Hace 35 años, el 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín firmó un decreto que llevaba el número 187.
Mediante ese instrumento se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personal (CONADEP), que marcaría un antes y un después en la historia nacional.
En el primer considerando del Decreto se sostiene que “la cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional”, debiendo la Comisión tener como objetivo intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización. Recibiría denuncias y pruebas sobre esos hechos para remitirlos a la justicia cuando de ellas surgiera la comisión de delitos. La misión encomendada no implicaba la determinación de responsabilidades. La justicia, receptora del material logrado por la Comisión en sus investigaciones y procedimientos, sería la encargada de delimitar responsabilidades, y decidir sobre los culpables.
El presidente de la República convocó entonces a personalidades de diferentes ámbitos culturales y políticos, para que llevaran a cabo con independencia sus funciones y con carácter “ad honorem”, encabezados por el escritor Ernesto Sábato.
Los resultados del informe son escalofriantes. La CONADEP fue más tarde una importante prueba documental que permitió el juzgamiento a las Juntas Militares en la causa 13/84. En el año 2009, el Fondo Documental CONADEP, fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO junto a otros 18 archivos del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativo al período 1976-1983. Recomendamos su lectura a quienes banalizan o cuantifican despectivamente lo ocurrido en el país en esos años.