Posiblemente hoy, si así lo acuerdan los senadores, podría comenzar a tratarse la iniciativa de suspender, por única vez, las primarias –o PASO- correspondientes a la elección 2019. El solo anuncio de la cuestión, como se sabe, despertó variados comentarios y especulaciones, los que naturalmente llegan al punto de relacionar el proyecto con la determinación de la fecha de los comicios provinciales, sean éstos en marzo u octubre. El argumento central del gobierno tiene que ver con la situación económica. Promover la doble votación, es cierto, cuesta dinero, pero el doble gasto se compensa con la democratización de los partidos políticos, que fue el argumento para aprobar la ley que, como los políticos recuerdan, fue impulsada por Lucía Corpacci y llevó tiempo materializarla por la renuencia de algunos legisladores opositores, por ejemplo el senador Castillo, quien registra una frase célebre en los prolegómenos del tratamiento parlamentario. “Quieren las PASO para solucionar la interna del gobierno”, supo decir sin siquiera pensar que, a la vuelta de pocos años, su propio partido o la alianza que integra las iba a necesitar como un manantial en la inmensidad del desierto.

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La aprobación en la Cámara de Senadores, si la decisión política del gobierno está tomada, será mero trámite. El peronismo tiene allí amplia mayoría. La sanción definitiva de Diputados, en cambio, podría ser distinta y generadora de un espinoso debate. De alguna forma lo adelantó el abogado Horacio Pernasetti, un exdiputado nacional con reconocidos conocimientos constitucionales para quien la anulación de las PASO sería “uno de los hechos más graves que puede ocurrir en la provincia”, en orden a que “afecta a todos los catamarqueños” al impedirles elegir los candidatos de sus preferencias. Conforme al prisma con que se lo mire, esta posición es respetable, mucho más si se tiene en cuenta que, por razones temporales, una convocatoria para el mes de marzo impediría a Cambiemos dirimir sus postulantes a través de las urnas, situación que ya trae el arrastre de la fallida interna por los cargos electivos que partió en dos a la UCR. Ahora bien, no sería tan grave la excepcional anulación si las elecciones se programan, en coincidencia con las nacionales, para octubre. En tal caso, los partidos políticos dispondrían de tiempo para programar sus respectivas procesos internos.

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En el análisis de Pernasetti, complementariamente, nos permitimos discrepar sobre lo que entiende como certeza electoral. Según lo declaró esta misma semana, que la Constitución provincial de 1988 permita programar las elecciones en octubre y, a su vez, otorgue discrecionalidad al gobernador/a para convocarlas “un domingo de marzo”, no representa ningún escollo y no debería ser motivo de una reforma de la Constitución. Sin embargo, son muchos más los que consideran una extravagancia que la elección de las máximas autoridades de Catamarca no sea programada con suficiente tiempo para elegir a sus mejores figuras y presentar sus plataformas electorales. Nos sumamos a este criterio. Y más todavía. Cuando se abrió la posibilidad de la reforma de la Constitución, junto a las reelecciones indefinidas, se aceptó mayoritariamente la necesidad de dejar establecida la certeza electoral. El dilema, cabe destacarlo, no es patrimonio exclusivo de Catamarca. En la mayoría de los Estados argentinos, existen artilugios para convocar de acuerdo a las conveniencias de quien gobierna. Nada que ver con países mejor organizados, como los Estados Unidos, donde se vota el primer martes de noviembre cada dos años. ¡Así de claro!

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Hablando de la reforma constitucional. No estaría mal que oficialistas y opositores, de una buena vez, se pongan de acuerdo en programarla con amplios consensos y aceptando un núcleo de coincidencias básicas que incluya, por ejemplo, diez tópicos que, por más soberana que sea, no puedan ser modificados por una convención constituyente. Un calco de lo que, en 1994, hicieron menemistas y alfonsinistas. Para llegar a ese punto está lo actuado por la Cámara de Diputados local en 2016, cuando existían coincidencias generalizadas sobre la necesidad de cambios, pero, por extrañas razones políticas, faltaron los votos para alcanzar la mayoría calificada que requiere la declaración de reformar. Seguir con el versito de “la oportunidad” de tomar decisiones sobre la obsolescencia del texto de 1988, no es otra cosa que alejarse de necesidades impostergables de actualizar temas como la preservación del medio ambiente o el avance de la tecnología, independiente de suplir los privilegios de la política que tanto critica la gente, al extremo de degradar la noble actividad.

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Siguiendo con la misma temática, la semana pasada se planteó una situación similar en el departamento Valle Viejo. El intendente Jalile, con buena antelación, proyectó reformar la carta orgánica –data de los años 90, como en la mayoría de los municipios que tienen el mismo instrumento legal- y encontró resistencia entre los concejales opositores, los que objetaron el momento de hacerlo. De esta manera, concluyeron en que “tendría que haber una reforma, pero no es ahora el momento oportuno”, con lo cual estos peronistas llegaron a la misma conclusión que los radicales –castillistas y brizuelistas- que impidieron la reforma provincial. Claro está que los argumentos no son exactamente iguales. Los peronistas de Valle Viejo, en atendible posición, entienden que lo mejor sería adaptar la carta orgánica a una Constitución reformada.

