En los últimos días, magistrados del Juzgado de Control de Garantías expresaron su malestar por inconvenientes que enfrentan a la hora de desarrollar sus tareas habituales.
Mencionaron las falencias de infraestructura edilicia, la falta de personal y la precariedad de servicios, específicamente en el nuevo edificio ubicado en avenida Virgen del Valle al 700. 
Al brindar detalles de la situación, el juez Porfirio Acuña expresó que mensualmente ingresan alrededor de 150 a 200 causas para resolver, pero que con seis empleados por Juzgado es muy difícil trabajar. 
Sus palabras coinciden en cierto punto con lo anteriormente señalado por el magistrado titular del Juzgado de Control de Garantías Nº 3, José Antonio Carma, quien expresó que hace un año y medio que no tienen internet, lo que hace dificultosa su tarea. 
Como ante casi todos los problemas que salen a la luz pública, por idiosincracia propia de los argentinos, la primera reacción es buscar y señalar culpables; en lugar de encaminarse hacia una solución.
Pero es un hecho que similares reclamos se oyen también de autoridades de otros poderes, y cualquier ciudadano puede advertir que existen cuando le toca enfrentar algún trámite. A veces hasta lo más sencillo se torna engorroso en oficinas públicas.
Lo realmente llamativo es que sea tan recurrente la mención a la falta de personal, cuando al mismo tiempo se reconoce el sobredimensionamiento de la planta de estatales como uno de los contratiempos crónicos de Catamarca.
Un amplio reordenamiento, con capacitaciones y jerarquización del empleo público, asoma ya como una necesidad, y debería ser denominador común en la agenda de todas las fuerzas políticas.