Uno de los grandes problemas en torno a los delitos sexuales, fue históricamente que apenas un mínimo porcentaje de las agresiones se denunciaban.
Esto ocurría por una serie de factores, entre ellos el pudor de la víctima, las reacciones que su situación provocaba cuando daba a conocer lo ocurrido -comenzando por el acto reflejo de la sociedad de presumir que mentía, exageraba o era culpable- y también las consecuencias de identificarse como protagonista de una experiencia de ese tipo.
Incluso para aquellas mujeres que decidían denunciar agresiones sexuales, los protocolos policiales y judiciales resultaban extremadamente violentos, entre interrogatorios incómodos y exámenes médicos que rozaban la humillación.
Este conjunto de características empujaron a que la abrumadora mayoría de las mujeres que fueron agredidas sexualmente, optaran por el silencio. Sobrellevaron así sus traumas en soledad, padecieron las consecuencias y evitaron por todos los medios exponerse a momentos que las llevaran a ser revictimizadas.
La gravedad del panorama, como puede inferirse, reside en que esa conducta aseguraba plena comodidad y eterna impunidad para cada uno de los violadores/abusadores.
El fenómeno que está ocurriendo en el país, a partir de un caso puntual, parece comenzar a derribar la mayor barrera que existía para revertir la situación.
Las miles y miles de denuncias que salieron a la luz en los últimos días, a partir del impacto de un caso particular, asoman como el primer eslabón de una cadena que promete extenderse con efectos impredecibles.
Es por ello que puede anticiparse, al menos desde el anhelo, el fin del silencio obligado, que involuntariamente se transformaba en cómplice de los delitos. Si este cambio se concreta y la Justicia actúa como corresponde, la sociedad argentina habrá dado un gran paso adelante. 
Allí habrá que reconocer el mérito exclusivo de las mujeres que se atrevieron a desafiar a un mundo que les daba la espalda con increíble indiferencia.