No habrá aprobación por Ley de la postergación de las PASO –por única vez en 2019- en la presente semana. Para hacerlo, por falta de plazos reglamentarios, se requieren 27 votos (dos tercios del total de los diputados, que son 41) con los cuales el oficialismo no cuenta, por lo que avanzará con la prórroga de las sesiones ordinarias, conforme lo adelantó en forma exclusiva El Esquiú.com hace 10 días. De esta manera, en una sesión del miércoles 5 de diciembre podría alcanzar el objetivo, ya con mayoría simple. El instrumento legal le serviría para eludir la realización de las primarias en el mes de agosto y llevar el cierre de las listas provinciales al 27 de septiembre. Las elecciones, como se sabe, son el 27 de octubre. Lo que no se anularía dentro de los límites de la provincia serían las PASO nacionales, en una situación idéntica a lo que ocurrió en 2013 cuando solamente hubo primaria radical entre Brizuela del Moral y José “Chichí” Sosa, quienes compitieron por la poltrona de diputado nacional la que, finalmente, quedó en manos del exgobernador.

Para una eventual cita electoral en marzo, cabe destacarlo, el plazo legal vence en la fecha. En tal caso, la gobernadora debería firmar un decreto incluyendo las primarias que, desde 2015, están plenamente vigentes. En este punto hay criterios disímiles desde el punto de vista jurídico. Algunos, especialmente los radicales, sostienen que el adelanto de las elecciones provinciales para el 31 de marzo tiene que ser, indefectiblemente, con PASO. Entre los operadores del gobierno, por su lado, la mirada es otra. Afirman con vehemencia que si se aprueba la suspensión de las primarias por única vez (lo que ocurriría en pocos días más), hay margen para que Lucía Corpacci convoque hacia fines de año o en pleno enero para “algún domingo de marzo”, tal como reza la Constitución. Recordemos que durante los mandatos del Frente Cívico, el decreto de las elecciones siempre surgía sobre la hora. Nunca con tiempo suficiente para que la oposición se organizase. Se llegó al caso, en 2003, que el Partido Justicialista tenía internas el 5 de enero (viejo pleito entre barrionuevistas y saadistas) y el gobierno castillista llamó a elecciones el 28 de diciembre, la fecha en que se recuerda a los santos inocentes.

El nombre de Eduardo Brizuela del Moral, como lo dijo El Esquiú.com, volvió a los primeros planos. El diario La Nación, en un análisis sobre Catamarca, lo sindica como uno de los más firmes aspirantes a disputar la gobernación en 2019. También incluye en la lista a Rubén Manzi, que está en campaña desde hace meses y a los dirigentes radicales Miguel Vázquez Sastre (Plan Belgrano) y Flavio Fama (rector de la Universidad de Catamarca). El quinto postulante, para el rotativo metropolitano, es Raúl Jalil, un peronista al que considera “indeciso” y de “buenas relaciones” con la gobernadora Lucía Corpacci. Más allá de las apreciaciones, queda claro que el nombre de Brizuela del Moral no surge por casualidad, sino porque las encuestas –a las que accede La Nación- lo mantienen con la mejor intención de voto entre los integrantes de la oposición catamarqueña. Con interna o sin interna, en el supuesto que el exgobernador se volviera a postular, marcaría un récord absoluto en materia de candidaturas. Sería la undécima consecutiva (1991-1995-1999-2001-2003-2007-2011-2013-2015-2017), cinco de ellas a gobernador (2003-2007-2011-2015-2019). ¡30 años con los más rutilantes cargos! ¡Una proeza!

La idea de “dar la cara” y someterse a examen ante los ciudadanos a través de una de las redes sociales, fue celebrada con alborozo por lo colaboradores y funcionarios que acompañan en la gestión a Fidel Sáenz, el actual Secretario de la Vivienda. El dirigente, de larga trayectoria dentro del peronismo (actúa en la política desde los 90), inaugura de esta manera una forma distinta de conectarse con la gente, la que excede a la tradicional de recibirla en los despachos oficiales. Tratándose de un área de alta sensibilidad como la vivienda o la construcción de mejoramientos habitacionales, para los analistas, la primera experiencia resultó ampliamente satisfactoria. A nadie escapa, desde lo político, que Sáenz ya trabaja pensando en 2019 y no extrañaría que pretenda alguna precandidatura electiva -¿intendente? ¿legislador?- que pueda tener respaldo de la Casa de Gobierno.

