Esta semana se iniciaron los períodos de sesiones ordinarias en las legislaturas de Córdoba y Entre Ríos, que ya están en plena actividad.
El próximo mes, marzo, será el momento de la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional, y otros doce mandatarios abrirán los tiempos de debate para los legisladores de las provincias de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes y Tierra del Fuego.
Un poco más tarde, en abril, sucederá lo mismo con Santiago del Estero, Jujuy, Salta, San Juan y San Luis.
Y allá en el lejano mes de mayo lo harán las provincias que menos tiempo dedican cada año a la labor legislativa: Mendoza, Misiones, Santa Fe... y Catamarca.
Mucho se analizó este tema, que debe reconocerse como remanido y poco novedoso, pero lo cierto es que sigue vigente.
Cuatro meses de inactividad en el recinto es demasiado para una provincia que destina casi 1.000 millones de pesos al año a sostener su estructura legislativa, con 57 legisladores elegidos por el pueblo para representarlo en dos cámaras que se mantienen inactivas la tercera parte del año.
Cada tres años, se acumula un año completo en que la Legislatura no legisla: es demasiado.
Se dirá, y seguramente con razón, que diputados y senadores se mantienen activos, que realizan diversas tareas y cumplen otras labores. Pero lo concreto es que su función específica es la parlamentaria, y no hay sesiones.
Volvemos aquí al proyecto de Reforma de la Constitución catamarqueña, que propone que las sesiones ordinarias se extiendan desde el 15 de febrero hasta el 15 de diciembre. No se conocen aún argumentos que expliquen los beneficios del letargo actual.