En las repaticiones públicas, como en todos los ámbitos laborales, hay muchas personas dedicadas y responsables con su trabajo, y otros que no muestran ningún interés, que van por cumplir -si es que van-, que pasan los años ajustados a la ley del mínimo esfuerzo y su mayor preocupación es estar atentos a cuanto feriado o asueto se vislumbre en el horizonte.
Algunos ni siquiera tienen el decoro de ser discretos, y se jactan de sus eternas “picardías” para acomodar licencias que coincidan con cumpleaños, supuestos malestares físicos que coinciden con algún viaje, o simplemente van encadenando eternos descansos sin dejar de percibir sus haberes.
Son los estudiosos de cada detalle de los estatutos, que exprimen cada oportunidad para no trabajar, a veces -curiosamente- coincidentes con constantes quejas y reclamos sobre sus condiciones laborales.
Estas conductas, lindantes con la estafa, perduran porque el sistema de control falla, porque es difícil distinguir los abusos entre las decenas de miles de empleados públicos, y porque como en muchas áreas sobra personal, a veces es igual que vayan o no vayan a trabajar.
Las avivadas, largamente institucionalizadas, implican un triple perjuicio. En primer lugar al Estado, que paga sueldos (obra social, jubilación, etc.) a personas que nada aportan. En segundo lugar, a los compañeros que sí trabajan, y son burlados por los ñoquis que obtienen la misma retribución sin hacer nada. Y en tercer lugar a la comunidad, especialmente en las oficinas de atención al público.
Pero más grave resulta cuando en lugar de un empleado en particular, todo un organismo se suma a estas burlas, por ejemplo, inventando “desinfecciones” cada vez que quieren obsequiarse un fin de semana largo extra, por ejemplo, cuando tienen alguna fiesta interna.
Esta práctica recurrente debería ser objeto de algún control más estricto, al menos para no acentuar desigualdades y mostrar un poco de respeto por la tarea que se les encomienda.