Estamos ya en épocas de electoralismo pleno en el que comienzan a surgir nombres, sea mediante declaraciones públicas, pintadas o actos. De esta forma, esta semana se hicieron explícitos los nombres de Rubén Yasbek como intendente de la Capital (es uno de los cargos más preciados por la dirigencia de los distintos bandos) o, alentado por la agrupación “La Calle”, el del kirchnerista Agustín Rossi como presidente de la República. En esta rara mezcla de jurisdicciones, igualmente se dice en las mesas de café que el abogado Ramón Robledo, a los efectos de aportar su experiencia y conocimientos, podría volver a la cámara de Diputados. Recordemos que ya cumplió iguales funciones durante el apogeo del saadismo.

La reciente aparición de Fernando Capdevila sugiriendo el arreglo del estadio Bicentenario ha despertado variados comentarios. Algunos a favor, teniendo en cuenta que se trata de un coloso que le costó a la provincia millonadas de dinero que provinieron de las regalías mineras, y otros en contra, por ser el representante más conspicuo –al menos desde el plano político- de la empresa que mal construyó el estadio. En este sentido, no son pocos los que sospechan que el actual funcionario del Anses busca mejorar su posición en el juicio que le sigue la provincia y por el cual la empresa tendría que desembolsar sumas importantes a los acreedores que, en el concurso que se sustancia en los tribunales locales, se anotaron oportunamente. Entre ellos está el Estado, que debería ser el primer interesado en la reparación y en reabrir las puertas del Bicentenario. En este marco, que seguiremos palmo a palmo, será fundamental la actuación de los abogados que cobran por defender los intereses de la provincia y que, estando empresarios en la discusión, saben de sobra que deben tratar con ventajistas profesionales.

La reciente inspección al yacimiento minero Agua Rica, propiedad de la multinacional Yamana, fue valorada como muy positiva por quienes integraron la delegación que visitó las instalaciones ubicadas en las alturas de Andalgalá (funcionarios, concejales, geólogos, ambientalistas y, por cierto, autoridades judiciales). Si bien es cierto que los resultados obtenidos se conocerán recién en diciembre, extraoficialmente se supo que hubo comprobaciones efectivas que la actividad fue suspendida a partir de las determinaciones que, en momentos distintos, tomaron los jueces Guillermo Cerda (de Minas) y Rodolfo Cecenarro (Control de Garantías de la ciudad del Oeste), las que tenían que ver con la necesidad de presentar las mayores garantías sobre el impacto ambiental que provocará la explotación. En cuanto a las tareas de exploración, hay que aclararlo, siguieron y terminaron de confirmar las potencialidades de la segunda joya minera, después del Bajo Alumbrera, que tienen los andalgalenses.

Las posibilidades de recuperar el tiempo perdido y poner en marcha la explotación de Agua Rica, en su reciente visita a Catamarca, fueron alentadas por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que hasta dio las cifras de los puestos laborales que se podrían poner en marcha. Para ello, lo repetimos, será imperioso revisar todo lo actuado y que la empresa se ajuste a las normas que aseguren la preservación del ambiente, lo cual es perfectamente posible, toda vez que en la zona existen yacimientos más pequeños –Filo Colorado es uno de ellos- que están funcionando.

RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, incluimos en el último bloque los sucesos ocurridos un cuarto de siglo atrás.
En noviembre de 1993, en su meteórica carrera como sacerdote, asumía como Obispo Coadjutor de Santiago del Estero el catamarqueño Gerardo Sueldo, natural de Belén e hijo de una tradicional familia de ese departamento. El acto se desarrolló en la Basílica de la vecina provincia y contó con la presencia de numerosos y destacados prelados de la Argentina, entre ellos monseñor Elmer Osmar Ramón Miani, el exobispo de Catamarca. Sueldo, cabe destacarlo, venía de cumplir funciones en la administración diocesana de la localidad fronteriza de Orán, en el límite con la República de Bolivia. Lamentablemente para él, su obispado en Santiago del Estero iba a terminar de la peor manera. Regresando de un largo viaje, en cercanías de la vecina Capital, el auto en que se conducía volcó espectacularmente por el reventón de una cubierta y perdió la vida. La mayoría de las sospechas se orientaron hacia un atentado que nunca pudo ser confirmado, pero en forma unánime se aludía a la enemistad manifiesta que existía entre Sueldo y Carlos Juárez, el caudillo peronista que gobernó Santiago por largas épocas y terminó intervenido.

También en noviembre, hace 25 años, asumía como director de Rentas de la provincia Luis Mazzoni. Remplazaba al entonces titular, Gustavo Zar, en ceremonia que presidieron las autoridades económicas de la época, Hernán Colombo ministro y Raúl Giné viceministro. Mazzoni provenía de Córdoba y formaba parte de los economistas que había importado el castillismo, entre ellos Jorge Greco, que funcionaba en aquel tiempo como titular del IPPS y terminaría, años más tarde, como jefe indiscutido de la economía provincial.
El Esquiú.com