Más allá de aclarar, una y otra vez, que no pertenece a la empresa que mal construyó el estadio “Bicentenario” y, por tanto, sigue incursa en un escándalo jurídico de consecuencias imprevisibles, Fernando Capdevila ha planteado públicamente que “hay que arreglarlo”. Lo estima posible.  Sugiere, en esa dirección, que “cada uno se haga responsable de lo que le compete”. Sin entrar a desmenuzar la desgraciada historia de una obra que, con sólidos argumentos, nadie pueda justificar su existencia (en esto no hay que achacarle culpas al Clan Capdevila), debemos aceptar que se trata del patrimonio de la provincia. Entonces, hay que buscarle la vuelta para darle alguna utilidad. Obviamente, como dice el titular del ANSES-Catamarca, se hace necesario delimitar las culpas, tarea que corresponde a la Justicia, la cual se pronunció en primera instancia sobre las responsabilidades concretas de la empresa por las que debe pagar, a valores de principio de 2018, algo más de 44 millones de pesos. En ese marco, para el empresario devenido en político –militante del PRO aunque, históricamente, tenga corazón castillista-, entre las partes que deben reparar los daños, ubica al Estado, es decir al damnificado por la construcción de la empresa contratada. Algo de estas historias conocemos y no dudamos que el objetivo excluyente es hacerle pagar los “platos rotos” al bobo de siempre. Si, el Estado. En fin: coincidimos con Capdevila sobre la necesidad de arreglar el coloso de cemento que pagaron todos los catamarqueños, pero lo de que “cada uno se haga responsable de lo que le compete” habría que revisarlo bien, especialmente entre los abogados encargados de defender los bienes provinciales.

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No hay caso. El catamarqueño José Luis Barrionuevo parece condenado a estar metido en los grandes escándalos de la Argentina contemporánea, papel que al parecer no le disgusta. Desde haber sido uno de los jefes de la campaña presidencial de Menen o haber patentado célebres frases –“nadie hace la plata trabajando” o “hay que dejar de robar por dos años”-, pasando por haber participado del “Pacto de Olivos” e involucrarse en tremebundas batallas de barras futboleras (recordemos que fue “presi” de Chacarita y estuvo metido en las internas de Boca e Independiente), el hombre siempre es noticia. Ahora, cuando ha pasado ya los 76 años, han surgido acusaciones en su contra que lo ubican como operador de movidas periodísticas contra el gobierno kirchnerista, el que jamás fue de sus afectos. Mucho menos la “señora Cristina”, la misma que quiso expulsarlo de la Cámara de Senadores en 2003 y casi lo consigue (le faltaron unos cuantos votos para lograr los dos tercios), en acuerdo con los grandes medios –Clarín, La Nación etc- que habían militado la farsa de la quema de urnas del 2 de marzo de aquel año y del Frente Cívico de Catamarca, en cabeza de Marita Colombo, entonces senadora nacional y aliada estrecha de Cristina.

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Durante la semana que pasó, en el juicio denominado “Ruta del dinero K”, le tocó declarar a Federico Elaskar, aquel “pescadito” que vendió la llamada “Rosadita” donde los empleados del empresario Lázaro Baez –detenido hace casi 3 años- contaban millones de dólares y las imágenes le servían a la televisión para mostrar un acto ciertamente obsceno. Ese Elaskar, que ahora tiene 30 años y a fines de 2012 sumaba 25, tuvo sus minutos de fama en el programa del periodista Jorge Lanata, donde denunció que el dinero era de “los Kirchner” o de “Cristina” o del “gobierno” o, aunque estuviera bien muerto, de “Néstor”. Ahora ha vuelto a declarar y no lo hizo en un sets de televisión. Fue ante el tribunal oral que lo está juzgando. Señaló que Luis Barrionuevo y Jorge Lanata, en conjunto, lo llevaron a declarar contra el gobierno bajo la amenaza de que “tenía que hablar o lo dejaban solos”, frente a la amenaza de su muerte que supuestamente había prometido el empresario santacruceño. ¿Mentira o verdad? Parece que el tema es cierto porque, sin sobresaltos o dudas, Barrionuevo reconoció la maniobra en un programa de televisión que conduce el boquense Alejandro Fantino. Allí aseguró que tuvo a Elaskar bajo su control “hasta entregarlo al gordo Lanata”. Un dato más: también en Catamarca, en una de sus visitas, concedió que todo el operativo Elaskar-Lanata fue obra suya. ¿Qué tal el periodismo argentino?

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No llamó demasiado la atención a quienes conocen más profundamente a la gobernadora que, en una de sus incursiones por el interior, haya destacado el trabajo de su ministro de Obras Públicas, el ingeniero Rubén Dusso. Es que el funcionario, a buena distancia de sus colegas, trabaja a destajo en sus funciones específicas, atiende a todo el equipo de gobierno y, de igual forma, mantiene un trato de cordialidad con los jefes comunales, incluso aquellos que están relacionados con la oposición. Aparte, son pocos los que se animan a nombrar a una persona que entienda más de obra pública que Dusso, presupuesto que lo que lo torna casi imprescindible –aunque nadie lo sea- en el pensamiento de la gobernadora. Pero, aparte del rol de ministro, también en la escala de valores de Corpacci influye decisivamente la larga y despiadada campaña que, desde algunos medios de comunicación, se lleva adelante en su contra sin que existan pruebas ni testigos –salvo uno y bien dudoso- de hipotéticos negociados del pasado, los cuales nada tienen que ver con el gobierno actual.

