La obra social de los empleados públicos, OSEP, durante largas épocas fue sacudida desde los distintos sectores (funcionarios, médicos, afiliados, proveedores, etc.) hasta convertirla en deficitaria. Si se mantiene en pie y todos pueden usarla se debe, pura y exclusivamente, al dinero millonario que el gobierno aporta mensualmente para cubrir el desfasaje. Es que la recaudación que sale de los activos no alcanza, ni por cerca, para financiar la salud de todos. En ese intríngulis aritmético, desde hace un par de años, comenzó el cobro del plus que terminó naturalizándose y creando un conflicto que tiene y tendrá nuevos capítulos. Que ese cobro configurara un delito penado por la ley, al parecer, no le importaba a nadie.

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En medio de la anarquía, guste o no guste a varios sectores de la sociedad, el levantamiento del gremialista municipal Walter Arévalo resultó fundamental para volver a plantear el debate. A fuerza de paros y agresivas medidas de fuerza, el SOEM conmovió a todos y predijo que “los municipales (unos 3.000 afiliados en el ámbito capitalino) no van a pagar plus”. De esta forma, conminó a los médicos y a las máximas autoridades a replantear los desbordes legales.

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Como no hubo soluciones intermedias o diálogos verdaderamente constructivos, la Legislatura terminó aprobando una ley antiplus que puede cambiar la historia de la obra social y que, conocida la reglamentación, le permitirá rescindir contratos y hasta firmar otros en forma directa con profesionales médicos. Digamos que puede producirse la temible desregulación, tal como lo hizo OSDE de Catamarca. Rompió con el Círculo Médico y llamó a acordar “mano a mano” con los que quisieran hacerlo. Hasta ahora, contaría con más de 250 profesionales que, sin problemas, atienden a los afiliados de la prepaga nacional. Ojalá la sangre no llegue al río, pero convengamos que la intransigencia de las partes ha planteado un nuevo escenario. Si se sigue cobrando plus, a nadie debería extrañar que la OSEP funcione en algún momento en “modo OSDE”.

El Esquiú