El tratamiento del presupuesto, como se preveía, estuvo rodeado de protestas y tensiones que obligaron al gobierno nacional a montar un impresionante operativo de seguridad en los alrededores del Congreso, donde militantes políticos y sindicales expresaron con contundencia el rechazo al ajuste que está previsto para 2019 y que, conforme lo sostiene la oposición en general, lleva la clásica letra del Fondo Monetario Internacional. En las primeras horas de la tarde se produjo un corte de la sesión por graves incidentes entre militantes de izquierda y las fuerzas del orden. Hubo balas de goma, piedrazos, gases lacrimógenos y carros hidrantes pretendiendo disuadir a los manifestantes, lo que derivó en una treintena de detenidos. A través de estos lamentables sucesos, sin dudas, quedaron reflejadas las imágenes que, una vez más, recorrerán el mundo mostrando el descontento social. Así las cosas, se confirmó que el gobierno puede conseguir la ansiada aprobación (con el apoyo de peronistas que velan por la estabilidad en las provincias, en orden a la lógica perversa de votar para permitir que sigan fluyendo los fondos), pero tendrá antes un costo político de sangre y heridos. Como lo dijimos antes, la batahola era absolutamente previsible. ¡Una expresión de los tiempos que vivimos los argentinos!

Detrás de los incidentes y de las necesidades existenciales del gobierno, los analistas políticos seguían, bien de cerca, las conductas de los representantes de la oposición. En ese sentido, no llamó demasiado la atención el apoyo que brindaron legisladores misioneros y salteños que responden a sus gobernadores –Hugo Passalacqua y Juan Manuel Urtubey- para alcanzar el quórum y la puesta en marcha de la sesión. En el caso de Urtubey, una crónica anunciada. El joven mandatario está totalmente consustanciado con los intereses de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la dupla que encabezará la oferta electoral 2019 de Cambiemos. En ese sentido, un chiste de la última edición de la revista Barcelona, lo resume todo en una imaginaria apreciación de Urtubey el Día de la Lealtad: “soy peronista de Mauricio y Eugenia”. Este tema, cabe destacarlo, toca muy de cerca al senador nacional por Catamarca, Dalmacio Mera, férreo aliado de su primo gobernador y, por lo tanto, muy próximo a Cambiemos. De hecho, sus últimas votaciones en el Senado hablan por sí solas y, por otra parte, hay que convenir que Mera nunca se sintió incómodo con los radicales y el Frente Cívico de Catamarca. Las fotos con Fama u Oscar Castillo son prueba irrefutable de lo expresado.

La UCR local, aunque existan dos bandos perfectamente diferenciados, se mantiene en debate. El sector que está fuera de la orgánica partidaria (Brizuela del Moral, Guzmán, Pernasetti, Acuña, Vázquez Sastre, etc) une sus acciones al PRO y a la Coalición Cívica, mientras que el castillismo no deja de lado analizar la movida nacional que intentaría llevar adelante la precandidatura presidencial de Martín Lousteau para una virtual PASO con Macri o Vidal. Hay que destacar que el exministro de Economía de Cristina Kirchner y exembajador de Macri en los Estados Unidos mantiene estrechos lazos con el presidente del comité nacional, Alfredo Cornejo, y con ese gran armador en las sombras que es Enrique “Coti” Nosiglia, íntimo de Oscar Castillo desde hace décadas.

El pedido de juicio político a dos de los cinco integrantes de la Corte de Justicia –José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva- continúa bajo análisis de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuyos miembros –extraoficialmente- dieron a conocer que se remitieron varios exhortos y todos fueron respondidos en los plazos normales. Así lo hizo la propia Corte de Justicia, la Fiscalía de Estado o el Colegio de Abogados. La única demora estuvo a cargo del ANSES, el organismo nacional que, en Catamarca, conduce nada menos que Fernando Capdevila, un dirigente íntimamente relacionado al Frente Cívico y a quienes, en su momento, sostuvieron los nombres de Cáceres y Sesto de Leiva. Sería bueno que deje de lado todo tipo de parcialidad y responda al pedido de la Legislatura, en orden a que se trata de la obligación que tiene como funcionario del Estado. A partir de su respuesta, agregamos, la comisión estaría en condiciones de producir despacho y hacer que el proyecto comience a ser debatido por el pleno del cuerpo.

