusso guarden silencio y permitan, muchas veces sin mínimos fundamentos, que se hable o se diga cualquier cosa. Cuando ocurren estas cosas en el marco de causas mediáticas, quedarse corto no es la mejor recomendación. No nos imaginamos que un Burlando o un Cúneo Libarona, por nombrar dos abogados que enfrentaron pleitos de esta naturaleza, no salgan al toque a replicar acusaciones cuando tienen argumentos para hacerlo. Ojo con esto: en la Argentina de estos tiempos, no pocas causas terminan definiéndose en los medios de prensa.

Días pasados, fue presentada como una gran noticia que dos empresarios de la construcción –Víctor Núñez y Jorge Lobos- confirmaran la existencia de la Asociación de Empresas Contratistas del Estado que, hace 15 años, presidiera el ingeniero Rubén Dusso. ¡Vaya novedad! Con solo repasar los diarios de la época, a grandes titulares, figura la creación de este organismo que, para una información verdaderamente seria, nació de una interna que explotó en la Cámara de la Construcción donde, al parecer, no pudieron convivir los adeptos al kirchnerismo que había conseguido acceder al poder y los menemistas que venían de morder el polvo de la derrota. Pero, claro, cualquier yuyo puede ser utilizado para el menjunje mediático. Por ejemplo, mezclar las informaciones locales con las nacionales y referir que se ha descubierto una cuenta de 20 millones en dólares, en Suiza, que pertenece a Carlos Wagner. ¿Qué descubrimiento es ese si la cuenta de referencias estaba declarada en la AFIP? Aparte, convengamos que este Wagner –expresidente de la Cámara de la Construcción nacional- no es ningún trigo limpio, como la inmensa mayoría de los empresarios. Confesó, no negó, haber participado de los circuitos de coimas.

RECUERDOS.

El último bloque, como es habitual, incluye recuerdos preferentemente políticos de hace 25 años.

En octubre de 1993, a casi dos años de la asunción del Frente Cívico como gobierno, era privatizada la vieja terminal de ómnibus de Catamarca. El acuerdo lo firmaron el empresario adjudicatario, Guido Mogetta y el gobernador de la provincia de entonces, Arnoldo Aníbal Castillo.

La medida mereció durísimas críticas. Primero porque no se llamó a licitación y segundo porque las condiciones de funcionamiento eran leoninas a favor del empresario chacarero que, de alguna forma, por ser el propietario de una empresa de transporte –Líneas GM- era juez y parte en el negocio.

Además, por el término de dos años, no debía pagar nada al Estado. En cambio, desde el día uno pasó a cobrar los alquileres del predio de avenida Güemes, entre Tucumán y Vicario Segura.

El canon mensual, a partir de 1995, fue otra de las prebendas, como que cuando se cortó el contrato con la provincia, ya en el gobierno de Lucía Corpacci, ese canon era casi una burla. Más allá de estas situaciones de franca ventaja, Mogetta llevó adelante una obra de importancia que importó cambios en la planta baja y un primer piso para bares, salón de juegos y salas de cine. 

El Esquiú.com