En forma exclusiva, El Esquiú publicó el pasado domingo la opinión del diputado nacional y precandidato presidencial por el peronismo, Felipe Solá, sobre la relación de la Nación con las provincias. Lo hizo a propósito de la reciente media sanción del presupuesto, de la que participó como férreo opositor al proyecto del Poder Ejecutivo. No pudo ser más gráfico en sus respuestas el exgobernador de Buenos Aires quien, de arranque nomás, afirmó que el “federalismo no existe” y que el sistema macrista de reparto de los recursos es verdaderamente “humillante”. De esta forma, justificó la posición de los legisladores que provienen de provincias como Catamarca (son los casos de Gustavo Saadi y Silvana Ginocchio), donde gobierna el peronismo. “Han tenido que votar como lo hicieron, si no desde el otro lado no les atienden más el teléfono”, indicó antes de reiterar “ese te doy o no te doy es humillante”. La posición de Solá que, junto a otros cinco diputados, acaba de quebrar el bloque del Frente Renovador que responde a Sergio Massa, desecha completamente que la votación haya significado una dispersión del peronismo. A excepción de los votos que responden a los gobernadores de Salta y Córdoba, virtuales aliados del poder central, el resto de los legisladores “negoció” el voto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tal como lo reseñó el bien informado diario digital “la política online” que, en el caso de Catamarca, habla de un “plan canje” por 400 millones para construir viviendas.

Respecto al reportaje con Felipe Solá, vale la pena aclarar que fue realizado por el exdiputado intransigente, Pablo Ernesto Sánchez, quien al parecer ha abandonado definitivamente la política para dedicarse a la actividad periodística. Desde el año anterior, como respuesta a ataques judiciales en su contra, decidió retomar la actividad que supo desarrollar en las décadas del 70 y 80. Recordemos que, en aquellas épocas, Sánchez era periodista del desaparecido diario El Sol, junto a figuras recordadas como Alberto Bamonte, Jorge Jalile, Isaac Acosta, Kelo Molas o Daniel Lozada, entre otros. Con la restauración de la democracia en la Argentina, representando al PI (integraba la alianza del Frente Cívico y Social), resultó electo diputado provincial en 1991, cargo que iba a mantener hasta diciembre de 1999.

Dentro del paquete que habría arreglado la provincia de Catamarca con Frigerio y que aseguraba los votos de Gustavo Saadi, Silvana Ginocchio e Inés Blas de Zamora (votará a favor cuando llegue el debate en la Cámara de Senadores), se incluye una quita del 50% de lo que la provincia debe a Cammesa (mercado mayorista de la energía) que, según cifras extraoficiales, asciende a los 2.000 millones. Esta situación, que nadie sabe exactamente cómo es, ya dio lugar a los más variados comentarios, especialmente desde filas de la oposición local, donde por ejemplo la diputada Marita Colombo indicó “en caso de que Nación asuma los costos, se cae el discurso de la empresa distribuidora de energía”. Para ella, resulta inexplicable que EC Sapem no haya pagado en término y, por lo visto, le disgusta cualquier tipo de condonación. Es como si pretendiera que su provincia, donde nació, se crió y logró las más altas representaciones (fue secretaria de Estado, legisladora nacional y provincial, con tantos mandatos como para discutir lo más alto del podio) tuviera el peor de los destinos porque la gobierna una fuerza distinta a la suya. No es la primera vez que la diputada tiene este tipo de conductas. Recordemos que cuando la Nación pretendía quitarle a Catamarca la concesión de Minas Capillitas, no le tembló la voz para decir que era una miseria lo que, en concepto de canon, su provincia le pagaba a Fabricaciones Militares. Comprendemos perfectamente el marco político de los acontecimientos, pero pregonar escandalizada en contra de la provincia es un auténtico despropósito. Y si vamos a comparar, durante los 20 años del Frente Cívico, no recordamos un legislador opositor que haya andado levantando adhesiones en contra de Catamarca. Las disputas eran de cabotaje.

Volviendo al tema de Cammesa, es cierto que hubo negociaciones con la Casa Rosada, pero llevarlas a cabo es tarea compleja. Es que la administradora del mercado eléctrico no pertenece al gobierno, sino que es una empresa privada y, por lo tanto, sus accionistas no entregan nada gratis. Necesariamente se requiere de una triangulación donde será imprescindible el entendimiento de la Nación con Cammesa para otorgarle a Catamarca el alivio comprometido. En más, resulta irresponsable el contumaz pronunciamiento “ahora se va a hacer cargo la Nación de pagar la fiesta de EC Sapem”. Aquí no hubo ninguna fiesta, en orden a que en 2011 había que hacer esfuerzos extraordinarios para recuperar una provincia que, energéticamente, había sido quebrada por inescrupulosos del universo empresario. De hecho, el titular del organismo local de energía, Raúl Barot, aclaró ayer que no hubo ninguna condonación de deuda como se vino sosteniendo en los últimos días. Lo que sí existe, con el gobierno nacional de por medio, es la posibilidad de alcanzar un acuerdo y separar deudas viejas de las nuevas, aparte de establecer plazos de pago e intereses. ¡Terminemos con las mentiras y/o las invenciones!

