Luego de la sesión ordinaria de la víspera, hoy le toca reunirse a la comisión de Asuntos Constitucionales que, sobre el filo del año, tiene pendiente emitir dictamen sobre el pedido de juicio político contra dos de los jueces de la Corte: José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Suponemos que lo hará, ahora o en lo que resta del 2018, en orden a que la mayoría rechazó el pedido de archivo que había solicitado la principal fuerza opositora en la Legislatura, la UCR. También esa mayoría se ve impelida a hacerlo por la jurisprudencia que existe en la Argentina de Mauricio Macri y que, a cada rato, salta como una necesidad de cambiar los rumbos de la Justicia. Hace dos días, con motivo de la decisión de la Suprema Corte de la Nación sobre el pago de ganancias a jueces y funcionarios que tuvieron el alta en 2017, podemos leer en uno de sus párrafos del texto lo siguiente: “los jueces, en mayor medida que el resto de los ciudadanos, estamos obligados a cumplir estrictamente con la ley”. Se trató, conforme lo comentan los especialistas del derecho, de un mensaje directo para Elena Highton de Nolasco, quien se apresta a cumplir 76 años y está fuera de la “jurisprudencia Schiffrin”, la que reemplazó a la “jurisprudencia Fayt”, que valía hasta febrero de 2017. El nuevo antecedente le pone límite a la edad de los jueces, como pedía Raúl Alfonsín en la Asamblea Constituyente de 1994. “75 años y a la casa”

Esos mismos comentarios añaden que, en el futuro, los fallos que refrende la veterana Elena Highton de Nolasco podrían ser objeto de impugnaciones por su condición de juez irregular. Se trata de la misma situación de Cáceres y Sesto, que ya tienen los 76 años y, por lo menos, necesitarían un nuevo acuerdo de la Cámara de Senadores de la provincia. Aparte que uno de ellos, Cáceres, pidió expresamente que le abrieran un juicio político para poder defenderse de lo que considera son meras embestidas para copar el máximo tribunal. Por último, desde la política, el peronismo requiere observar coherencia. En campaña, y durante largos años, cargó contra la Justicia por lo que apoyar la continuidad de los más genuinos resabios del castillismo, mirando para otro lado, sería como cerrar la boca para siempre. Ahora si la Cámara no tiene los votos para un eventual desplazamiento, las responsabilidades institucionales pasarán por otro lado. Seguramente por la oposición que, lo reiteramos, fue la que pidió el archivo del juicio político.

De acuerdo a las publicaciones de los últimos días en los medios locales, se vienen numerosos concursos para ocupar cargos en el Poder Judicial. Junto a ellos llegarán las controversias por las formas de determinar el puntaje de los participantes, las que involucran, por lo pronto, a la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados y la mismísima Corte de Justicia. La primera de las entidades, con sus razones, pretende que quienes ya militan en la Justicia tienen alguna ventaja sobre los particulares, presupuesto que, por ejemplo, no comparten los colegiados. La Corte de Justicia, por otro lado, tiene su propia lista de prioridades, por lo que sería muy bueno que se unifiquen los criterios en función de las necesidades reales de la Justicia. Aunque a algunos les duela, ésta tiene que terminar de funcionar como ghetto y, en consecuencia, abrir las puertas de par en par a la sociedad. También lo que vaya actuando el Consejo de la Magistratura debería ser una cronología de publicidad, a los efectos de terminar con triquiñuelas que puedan materializarse a las sombras de la discreción.

Los juicios en los que participa el empresario de los medios de comunicación, Silvestre Zitelli, comienzan a tomar formas casi morbosas. A los que entablara tiempo atrás contra el periodista Freddy Kunz o el exgobernador Ramón Saadi, le siguió uno contra el exdiputado provincial intransigente Pablo Sánchez. En todos los casos, surge nítido que las presentaciones surgieron por cuestiones políticas, en orden a que el empresario tuvo participación excluyente en la historia catamarqueña de los últimos 35 años. Diríamos que participó en todas, sea en forma personal o a través de los medios de su propiedad, los que integran el Grupo Ancasti junto a empresas de distinta naturaleza y origen. Lo que no le gusta, al parecer, es que lo contradigan, por lo cual ha elegido el camino de los juicios como el que le iniciare a Pablo Sánchez por agresiones verbales que, entre los políticos, se han convertido en cuestiones cotidianas.