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La posibilidad de trasladar empleados públicos, que sobran y en muchos casos no tienen tareas específicas, a dependencias policiales, fue considerada recientemente y recibió el rechazo de las entidades gremiales. Sin embargo, volvería a estar en el tapete en los próximos tiempos. En esa dirección, este jueves tendría ingreso en la Cámara de Senadores un proyecto del representante de Santa María, Raúl Chico, que propone crear la figura del preventor en el ámbito de la Policía policial. La iniciativa, que ya tuviera visibilidad cuando Chico era diputado provincial (después renunció y asumió como ministro de Producción), se asentaría sobre los mismos argumentos de reforzar los planteles policiales y equilibrar el funcionamiento de la administración pública, pero contaría con algunos presupuestos indispensables. Por empezar, quienes acepten un cambio de revista, tendrían que cumplir con un período de capacitación, orientado a absorber requerimientos básicos como prevenir toda perturbación de orden público y, además, recibirían un incentivo dinerario por encima de lo que ganan por incorporarse a las nuevas tareas. También el proyecto alude a un período de prueba de 90 días y la posibilidad, a favor del agente, de solicitar la baja cada dos años. En fin. El objetivo final parece mucho más razonable que tomar medidas de facto como podría ser una ley de movilidad.

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Vamos a completar el secretario de este jueves con otra perlita del ámbito legislativo. El dictamen sobre el juicio político que fuera solicitado por el abogado peronista Eduardo Andrada contra dos jueces de la Corte, a estudio de la comisión de Asuntos Constitucionales, continúa detenido por un capricho personal o una jugarreta política de dilación del titular local de la ANSES, Fernando Capdevila, a quien la Cámara de Diputados le requirió informes sobre las jubilaciones que, en su momento, fueron otorgadas a los ministros José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. El funcionario, de relaciones carnales con el castillismo que ungió en jueces a las personas cuestionadas, habría hecho saber a la comisión que “el expediente de Cáceres estaría en la Corte de Justicia, el de Sesto de Leiva en Buenos Aires y el de Enrique Lilljedahl no lo encuentra”. En suma, una absoluta falta de respeto de alguien que es nombrado a dedo y funciona a tiro de decreto, contra representantes del pueblo que fueron elegidos por la voluntad popular. A no ser que la falta de respuesta, ordenada y precisa, se compadezca con el criterio de los miembros de la comisión que analiza estos temas. Lo decimos porque no hubo aclaraciones. ¿Cómo será la cosa?

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La tercera visita del presidente Macri a la provincia registró una coincidencia en términos del discurso. El Jefe del Estado valoró las potencialidades mineras de Catamarca y abogó para que, muy pronto, se cierren acuerdos para una gran explotación de los recursos. De hecho, se trata de un gran respaldo a las políticas del sector que lleva adelante la actual administración (también vale la referencia para la oposición, que puso en marcha el plan minero de los años 90) y que se pregonan en todos los foros mineros del mundo. A las referencias del litio y de los trabajos de renovación que va a cumplimentar Alumbrera, se sumó en palabras del Jefe de Estado el proyecto de Agua Rica. Al parecer, llegó la hora de que todos se pongan de acuerdo con este emprendimiento, que puede cambiarle la vida al Oeste y a la provincia toda.

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RECUERDOS. Como todos los jueves, domingo y martes, comentamos en el último bloque acontecimientos del pasado cercano. El mes de noviembre de 1993 fue pródigo en negociaciones por el tratamiento de la ley de regalías en las cámaras legislativas. La aprobación de Senadores, fijando a las empresas el pago del 3% neto, provocó reacciones en contrario y, por caso, la multinacional canadiense Musto Corporations SA amenazó con abandonar el proyecto de Bajo La Alumbrera, cuya explotación estaba a punto de ponerse en marcha. Ello llevó al exministro de Economía y Producción, Hernán Colombo, a señalar que había que hacer posible la minería en la provincia. Un eufemismo para orientar el cambio del proyecto, por lo que no extrañó que la Cámara de Diputados le introdujera modificaciones, con lo cual volvió el Senado que, ahora sí, aprobó el 3% de regalías previa deducción de todos los gastos operativos de las empresas, con lo cual el porcentaje se reducía al 2% aproximadamente. También ayudó a cambiar el proyecto el extitular de YMAD, Luis Manuel Álvarez, quien aseguró “todo se complicó”, en referencia a las negociaciones por Bajo la Alumbrera. Al día siguiente, 5 de noviembre de 1993, quedó establecida la ley que rige hasta nuestros días y que, por supuesto, le hizo perder un valiosísimo punto a la provincia.