Apuntes del Secretario

Como los jueces de la Corte de Justicia, José “Pepe” Cáceres” y Amelia Sesto de Leiva, sin caer en contradicciones, no tienen cómo defenderse de las irregularidades que rodean su permanencia en los cargos (infringen por lo menos dos artículos de la Constitución de la provincia), ha salido la política mal entendida a pedir su permanencia. Efectivamente. Los diputados radicales, es decir del mismo palo ideológico del gobierno que permitió que se cometieran trampas para burlar a “la ley de leyes”, esbozan pueriles y mentirosos argumentos para tratar de tapar el sol con una mano. Dicen que se trata de una “jugada” del gobierno (podemos dar fe de que no es así) para quedarse con el poder absoluto y que la gobernadora Corpacci tiene a “un jubilado” (el ministro Dusso) al que ella misma “le aceptó la renuncia, lo jubiló y al día siguiente lo puso como ministro nuevamente”. No sabíamos que la mandataria tenía facultades para jubilar gente, en lugar de hacerlo Anses. Tampoco que el caso que referencian estos diputados, en un acto de irresponsabilidad, sea parecido al de Cáceres y Sesto. No tiene nada que ver y lo vamos a explicar tantas veces como sea necesario. Lo de los jueces fue una trampa política ostensible cuando se tenía, en ese instante sí, el poder absoluto de la provincia.

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Como lo dijimos en ediciones anteriores, lo peor del caso de los jueces es que se trata de altísimos funcionarios –resuelven nada menos que la vida de las instituciones y los ciudadanos- que han burlado la ley o, en el mejor de los casos, se han aprovechado de ella. Revisemos. El artículo 168 de la Constitución dice “no podrán ocupar cargos en la administración los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes”. Para la Corte, si se llama a concurso habría postulantes al por mayor para reemplazar a Cáceres y/o Sesto que se jubilaron en 1995. O sea hace ¡23 años! Pero en el año 1997, la mayoría de la UCR sancionó la ley 4912 (inconstitucional del derecho y del revés), violatoria del señalado 168, por cuanto dispone “excepcionalmente los jubilados y pensionados de cualquier caja, cuando fueran convocados a desempeñar funciones fuera de nivel de cualquiera de los Poderes del Estado, podrán percibir el beneficio previsional más la diferencia con el cargo en actividad, cuyo monto en ningún caso podrá superar la remuneración del gobernador de la provincia”. Con esta ley 4912, trucha e inconstitucional, no se terminaron los problemas para quienes piensan eternizarse en el cargo. Debían hacer nuevas piruetas y aquí vino la más vergonzosa.

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El artículo 195 de la Constitución dice lo siguiente: “El Poder Judicial es ejercido por una Corte integrada por tres o más miembros y por los demás Tribunales y Juzgados inferiores que la ley establece, fijándoles su jurisdicción y competencia. Los magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del Derecho hasta cumplir 65 años”. Cuando Cáceres y Sesto de Leiva llegaron a esa edad, más allá de ser jubilados, debieron partir hacia sus hogares. No lo hicieron y, según el informe del abogado Eduardo Andrada, tienen ahora 76 y 75 años, respectivamente. Pero para este otro “estorbo”, hubo otra trampilla. Hace 12 años, el Procurador Lilljedahl (un anciano, igual que sus pares magistrados) pidió la inconstitucionalidad del artículo 195 en lo referido al límite de los 65 años. ¿Quién le resolvió a favor? Una Corte formada por “Pepe” Cáceres, Sesto de Leiva y la entonces subrogante María Cristina Casas Nóblega. Con ello, los dos primeros se estaban favoreciendo a sí mismos por tener iguales impedimentos de edad que Lilljedahl. De hecho, allí nomás, solicitaron lo mismo. ¿Quién les resolvió? Un tribunal con Lilljedahl, acompañado de Casas Nóblega y Julio Bastos. Y como Lilljedahl había presentado una acción idéntica a la que terminó resolviendo, la Fiscalía de Estado de entonces recusó, pero nadie le dio bolilla. Como lo dijimos más de una vez, ¡una vergüenza jamás vista en la historia judicial argentina! Por suerte, estas miserias republicanas, por la presentación de Andrada, podrán ser consideradas por el Colegio de Abogados. Al menos, existe el compromiso de sus flamantes autoridades de revisar los títulos de quienes, desde la estricta legalidad, no son jueces.

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Por supuesto, los defensores políticos de los jueces nada dicen de las tramoyas explicadas en los bloques anteriores y, aviesamente, omiten puntualizar los motivos por los cuales, desde hace más de una década, están irregulares. Si lo hicieran, como también podrían hacerlo los nombrados Cáceres y Sesto de Leiva, tendrían que aludir a los fallos apuntados, dos mamarrachos que podrían crear un precedente que pasamos a expresar. Cualquier juez, fiscal o camarista de la provincia, lo mismo que los otros tres miembros de la Corte, podrían pedir a los 65 años que se apliquen los fallos de Lilljedahl a favor de Cáceres y Sesto y de éstos dos a favor de Lilljedahl, apañados por el gobierno que gobernó hasta 2011. De hecho, por lo que sabemos, Cristina Casas Nóblega o Julio Bastos que, como subrogantes, participaron de estos fallos, ya estarían gozando del beneficio que ellos mismos crearon. Con ese criterio, si todos los jueces solicitan lo mismo y con tanta facilidad burlan la Constitución, en diez años más el Poder Judicial de Catamarca sería algo así como “un Consejo de Ancianos”. Allí está la gravedad institucional que los opositores no ven o no quieren ver y el mismo gobierno parece soslayar, aunque aisladamente alguno de sus diputados (Daniel Lavatelli) haya presentado un pedido de informe.