La investigación de las supuestas coimas que se habrían pagado hace quince años, aunque se pretenda forzar situaciones de hecho, sigue siendo materia opinable. En el arranque de la semana se volvió a menear la cuestión a la que se pretende institucionalizar como “Causa Dusso”, en alusión al actual ministro de Obras y Servicios Públicos que, durante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, no era funcionario y actuaba como cualquiera de los empresarios de la construcción de nuestro medio. En relación con la identidad que se pretende lograr con la denuncia que, 12 años después de los supuestos hechos, presentara el empresario Jorge Marcolli, hay que recordar bien el fallo del fiscal federal Santos Reynoso, autor de las imputaciones contra Rubén Dusso y José López, un vulgar estafador que se hizo famoso revoleando los bolsos cargados de dólares por sobre la tapia de un convento bonaerense. En ese sentido, es necesario remarcar que el principal imputado es este López, sobre el que pesa una sospecha diferente a la de Dusso, a quien Reynoso ubicó como “partícipe necesario”. Así las cosas, si habría que ponerle nombre a algo demasiado vidrioso como lo que investiga la Justicia, debería llamarse “Causa López”. Que se la denomine “Dusso” es indicador evidente de objetivos subalternos de quienes montaron lo que tiene todas las características de una operación política.

Sobre la causa propiamente dicha, más allá del chamuyo barato, no hay nada que pueda considerarse nuevo. La declaración pendiente de los exfuncionarios de Brizuela del Moral cuando éste era gobernador, Pedro Molas y Eduardo Brizuela del Moral (h), se conoce desde hace rato, lo mismo que los exhortos requeridos al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dados a conocer por este medio hace más de un mes. Lo mismo vale para los convenios del Plan Federal de Viviendas, que lo firmó el exgobernador (no Dusso) o las cuentas del Banco Nación que, como en otros momentos, se crearon para que el gobierno nacional depositara los montos de obra. Que de allí algún constructor haya destinado dinero para coimas es harina de otro costal, aunque todos los que fueron a declarar negaron rotundamente haberlo hecho. En cuanto a la creación de la Asociación de Empresas Contratistas del Estado, en 2003, no hace falta ninguna ratificación de los empresarios o de los denunciantes. Esa situación la Justicia la comprueba con solo revisar los diarios de la época, en los cuales se informa de la nueva entidad. Con ello, lo único rescatable sería que el juez federal avanzaría hacia una investigación mucho más completa que la del fiscal que, prácticamente, dejó de lado el comportamiento que pudieron tener las autoridades de la época y los empresarios, todos inocentes según su criterio. Por cierto, lo del juez Contreras, falle como falle, es lo que corresponde.

RECUERDOS. El bloque final, como siempre, contiene el repaso de acontecimientos de los últimos 25 años.
Como lo apuntamos en una entrega anterior de los “Apuntes”, hace un cuarto de siglo, la actividad política en el país tenía como centro de atención la posibilidad que el riojano Carlos Menen, a la sazón presidente constitucional, pudiere ser reelecto en 1995. Para ello había que modificar la Constitución que, desde 1853, toleraba solamente un mandato de seis años. Por ese motivo se destacaba la media sanción que lograba, en la cámara de Senadores, el proyecto que declaraba la necesidad de la reforma. La medida, por rigor reglamentario, salió por los dos tercios de los votos. 32 manos se alzaron por la aprobación y 16 permanecieron bajas en señal de oposición. Hay que recordar que en 1993, la cámara alta estaba conformada por 48 miembros, no por 72 como en la actualidad, en razón que se nominaban dos senadores por provincia. Desde 2001 fueron tres.

A la par de la votación en el Senado de la Nación, el gobierno apuraba la movida política convocando a un plebiscito para el 21 de noviembre de aquel año. La idea era forzar los dos tercios en la cámara de Diputados, la que debía dar la sanción definitiva a la iniciativa reformista. Merece consignarse que aquel plebiscito no iba a ser necesario, toda vez que radicales y peronistas lograron un acuerdo previo.

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