Editorial

Polémica

jueves, 27 de diciembre de 2018 00:00
jueves, 27 de diciembre de 2018 00:00

Este mes se aprobó en el Congreso de la Nación la nueva ley de Vacunas, que regula aspectos de la vacunación como su obligatoriedad, promoción “en todas las etapas de la vida” y exención impositiva.
La iniciativa impulsada por el diputado Pablo Yedlin (Justicialista-Tucumán), que actualiza la ley 22.909, fue avalada por 59 votos positivos frente a uno negativo de Fernando “Pino” Solanas y ninguna abstención.
Algunas de las reformas introducidas en el proyecto apuntan a eximir de impuestos internos a las vacunas y a penalizar a integrantes del equipo de salud que contraindiquen vacunas del calendario o que falsifiquen certificados. También se establece que para trámites como renovación del DNI, pasaporte o licencia de conducir, “se solicitará a la persona el certificado de vacunas, pero sin obstruir el trámite”.
La iniciativa prevé además la creación del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, en el que se deben asentar los “datos de vacunación de cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones y subsistemas de salud (público, seguridad social y privado)”.
Hasta aquí todo parece positivo, pero como en este país nada está libre de polémicas, también esta norma generó controversias.
En este caso, la oposición surge de un colectivo integrado por médicos y otros ciudadanos, denominado “Argentina sin Vacunas”, que denuncia una realidad escondida.
Rechazan la imposición por ley de la aplicación de dosis porque varios organismos de Derechos Humanos, la Constitución y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco dicen que toda intervención médica requiere del consentimiento de la persona que va a recibir una vacuna. El consentimiento tiene que ser dado en base a información verídica y constatable. 
Según este sector, la aplicación indiscriminada de vacunas es una acción “experimental” que avasalla la voluntad de los pacientes, con todo lo que ello implica cuando se trata de personas sanas.
¿Es la nueva ley un avance para celebrar, o tienen razón quienes marcan su inconstitucionalidad y violación manifiesta de los Derechos Humanos?
 

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