Apuntes del Secretario

El Judicial es el Poder más desprestigiado de la Argentina. Supera, holgadamente, a la política y los pulpos empresarios, lo que ya es mucho decir. Sin embargo, reconocemos que dictar justicia no es cuestión sencilla y requiere –para bien o para mal- de personas con temple para hacerlo, lo que no es el caso del fiscal federal, Santos Reynoso, un becario del peronismo que recibió los favores de gestión del exgobernador Ramón Saadi para llegar al cargo que ocupa y desde el cual pretende practicar un incomprensible eclecticismo, esto es, fijar posiciones intermedias aunque la verdad vaya por cualquier lado. Es lo que acaba de hacer con una denuncia pública que nació, creció y fue alentada por un medio de comunicación acostumbrado a estas operaciones, al punto de extorsionarlo hasta el extremo de exigirle, a través de una nota editorial titulada “se terminaron las gambetas”, que dictaminara “rapidito” sobre supuestos hechos que ocurrieron 15 años atrás, cuando gobernaba el Frente Cívico, y una persona que no participaba de ese gobierno –Rubén Dusso- pudo haber oficiado de intermediario de coimas triangulares entre las empresas y el gobierno nacional. Todo muy poco serio, maloliente y no creíble. Una cuenta más para para la cadena de exabruptos que nacen de la Justicia en los tiempos modernos.

Al analizar el reciente fallo del fiscal Reynoso, que imputó a Dusso y al despreciable José López, ni por asomo se nos ocurre defender al primero. En todo caso que se defienda él. Pero como conocemos el expediente y sabemos, perfectamente, lo que hay y no hay dentro de él, podemos afirmar que la instrucción y la investigación representan un verdadero mamarracho que habrá de caer en el propio juzgado federal o en instancias superiores. Es que no se puede imputar a una persona que, supuestamente, recibió coimas de más de 20 empresas y dejar a éstas al margen de toda responsabilidad. Pretender convertir a los constructores en víctimas de una maniobra de esta naturaleza, a través de lo que legalmente se llama concusión, es chiste de mal gusto. Es tratar de estúpida a la ciudadanía y a los que entienden cómo funciona, desde tiempos inmemoriales, la obra pública. A nadie, por prácticas que son como reglas no escritas, jamás se le puso una pistola en la sien para que entregue dineros que, paradójicamente, lo va a terminar beneficiando. ¡Así se financia la política en la Argentina y en muchos puntos del orbe!

Independiente del tema de las empresas, las que en algún momento si fueron obligadas a “depositar” en El Ancasti (llegado el caso, abordaremos esta cuestión), en el expediente las afirmaciones son las menos. A Marcolli, el primer denunciante, le quitó una obra el IPV y la Secretaría de la Vivienda que dirigían Eduardo Brizuela del Moral (h) y Pedro Molas. No fue Dusso, porque ni siquiera era funcionario. Tampoco López, que no revistaba en la provincia. A la cuenta bancaria, donde teóricamente se depositaban las coimas, la creó el Plan Federal de Viviendas que firmó el exgobernador Brizuela. El vuelo para llevar las mismas coimas, nunca aterrizó en Catamarca en la fecha indicada. En los cuadernos de Centeno, por los que pidió informe Reynoso, no figura Dusso ni las empresas. En fin. Para el criterio de este atormentado fiscal alcanzan la sola denuncia de Jorge Marcolli y la ratificación de un solo testigo, Fernando Rivera, amigo íntimo y virtual subalterno de algún dueño del medio que disparó la denuncia, conforme lo expresa púbicamente.

Volviendo al fiscal Reynoso y al caso que le tocó resolver, si es que se le puede llamar resolver. Aparte que dejó exento de responsabilidad a todo el gobierno que gobernaba cuando habrían ocurrido los “pase de mano” y a las empresas que, expresamente, negaron en el expediente haberle pagado algo al ciudadano Dusso (recién asumió como funcionario en 2011, durante el primer mandato de la administración Corpacci, ajena a todo este caso), apenas firmó la imputación y el mamarracho de la concusión, presentó una licencia por 60 días. Una actitud casi cobarde e impropia de un funcionario judicial que debe dar la cara por sus fallos. Hasta Bonadio o Stornelli, que no tienen que dictaminar minucias, salen al frente y, sin que huyan, se bancan recusaciones, apelaciones y cuanta impugnación vaya surgiendo. Lo de Reynoso no tolera paliativos, aunque sabemos por fuentes seguras que el hombre no se bancó las presiones mediáticas y prefiere lograr, en el menor tiempo posible, una jubilación como fiscal, un cargo que evidentemente le queda muy grande. Con esto no volvemos atrás respecto a afirmaciones de otros tiempos. Sabemos que es un hombre trabajador, pero, como lo dijimos antes, sin ningún temple para aguantar la alta presión o que le enrostren no ser abogado, lo que ya ocurrió.