Respecto al enfrentamiento con Sánchez, hay que recordar que la Cámara del Crimen de Segunda Nominación, compuesta por los jueces Rodolfo Bustamante, Luis Guillamondegui y César Marcelo Soria, rechazó por unanimidad el planteo de injurias a principios de octubre del presente año. Molesto con la decisión, un equipo de abogados de Zitelli compuesto por Ana Laura Frías, Ricardo Angelina y Cecilia Martín interpuso un recurso de casación contra la sentencia, el que en los últimos días fue declarado inadmisible por el mismo tribunal. Con esto queda finiquitado el pleito, aunque al empresario le quedaría la alternativa de ir en queja ante la Corte de Justicia, algo realmente improbable, pero no imposible. Otra causa que podría exhumarse desde los archivos de tribunales y que tiene como protagonista al mismo Zitelli podría ser resuelta en los próximos tiempos. Es la que le iniciare a Saadi por haberlo apodado con una figura inapropiada. Esa causa, más política que las anteriores, la llevaba adelante el exjuez Avellaneda y ahora está en manos de su reemplazante, Pablo Sosa Guzmán.

Mañana (30 de noviembre), de acuerdo a lo resuelto por una estrecha mayoría de diputados, se podría tratar el proyecto de suspensión de las primarias, que ya cuentan con la media sanción de la Cámara de Senadores. Luego de haber superado los escollos reglamentarios, el oficialismo está en condiciones de imponer su voluntad por simple mayoría. Es decir que con las firmas de los 21 legisladores que pidieron la sesión especial basta para transformar en Ley el proyecto del belicho Jorge Solá Jais. Cuando ello ocurra, como lo adelantamos en otras entregas, se iniciará la discusión política de fondo que puede terminar, o no, en los estrados judiciales. El oficialismo podría convocar a elecciones para marzo, sin PASO, hasta en el mes de enero de 2019, lo que determinaría una presentación ipso facto de la oposición, que entiende que para el turno de marzo se cumplió ya la última fecha de convocatoria que fue el martes pasado (27 de noviembre). El argumento, simple y contundente, sería que cuando estaban vigente las primarias –como a estas horas- no hubo convocatoria en tiempo y forma. Que, ulteriormente, se apruebe la suspensión, para ellos, significa legislar para atrás. Más allá de las posiciones extremas del momento, nos quedamos con la opinión del legislador Augusto Barros: “hubieran acompañado la reforma de la Constitución que pidió la gobernadora y estaríamos hablando de otra cosa”. Lo dijimos, de la misma forma, en todo momento. La génesis del problema está en la Constitución y todos los saben. Por lo tanto, más allá de buenas razones, quienes tenían en sus manos soluciones para estos problemas se empecinaron en no hacerlo.

El problema crucial para Cambiemos, y especialmente para el radicalismo, no son los contornos legales de lo que puede ser ley. Es que, sin las primarias –o PASO- no tiene forma de solucionar su interna sin que ocurra un escándalo de proporciones. Para esta situación, otra vez, resurge el pasado. La UCR programó una interna para el 2 de junio que no solamente no se hizo, sino que dejó fuera de carrera a la mitad o más de la mitad del partido. En la conducción oficial quedaron únicamente el castillismo y los aliados coyunturales, por lo cual todos pensaron que la dilucidación de las candidaturas provinciales para 2019 se iba a producir en una gran PASO, con dos listas perfectamente diferenciadas. Con la ley que está pronto a alumbrar y si hay convocatoria para marzo respaldada por el juez Cerda, no nos imaginamos cómo se puede conciliar una lista única en medio de tanta hostilidad. Si no pudieron arreglar una contienda partidaria, lo que vendría sería mucho más complejo, con el PRO y la Coalición metidos en el medio. Todo se podría solucionar si Lucía Corpacci, en vez de marzo, determina que los cargos provinciales se definirán, en coincidencia con los nacionales, en octubre próximo, lo que bien puede ser. En esa hipótesis, habría una chance de hacer una interna antes de junio que reemplace a las PASO.

RECUERDOS. Como lo hacemos siempre, incluimos en el último bloque los sucesos ocurridos un cuarto de siglo atrás.
En noviembre de 1993, aunque cueste creerlo, ya se discutía y se pensaba en la colocación de alarmas en las localidades de El Rodeo (Ambato) y Balcosna (Paclín) por la eventual crecida de los ríos de la zona. El tema estaba a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la época y, siguiendo los resultados, hay que decir que nada se concretó. La alarma en El Rodeo, colocada en el puente del río Ambato, después de la tragedia de 2014, fue instalada por la actual administración de gobierno y de Balcosna nada se sabe. También en aquel momento se contrataban 200 horas máquina para limpiar los ríos rodeínos, conforme a decisión de Raúl Moya, quien era presidente del Concejo Deliberante y estaba a cargo de la intendencia. 
 
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