Con la denuncia de supuestas irregularidades en la contratación de maquinarias por parte de Vialidad provincial, comienzan a moverse intereses políticos y mediáticos. En ese sentido, se señalan como desbordes institucionales prácticas que, más que delitos, tienen que ver con lo formal. Por ejemplo, la presentación de títulos de los vehículos, los cuales pudieron haber sido adulterados, pero no representan un desliz del organismo, desde el cual se ofreció analizar toda la documentación a quien desee. De esa orientación, se pidió una auditoría a la Fiscalía de Estado, se entregaron los expedientes al fiscal Marcelo Sago y hasta se respondió a un pedido de informes de la oposición legislativa. En lo que hace a superposición de una misma máquina operando en diferentes lugares, se aclaró que se trata de comodatos o préstamos que se practican entre los propios empresarios, a los cuales ni por cerca vamos a defender si llegaron a cometer alguna trampa legal. Por último, está muy bueno que Vialidad haya cambiado a todos los integrantes del departamento de Licitación y Compras y que, de ahora en más, se exija a los empresarios que presenten el título original de una máquina para compararlo con la certificación de escribano que es la única que queda en el organismo.

Para bien o para mal, el abogado Luciano Rojas es uno de los profesionales del Derecho con mayor conocimiento público. Ha estado presente en juicios y pleitos importantes y su conducta, en diversas oportunidades, ha sido observada desde los medios de comunicación. Lo que no sabíamos es que, residiendo en el Valle Central, fuera el fiscal municipal del intendente Alejandro Páez en la ciudad de Andalgalá. Y hoy se encuentra en medio de un escándalo institucional que ha derivado en una denuncia penal en su contra y en contra del propio intendente. Fue presentada por el concejal peronista Sebastián Almada, uno de los pocos que no responde al Lord Mayor y presidente del comité provincial de la UCR en el CD. Deberá responder ahora el fiscal Alejandro Scidá sobre lo que, a prima facie, aparece como una evidente incompatibilidad de funciones.

El embrollo que termina con Luciano Rojas en el medio, de acuerdo a lo que informaron los medios andalgalenses, comenzó por una cuestión casi doméstica. A la ciudadana Fernanda Villagrán, durante un control de tránsito, le secuestraron su moto, la que fue a terminar en un corralón. Para recuperarla tuvo que pagar $3.000 pero, para sorpresa suya, se encontró con que al vehículo le faltaban la batería y el carburador. Ello la llevó a denunciar a la Municipalidad de Andalgalá en la persona de un sereno, Willian Santillán, que es becado y que habría sido ubicado por las cámaras de seguridad. Allí es cuando aparece Rojas como abogado de Santillán quien, casi con seguridad, ha perjudicado a la Municipalidad que Rojas tiene la obligación de defender. Más o menos como que se puso a ambos lados del mostrador y eso es lo que ha denunciado el concejal Almada, que entiende que el defensor del Estado municipal no puede velar por los intereses de alguien (Santillán) que le habría provocado un daño al propio Estado. A partir de allí surgen los planteos por la legalidad del accionar de Rojas. Desde lo político, salta una pregunta inevitable: ¿por qué Páez nombró fiscal municipal a un profesional que ni siquiera reside en Andalgalá y que, por lo que dice Almada, no cumple horario alguno?

RECUERDOS.

El último bloque, como es habitual, incluye recuerdos preferentemente políticos de hace 25 años.

Un día como hoy, pero hace exactamente un cuarto de siglo, la agenda pública era dominada por una curiosa y casi extraña información. Daba cuenta que el exgobernador y actual senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, había resultado secuestrado por autores desconocidos. Asimismo, se indicaba que el hecho se habría producido en un motel de la Capital puntana, donde el reconocido funcionario habría concurrido con una dama. A las 24 horas, reapareció Rodríguez Saá y sobre su conducta se tejieron los más variados comentarios, en directa correspondencia con la morbosidad del caso.

Mientras tanto, en Catamarca, para la misma fecha, se producía la asunción como ministro de Economía de quien ese momento ejercía como ministro de la Producción, esto es, Hernán Colombo, el actual Secretario de Estado de la gobernadora Lucía Corpacci. De hecho, Colombo ejerció por un bien tiempo como doble ministro y figura central del gobierno de los años 90. 

El Esquiú.com