La media sanción al Presupuesto nacional en la cámara de Diputados, aunque previsible, originó algunos comentarios por el “apoyo” que representantes de provincias abiertamente opositoras brindaron en el Congreso al proyecto de Casa Rosada. ¿Cómo se puede al mismo tiempo rechazar las medidas de ajuste y avalar la norma que oficializa los recortes? El planteo, legítimo desde la lógica, invita a caer en una trampa dialéctica, que podrá eludir fácilmente cualquier ciudadano que tenga una noción básica del marco en que se desenvuelve la relación entre Nación y Provincias.

Para ahorrar eufemismos lo expresaremos directamente: en Argentina el federalismo no existe. No hay un diálogo abierto y consensuado entre las jurisdicciones provinciales y el poder central, estableciendo objetivos comunes y trazando el modo de alcanzarlos. Hay un sistema verticalista donde la autoridad máxima utiliza su responsabilidad de administrar los recursos como herramienta para mantener a raya, presionar y llegado el caso extorsionar para lograr sus propios fines.

En ese entendimiento, una provincia rebelde puede ver comprometido su funcionamiento básico y hasta el pago de sueldos. Lo saben todos los gobernadores y es natural que prioricen por ello las necesidades de su gente. Más aún, es valioso que logren cerrar compromisos (condonación de deudas, obras, etc.) al momento de fijar su posición. Más cuestionable resulta, en todo caso, que aquellos que tan airadamente se quejaban de supuestos sistemas de premios y castigos impuestos por Nación, convertidos en oficialismo apliquen una versión tan evidente de la metodología que condenaban desde el llano.