El descalabro económico, las corridas cambiarias, los ajustes, los despidos y el endeudamiento infinito, golpean duro a los argentinos, y aunque se imponga oficialmente el discurso de la necesidad de ordenamiento y el esfuerzo conjunto; prevalece en la sociedad la idea de que no todos los estamentos padecen la misma suerte. 
En otras palabras, que mientras unos pagan los platos rotos, otros se benefician con sus pesares.
El sentimiento de que se aplican políticas que castigan a los más vulnerables y hacen un guiño a los más poderosos, no cuenta sólo con indicios que lo respaldan, sino con pruebas tangibles.
Allí se enmarca la última decisión del Gobierno de Mauricio Macri, al resolverse que las distribuidoras de gas podrán cobrar a todos los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la disparada del dólar.
Es, para decirlo de un modo sencillo, una suerte de plus que se agrega a las tarifas ya establecidas e incrementadas, que permitirá a las empresas cobrar más y no sufrir los efectos de la fiebre verde.
En números, la medida equivale a un ingreso nuevo para los empresarios que ronda los 10.000 millones de pesos.
Si necesitan las distribuidoras ese gigantesco aporte, es algo que puede evaluarse. Lo insólito es que tengan que pagarlo los usuarios. Se trata de los más pequeños sosteniendo a los más grandes.
En hogares donde el sueldo es cada vez más flaco, las familias deberán pagar más y más, para que los grandes empresarios no padezcan el cimbronazo de los desmanejos económicos.
¿Por qué el Gobierno usa al sector menos solvente del país, al que más asfixiado está, para ayudar a grandes grupos económicos?
Al parecer responde a la política elegida para conducir el país, aunque los mensajes publicitarios sugieran lo contrario.