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A propósito de Dusso. También desde la prensa se pretende materializar un gambito de negocios pocos claros con Vialidad Provincial, uno de los organismos que puede ofrecer resultados concretos de eficacia. Aquí, el apuntado parece ser el ingeniero Hugo Naranjo, un empleado de carrera que llegó al máximo cargo. De cada declaración le extraen algún párrafo descontextualizado para desacreditarlo y relacionarlo con contrataciones supuestamente truchas de máquinas viales, lo que se repite sistemáticamente en los discursos de la oposición política. Lo raro de este caso, a diferencia de Dusso (delega su defensa en un abogado), es que Naranjo habla y jamás escondió las acciones de su gestión. Más que eso. Las ofreció públicamente. De esta forma, la Justicia tiene toda la documentación, lo mismo que la Fiscalía de Estado y hasta el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados que le pidió informes. De esa documentación se desprende que los errores administrativos pueden ser formalidades o escapan al control estricto y legal de Vialidad, por lo cual ciertas responsabilidades pueden caber solamente a los empresarios. En relación a estos últimos, días pasados se señaló que máquinas que trabajaban en tal lado, de repente lo podían hacer en otro. Parte de eso es perfectamente posible y legal. Y en cuanto a la deuda que la administración Naranjo mantendría con la empresa que realizó la ruta Las Mojarras (Santa María)-Quilmes (Tucumán), pudo saberse que todavía no se pagó, en virtud de que quien tiene que erogar una suma estimada entre 25 y 35 millones de pesos es Vialidad Nacional.

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Lo que, en algún momento, fue una vaga amenaza, dejó de serlo. Nos referimos a la precandidatura a intendente de la Capital del extitular del desaparecido IPPS y exdiputado nacional (reemplazó por dos años a Dalmacio Mera, entre 2011 y 2013), contador Rubén Yasbek. La oblea “RY2019 – Intendente Capital” ya se puede apreciar en los automóviles, lo que preanuncia que el reconocido dirigente de los jubilados va a intentar reemplazar a Raúl Jalil. Misión compleja si es que las hay. Aparte de ser numerosos los que se anotan para esta carrera, es el lugar donde el radicalismo asienta sus mayores chances de conseguir un triunfo. Sin embargo, Yasbek dice tener fe de entusiasmar a los capitalinos para que lo apoyen en sus diferentes propuestas. Veremos cómo le va. Por lo pronto, lo que no es poco, ha decidido saltar a la cancha.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de este domingo con el repaso de acontecimientos del pasado cercano. Como lo reseñamos editorialmente el viernes pasado, el 23 de noviembre de 1993 fue un día de tragedia para Catamarca. Un motín de reclusos en el viejo Servicio Penitenciario “Julio Herrera” –funcionaba en la abandonada esquina de las avenidas Virgen del Valle y Güemes- terminó con la vida de trece personas que, por la quema de colchones, generaron el monóxido de carbono, y quedaron encerradas en los viejos dormitorios, cuyas puertas estaban misteriosamente cerradas con llave. Las víctimas fueron Mauricio Llanos, Pedro “Caballito” Lobos, Juan Carlos Armas, Gustavo Adolfo Fernández (salteño), Sergio López, Estanislao Sosa, Eduardo Herrera, Héctor Molina, Rafael Castro, Francisco Corbalán, Roque Vega, Domingo Vivas y Carmen Nicolás Gómez. Cinco guardiacárceles fueron detenidos por orden del juez Manuel de Jesús Zeballos y el director del Servicio Penitenciario, Ramón Julio Gómez, resultó separado inmediatamente del cargo. Sobre el suceso, que tuvo repercusión nacional y fue un escándalo político, hay que decir que las víctimas no tenían condena y algunas permanecían privadas de la libertad por una simple contravención. La pagaron con la vida.

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En la morgue, cabe recordarlo, se produjeron escenas dramáticas entre los familiares de los reclusos, los que apuntaron los dardos acusatorios contra el abogado Guillermo Herrera, exministro de Arnoldo Castillo que, en todo momento, lo respaldó de las cargas de responsabilidad política. Herrera, al momento del hecho, había indicado “no existieron reclamos previos que hicieran prever lo que pasó”. El día 25 de noviembre, después del entierro de las víctimas, se llevó a cabo “la marcha de la bronca”, que contó con miles de adherentes, en tanto los abogados locales Miguel Angel Dabhar y Luis Gandini, aclarando que su participación era únicamente “técnica y profesional”, se hacían cargo de la defensa de varios de los fallecidos. El Estado, con el paso del tiempo, debió pagar importantes sumas de resarcimiento. Obvio: todo preso, hasta el peor homicida, tiene derechos y su vida debe ser custodiada por la autoridad.