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Pero si las explicaciones dadas por los legisladores opositores son de una pobreza absoluta, hay que aclararles que están contrariando al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien representa al macrismo, paradójicamente, su aliado electoral. El alto funcionario estuvo el 2 de marzo en Catamarca y, sin ambages, indicó que “si la Constitución de Catamarca está operativa” hay que aplicarla, tal como lo hizo la Suprema Corte de la Nación recientemente, cuando resolvió la causa “Schiffrin” indicando que los jueces tienen que irse a los 75 años, como dice la letra de la Carta Magna. Para Garavano, por analogía, esta decisión debe aplicarse en Catamarca y, si alguien se opone, cuando no procede el juicio político, simplemente hay que apelar a la Suprema Corte que, lo reiteramos, acaba de quebrar la “doctrina Fayt”, que le permitió al abogado salteño ejercer hasta los 99 años.

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Lo más llamativo de la controversia que planteara un abogado del foro local –Eduardo Andrada, hoy alejado del gobierno provincial- es la posición de El Ancasti, un medio que todo el Foro conoce es defensor a ultranza de los dos jueces cuestionados. Jamás publicó la presentación hecha ante el Colegio de Abogados, que sí salió jugosa por todas las redes sociales y fue realizada hace un mes. Tampoco leyó las declaraciones de la presidente del Colegio, Fernanda Rosales, que aceptó y reafirmó que la entidad va a tratar y se va expedir sobre el tema. De igual manera, el diario nunca dice por qué Cáceres y Sesto de Leiva siguen en sus cargos (para ello tendría que dar a conocer los fallos de la vergüenza que, con meridana claridad, ha publicado El Esquiú.com) pisoteando la letra constitucional y recién ayer, por primera vez, se refirió al tema al publicar un artículo titulado “Diputados opositores defienden a jueces”. Esta conducta, de periodismo selectivo en su máxima expresión (lo sabe a ciencia cierta el pleno de la Justicia local, incluida la Asociación de Magistrados), se condice con una definición que, el año pasado, supo expresar el presidente del medio de comunicación, Silvestre Zitelli, al referirse a Cáceres. Lo hizo en una solicitada, publicada en El Ancasti donde, con su firma, puede leerse: “No tengo el honor de mantener una relación de amistad ni vínculos de otra naturaleza con el presidente de la Corte de Justicia, doctor José Ricardo Cáceres, a quien no obstante respeto personal y profesionalmente”. ¿Por qué habrá tenido que salir a aclarar “su relación” con un miembro de la Corte? Los interesados en el tema, especialmente en los territorios judiciales, pueden sacar sus propias conclusiones. Nosotros solo analizamos el comportamiento y la credibilidad de los medios. “Construir esta última lleva años, tirarla a la basura minutos”. Por ello ofrecemos nuestro espacio, ampliamente, para que los jueces y la oposición se expresen con total libertad.

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RECUERDOS NO LEJANOS.

Como siempre, el último bloque de los “Apuntes” incluye hechos del pasado, preferentemente políticos.

El día 12 de marzo de 1993, hace exactamente 25 años, estaba programada la sesión de la Asamblea Legislativa, compuesta por los miembros de ambas cámaras, para elegir al senador nacional por Catamarca por el período 1992-2001.

La fecha había sido dada en diciembre de 1992 cuando no se consiguió acuerdo para determinar quién iba a suceder a don Julio Abogado, que había terminado el mandato el día 10 de aquel mes.

Simón Hernández, en relación con el caso que dominaba la agenda de aquellos tiempos y en su carácter de vicegobernador, estableció que la nueva postergación llevaba la Asamblea Legislativa al 2 de abril.

Para justificar la medida, argumentaba que “no hay garantías para alcanzar el quórum”, “no hay ningún candidato que reúna los votos necesarios para ser proclamado senador” y, finalmente, pronosticaba que había que “evitar una nueva frustración”.

De hecho, su anuncio ya era en sí mismo una frustración para una situación que fue un verdadero escándalo.

Aclaramos al respecto que este cargo de senador nacional, hasta el año 2001, lo determinaba la Legislatura provincial.

Por la reforma de 1994, desde la fecha referida, pasó a ser nominado por la voluntad popular.

Los primeros dos senadores elegidos en las urnas, cabe destacarlos, fueron Brizuela del Moral y José Luis Barrionuevo. 
 

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Comentarios

13/03/2018 | 08:08
#1
Cristina Casas Nóblega.. garantía de justicia ! averiguen cuando ingresó al poder Judicial y bajo que gobierno y todo se va a aclarar

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