Mañana viernes, será el último día de actividad judicial antes del inicio de la feria del mes de julio. El balance de lo actuado en lo que va de 2018, conforme a estadísticas y actuaciones en términos de reforma, no resulta nada halagüeño. Hasta el propio ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, señaló que Catamarca es una de las provincias más desactualizadas y que, sumándose al plan “Justicia 2020”, debería seguir el camino de sus pares, para lo cual existe financiación de la Nación. Ojalá en la segunda mitad del año, en los más altos niveles del Poder Judicial local se tomen medidas. En materia de juicios atrasados, también el balance arroja resultados negativos. Ninguna de las denuncias donde interviene la política, como el “negocio del hambre” del año 2003, llega a juicio oral y público y, como van las cosas, pueden terminar en las profundidades del olvido. Por cierto, será el fracaso mayor de una Justicia que, a través de sus voceros, se confiesa altamente eficiente. Pregunta inevitable: ¿dónde está la eficiencia que no se ve ni se percibe?

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Durante el primer semestre de 2018, como no había ocurrido en casi tres décadas, dos de los cinco jueces integrantes de la Corte –José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva- fueron severamente cuestionados por infringir artículos de la Constitución Provincial, el 168 y el 195. El primero impide a los jubilados ejercer este tipo de cargos y ambos son jubilados, por lo tanto cobran la jubilación y la diferencia con el sueldo actual de ministro. El 195 prescribe los 65 años como tope final para el ejercicio de la magistratura y los cuestionados han pasado los 75 que, por las dudas alguien tenga dudas, es el tope que se establece a nivel nacional. Pocos comprenden cómo personas encargadas de administrar justicia y hacer cumplir la ley, sin ponerse colorados, incumplen con las leyes que emanan de la Constitución. Triquiñuelas, fallos para favorecerse entre ellos, aplicación de jurisprudencias que han desaparecido y coberturas políticas partidarias hicieron posible el paraguas de la impunidad que se mantiene hasta el presente. Y por si fuera poco, el doctor Cáceres se permitió burlarse de la cámara de Diputados, de algunos abogados y hasta del Colegio que agrupa a los profesionales, el que prometió analizar el tema y hasta ahora fue chamuyo puro. A tanto llegó Cáceres, que desafió a todos ellos a enfrentarlos en la eventualidad de un juicio político, único mecanismo de destitución para los ministros de la Corte.

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A propósito del desafío de Cáceres. Una vez que termine la feria y durante el transcurso del mes de agosto, se produciría una presentación de esa naturaleza ante la cámara de Diputados que preside Fernando Jalil, uno de los asistentes a las reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales que supo tratar el tema. La base de la presentación tendría que ver con aquellos debates, con lo resuelto por el Colegio de Abogados en los años 90 (la actual directiva tomó aquellas actuaciones como propias) y con la jurisprudencia que, a partir de 2017, existe a nivel nacional. Por lo que se aprecia, reconociendo y probando que existen flagrantes irregularidades, el peronismo y algún sector del PRO (como respaldo tácito a la posición de la Casa Rosada) podrían votar a favor del desplazamiento de los jueces, pero sin dudas el comportamiento de los radicales sería el que determine la dilucidación del juicio político. Es que para su aprobación se requiere mayoría calificada, o sea los dos tercios de la cámara baja.

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Rubén Manzi volvió a mostrarse esta semana y, a fuer de sinceros, observó una coherencia que le está faltando a varios integrantes de la alianza Cambiemos en la provincia. Primero estuvo acompañando al presidente en su visita a Tucumán y, aparte de pedirle que regrese a Catamarca este mismo año, le trasmitió su apoyo incondicional, lo mismo que hicieron los diputados Carlos Molina y Enrique Cesarini, ambos del PRO. Los radicales, envueltos en sus recurrentes peleas intestinas, faltaron a la cita y únicamente puso la cara Miguel Vázquez Sastre que, al menos hasta ahora, no comulga con la conducción que encabeza Alejandro Páez y que, como todos saben, surgió de una jugarreta demasiado parecida a la que los “ganadores” le hicieron a los perdedores, al hacerlos pisar “la trampa del oso”. Sobre esa cuestión, Manzi no tuvo dudas en afirmar que se trató de una cuestión desgraciada que, con comprensión e inteligencia, se debió superar sin que la sangre llegara al río. En este sentido, el médico que pretende ser gobernador resulta coherente con su prédica permanente de evitar internas que considera inconducentes.

