La penúltima semana del año trajo una noticia directamente relacionada con la Justicia, pero que atraviesa a toda la política catamarqueña. 
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados abrió las puertas al juicio político contra dos de los cinco miembros de la Corte, los doctores José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva.
Aunque algunos sectores interesados lo quieran acallar, se trata de un acontecimiento histórico. Por primera vez, en 35 años de democracia, están dadas las condiciones para que dos figuras prominentes de la Justicia sean acusadas de haber cometido actos contrarios a la ley que, de ser ratificados, los obligarían a dejar las butacas desde donde dirigieron los destinos de los ciudadanos de Catamarca por más de dos décadas.
Independiente de los resultados del proceso, por la sencilla razón que en la historia de los acusados no estuvo al margen la política partidaria, el debate que se viene tendrá naturaleza política. 
El escenario de la discusión principal se dará, posiblemente, en la segunda mitad del año venidero, en la Cámara de Diputados que, conforme lo establece la Constitución, es la encargada de acusar y elevar las actuaciones a la Cámara de Senadores, la que debe juzgar y enrumbar la discusión por los andariveles jurídicos.

Admisible y razonable

Las objeciones legales fueron presentadas formalmente el 1 de agosto por el abogado Eduardo Andrada que, como paso previo, pidió que el tema se discutiera en el seno del Colegio de Abogados, una entidad que se mostró interesada en tener mayor participación en el funcionamiento de la Justicia.
Tras la declaración de admisibilidad, dispuesta por los diputados de bandos diferentes el 20 de septiembre, la comisión de Asuntos Constitucionales trabajó a destajo a fin de determinar si, efectivamente, alcanzaban los cargos como para dictaminar la razonabilidad de la presentación y, de estar manera, permitir que el pleno de la Cámara termine resolviendo a favor o en contra de la acusación.
En la tarde del martes, sin ruidos y pompas, con la seriedad que el tema merece, siete diputados firmaron un despacho de mayoría por el cual aconsejan acusar formalmente a los jueces en la totalidad de los cargos expuestos por Andrada, cada uno de los cuales fue respaldado por documentación fehaciente y antecedentes jurídicos que demandaron un trabajo cercano a las 40 páginas. En ellas, puntualmente y con solidez intelectual, está explicada la historia completa del caso que tiene una conclusión de absoluta contundencia: Cáceres y Sesto de Leiva son jueces ilegales. O, lo que es lo mismo, no deben seguir como tales.
Por cierto, a partir del dictamen, la política comenzó a sentar sus reales. Los siete diputados juegan hoy en los terrenos del oficialismo. Pertenecen al Frente para la Victoria, a la Renovación Peronista y al bloque unipersonal “Raúl Alfonsín”.
En paralelo, desde la minoría de Asuntos Constitucionales, surgieron dos despachos que atienden a las divisiones de la UCR. Esta vez, aunque sea por caminos distintos, hubo coincidencia. Ambos piden rechazar los planteos y remitir las actuaciones al archivo.
De alguna forma, ya están expuestas las diferencias. El oficialismo presentó argumentos que determinan, indubitablemente, que Cáceres y Sesto aceptaron en forma ilegal el cargo de ministros cuando, de antemano, sabían que infringían dos artículos (168 y 195) de la Constitución que juraron hacer cumplir.
También les cabe, siguiendo el razonamiento oficial, el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, toda vez que intervinieron en una maniobra vergonzosa para burlar la letra de la misma Constitución.
Desde las trincheras adversarias, la debilidad de los argumentos es manifiesta. Un despacho firmado por Víctor Luna y Jorge Sosa, se reduce a un párrafo donde piden el archivo. El otro, de Francisco Monti, se asienta en explicaciones forzadas y que se fundan en los dichos que, públicamente y en momentos distintos, expresara José Cáceres.
Desde estas posiciones, diametralmente opuestas, se entablará la lucha legislativa cuando la Cámara inicie el debate, lo que ocurrirá en 2019. La pretensión de la oposición de que un juicio político, nada menos y nada menos, se trate en una sesión especial el próximo miércoles, fue solamente chicana para enmendar, posiblemente, la pobreza de los dictámenes.

Cansado e impotente

Consultado el doctor José Cáceres por el curso de los acontecimientos, con el desdén que lo caracteriza, solo atinó a decir  que se trata de “una cosa de locos” y que está “cansado” con un proceso que lleva cinco meses, por lo que instó a debatir el juicio político “ahora mismo”. O sea opina igual que los legisladores de la oposición que pretendían trámite express al día siguiente a la Navidad. Esto es, que se abra la sesión y, sin debate, se llame a votación. Si se consiguen 27 manos levantadas, juicio político. Si no es así, planteo al archivo.
Como juez del máximo tribunal, por cuestiones elementales, Cáceres debería saber que el procedimiento tiene pasos formales que hay que cumplir y que, en detrimento de sus ansiedades, se vienen cumpliendo.
Por ello, llama la atención su cansancio y apuro repentino. Recordemos que cuando surgió la presentación y la comisión de Asuntos Constitucionales llamó a declarar a las partes, se rió de los legisladores y, además, trató a uno de ellos despectivamente –lo llamó jurisconsulto-, y pidió que citaran a “Piñón fijo” y al “Chavo del Ocho”. De igual manera, entendió que el pedido era “ridículo” y, desde la “Sala A de la Corte”, se explayó en argumentaciones defensivas que no aludían, concretamente, a las acusaciones de las que es objeto.

La “rosca” política del pasado

Con Cáceres y Sesto de Leiva, que nadie se engañe, se va a revisar la rosca política de los años 90 que, con la complicidad del propio peronismo, permitió el avasallamiento de la Constitución.
Cáceres y Sesto antes de jurar, sabían que como jubilados que eran no podían ocupar el cargo. No les importó violar la Constitución. Es más. Cáceres renunció para jubilarse y Arnoldo Castillo le aceptó la renuncia (están los decretos) y lo volvió a nombrar en el mismo cargo 28 días más tarde. ¡Un escándalo!, diría Pino Solanas.
Con el artículo 195 practicaron otra maniobra de tahúres. Cáceres y Sesto, como tribunal, avalaron un pedido de inconstitucionalidad del Procurador Lilljedhal –otro ilegal- y, posteriormente, pidieron lo mismo para encuadrarse ellos. Entonces contaron con el voto de Lilljedhal que, por razones de mínima ética, debió excusarse. Es decir, lograron una “inconstitucionalidad a la carta” que, para peor, hoy se contradice con la jurisprudencia que aplica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le pone límite a todos los jueces que tengan más de 75 años. Es el caso de los acusados en Catamarca.
Todas estas barbaridades pueden leerse en el extenso dictamen de mayoría. Será muy bueno que el pueblo de Catamarca las conozca de primera mano para comprender porque, tanto José Cáceres como Amelia Sesto, fueron y son jueces ilegales. Son hijos de la trampa política y, honestamente, no tienen cómo explicar sus conductas.
El fallo para el juicio político que está en marcha quedó sellado el martes cuando se conoció el texto del dictamen de la mayoría. Lo que resuelva el pleno de la Cámara, esto es, si se consiguen los 27 votos necesarios (dos tercios) para acusar, será complementario. Hasta podrían seguir ocupando los cargos Cáceres y Sesto, pero nunca más serán jueces legales o de la Constitución, con los riesgos institucionales que ello supone para la provincia.

El Esquiú