También merece destacarse, por las dudas nuestros lectores lo ignoren, que el fiscal de la discordia, conoce al dedillo de obra pública. Fue asesor legal de Obras y Servicios Públicos –el ministro era el extinto Eduardo Toledo- durante el gobierno de Ramón Saadi y, ¡oh casualidad!, le tocó firmar un dictamen favorable a la “obra del siglo”, el monumento a la corrupción que fue la obra de cloacas que se cobró y no se hizo y que tenía como responsables a los actuales propietarios de El Ancasti, el diario que, con sus formas, lo acicateó a que definiera, “sin gambetas”, lo que pudo ocurrir hace 15 años. Recordemos que en la “obra del siglo”, conforme lo dijeron los abogados querellantes, “toda la estructura del Estado, de Obras Sanitarias y de los distintos niveles de conducción y decisión, como así los organismos de control fallaron y dejar pasar terribles irregularidades que configuraron delito. El Estado, como en muchos hechos de corrupción, sufrió la indefensión de todo el espinel político”. ¿Incluimos aquí al fiscal federal? ¿O, siendo asesor, era ignorante de lo que ocurrió con la obra del siglo?

La oposición salió con los tapones de punta con el objetivo de asociar la imputación que, en definitiva, no es más que “un estado de sospecha”, con la corrupción estructural. Los diputados Rubén Manzi y Marita Colombo fueron los más incisivos. El médico y probable precandidato a gobernador 2019, aclarando que no pretende prejuzgar, pidió que Dusso dé un paso al costado hasta que se resuelva la situación, mientras la dirigente chacarera entendió que la gobernadora debería separar del cargo, inmediatamente, al actual ministro. Todos excesos que se inscriben dentro de la lucha política y olvidan que, en nuestra provincia, hubo decenas y decenas de imputados, desde la restauración democrática, que permanecieron en sus cargos y ni amagaron con retirarse. Lo que sí es rescatable de Colombo y que coincide con el presente comentario de la fecha es una opinión referida a los empresarios: “pensar que hay víctimas inocentes no convence”. Ese punto, por un elemental razonamiento, será de inevitable análisis del juez Miguel Ángel Contreras a la hora de ratificar o rectificar las curiosas conclusiones del fiscal. En ese sentido, el juez fue sobrio y escueto, al afirmar “hay que ver si efectivamente la imputación o la sospechabilidad tienen respaldo en las pruebas o no”.

Rubén Dusso, un hombre reconocido por su afabilidad y respeto, recibió múltiples muestras de apoyo en las redes sociales. Si bien es cierto que la mayoría de ellas provinieron de militantes del peronismo, también las hubo de sectores independientes que lo conocen por su labor como empresario y por distintas actividades sociales, entre ellas el deporte. Lo que llamó la atención fue el silencio oficial del gobierno que le toca integrar y hasta de su propio abogado, la persona más indicada para comenzar a aclarar un tema donde, aparte de lo mediático, juegan un papel fundamental los resentimientos de personas que no habrían recibido obras en “los tiempos de Dusso”. Desde el entorno de Lucía Corpacci, por otra parte, se tendrían que haber aclarado –por lo menos- los tiempos políticos y los pormenores de la causa, los que nada tienen que ver con su gobierno.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, el último bloque de los “Apuntes” incluye los acontecimientos políticos del pasado.
El 3 de octubre de 1993 se llevaron a cabo las elecciones nacionales y provinciales de renovación legislativa. En la provincia despertaron gran interés porque, después de la gran victoria de Arnoldo Castillo sobre Ramón Saadi el 1 de diciembre de 1991, se disputaba una especie de revancha. Si bien ambos no participaron directamente –el caudillo radical era el gobernador y Saadi revistaba como diputado nacional-, quedaba claro que el enfrentamiento era entre ellos. Volvió a ganar el Frente Cívico, que cosechó 59.398 votos contra 49.397 del PJ. La Opción Provincial, un entramado peronista que financiaba el propio gobierno provincial, en acuerdo con el menemismo, y tenía como representantes a Mario Fadel y Guillermo Rosales, apenas logró 6.601 votos. Es decir no consiguió los necesarios como para hacerlo perder al PJ, que era lo que buscaba. La UCR, simplemente, sacó más que ambas propuestas juntas. En cuarto lugar, con 6.283 votos quedó el Frente de Unidad Catamarqueña (FUC), que capitaneaba el abogado Pedro Rodolfo Casas.

Paradójicamente, las opiniones principales de aquella histórica contienda electoral, corrieron por cuenta de la Opción Provincial, la formación peronista que concurrió a las elecciones por fuera del PJ. Una de las más irónicas fue la del exlegislador Mario Fadel que, pese a perder catastróficamente, indicó que “Saadi debe dar un paso al costado. Es un elemento que hace que los comicios, cada vez que aparece su figura, se tornen plebiscitarios”. El exembajador Guillermo Rosales fue más cauto: “los resultados no conformaron nuestras expectativas”. 


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