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“Ahora el presidente soy yo”. La expresión del flamante presidente del comité provincial de la UCR significa muchas cosas. La primera de ellas, sugerida por él mismo, fue diferenciarse de su antecesor, Luis Lobo Vergara, uno de los dirigentes que generó las mayores discordias y divisiones durante su mandato. Páez, además, pide que le dejen trabajar con otros métodos a favor de la unidad y, en esa dirección, confía en ampliar la base de sustentación de la alianza de cara a las elecciones, sobre la cual giran todos los problemas. Más crudo: cuando se trate de definir candidaturas se verá la capacidad de maniobra de este andalgalense que, alabado o criticado, tiene sus propios criterios. Nadie le puede endilgar, además, ser un castillista recalcitrante o un defensor a ultranza de Brizuela del Moral. Más se parece a un librepensador que no solo buscará juntar las cabezas radicales, sino que irá por acuerdos superadores con el gobierno nacional. Veremos entonces qué ocurre con su gestión.

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Como ocurre pocas veces, el tratamiento del presupuesto nacional para el 2019 será una gran batalla, quizá la que más preocupa hoy al Gobierno nacional. Es que allí deben asentarse las líneas generales que exige el Fondo Monetario Internacional a favor de realizar nuevos desembolsos, vitales para que la administración Macri pueda aguantar sin que el país ingrese en default. Ese proyecto de presupuesto debe presentarse hasta el 15 de septiembre, pero desde ahora mismo se llevan a cabo negociaciones, en las cuales jugarán un papel fundamental los gobernadores de provincia, los que también tienen que defender sus intereses. En ese sentido, se descuenta que pedirán una prórroga del pacto fiscal y no aceptarán recortes de coparticipación, una carta que los economistas nacionales sí piensan jugar. Se trata de una vieja amenaza que, desde su asunción, el macrismo hizo flamear. Recordemos que para evitar que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fuera a la Justicia para reclamar el fondo del conurbano, hubo que hacer concesiones de naturaleza diversa. Una de ellas fue votar a favor del cambio de fórmula para el pago de los jubilados, algo que paradójicamente fue un tremendo pelotazo en contra para Mauricio Macri. Desde ese momento, su estrella comenzó a opacarse hasta el límite de poner en duda lo que era seguro, su reelección en 2019.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con el repaso de los hechos del pasado cercano. El 11 de julio de 1993, el mundillo gremial sufría un fuerte sacudón en nuestra provincia. En la elección del Centro Empleados de Comercio, el secretario general de aquel entonces, Néstor Orden, caía derrotado por Roberto González, el actual conductor del gremio de calle San Martín. Se trató, lo repetimos, de un acontecimiento poco habitual en el campo gremial, ya que sus representantes suelen mantenerse en sus cargos por largos años y Orden, en ese sentido, parecía alguien invencible. Ganaba en todas las elecciones y su mandato parecía interminable. La aparición de González cortó esa situación y, en verdad, fue muy conveniente para el gremio comercial, donde los afiliados muestran hasta nuestros días plena conformidad con el dirigente que, desde el año pasado, también es uno de los conductores de la CGT Regional Catamarca. Aparte del funcionamiento de una red de atención permanente a los afiliados comerciales, durante el mandato de González, el gremio creció en forma notoria y tiene en San Antonio (Fray Mamerto Esquiú) un complejo social y deportivo que es orgullo de muchos de sus pares.

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Tan controvertida fue esta elección gremial del año 1993 que, después de conocerse los resultados, se programó la asunción para el 15 de julio. Cuando llegaron los electos a la sede social, las puertas estaban cerradas y González no pudo tomar la conducción. A partir de ese momento, se sucedieron las reuniones y desde el ministerio de Trabajo hasta se le pidió a Roberto González que aceptara la postergación. No la aceptó. Es más. Pidió asumir de inmediato, cosa que iba a ocurrir días más tarde.