No pasaron dos semanas desde que dijimos que la dupla Fernando Jalil-Jorge Moreno, conductores no discutidos de la llamada renovación peronista, se iba a proponer como precandidata a seguir en la política cuando el primero de los nombrados aseguró a la radio líder del medio que descartaba una reelección como diputado provincial, pero aceptaba anotarse en la carrera como intendente de la Capital, a la que conoce bastante bien en razón de haber sido alto funcionario de su padre, el doctor José Guido Jalil, durante el período 1987-1991. También sabe de los pasos de su hermano Raúl por el mismo puesto, para el cual fue electo en las elecciones de 2011 y 2015. De esta manera, junto a Maxi Brumec, Rubén Yasbek, Liliana Barrionuevo –todos, en su momento, expresaron intenciones parecidas- o algún otro funcionario provincial, Fernando podría ser animador principalísimo de una primaria capitalina de excepción dentro del peronismo. Jorge Moreno, por lo pronto, no habló de sus perspectivas futuras, pero nadie lo imagina completando su senaduría y marchando a su casa. Aparte que nunca le apuntó a cargos menores. Recordemos que, en algún momento, fue postulante a la gobernación y nunca dejó de soñar con la diputación nacional. ¿Quién no dice que puede andar cavilando esas chances? Para el resto de la llamada renovación peronista quedarían, como lo decimos siempre, los “puestos menores”. Digamos concejalías o, cuando mucho, una banca a pillar de diputado.

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Por lares viejovallenses, los ánimos con el PRO no son precisamente alentadores. Allí se quejan, amargamente, del trato que reciben de Buenos Aires y están convencidos que no existe una correspondencia de intereses. Esto es, no se sienten reconocidos sus dirigentes por haber trabajado, desde el enclave chacarero, por la presidencia de Mauricio Macri. Hace diez días, antes que abandonara la Secretaria de Hacienda, el contador Raúl Giné se había referido al hecho concreto de que el municipio no registraba una sola obra impulsada por el gobierno nacional. Ahora redobló sus lamentos al indicar “así es que repetitivamente los actos, procesos, todos los funcionarios que vienen de Nación, todos los recursos que han venido de Nación a la provincia fueron destinados al gobierno provincial o al gobierno de la Municipalidad de la Capital” (sic). Respecto a éste último también fue bastante claro: “el municipio de Raúl Jalil recibió más de 400 millones y Valle Viejo 8 millones de pesos en ATN  y ninguna plata fresca para determinado proyecto. No entiendo como el gobierno de Macri no reconoce el trabajo que hicimos para ayudarlo, aunque Catamarca sea el 1% del electorado”. Los dichos de Giné, por lo bajo, también lo refieren otros dirigentes radicales y desde el PRO, también entre dientes, destacan que los montos por ATN fueron mayores. Como quiera que sea, como ocurrió con el peronismo durante dos décadas, la situación de la oposición es siempre difícil aunque los supuestos “amigos o compañeros” ocupen la Casa Rosada.

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La fuerza del castillismo, inmensamente reducida en los últimos seis años, sigue el proceso de degradación que, como el saadismo, sufrieron otros sectores políticos de la provincia. A cada nada están obligados a resignar posiciones. Por lo pronto, la conducción de la UCR no les pertenece enteramente, como tampoco la mayoría del bloque en la Legislatura provincial. Le quedan, eso sí, algunos mojones de la Justicia y una Liga de Intendentes (Ríos, Paez, Savio, Jalile, Herrera, etc) que intenta consensuar un precandidato a gobernador de sus propias filas, aunque también nombran en la estrategia a Raúl Jalil, el jefe comunal capitalino. Honestamente no auguramos que, de concretarse esta jugada, despierte gran entusiasmo en el conjunto del Partido. Más nos inclinamos a pensar lo que dicen los anticastillistas que, en los últimos tres meses, sumaron a Rubén Manzi y Eduardo Brizuela del Moral, dos dirigentes con mayor proyección que los intendentes aludidos. A propósito de las diferencias existentes, el exgobernador y actual diputado nacional se habría reunido con el presidente del comité, Alejandro Páez, y le habría adelantado que los mandatos partidarios no tendrían la fuerza de otros tiempos. A buen entender, no hacen falta más explicaciones.

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Como se informó por los diferentes medios, EC SAPEM prescindió de los servicios de la empresa Secco, a la que alquilaba los generadores de energía que estaban instalados en el exServicio Penitenciario, sobre avenida Güemes. Para fines de 2018, mientras tanto, está previsto que se retiren los generadores móviles que el gobierno nacional instaló en distintos puntos de Capital como el barrio 9 de Julio, Maipú norte, el predio de Tránsito Municipal y avenida Los Terebintos, entre otros. También fueron levantados los equipos de Andalgalá, Belén y Saujil. Pero, paralelamente a estas medidas que apuntan a ahorrar recursos millonarios de EC SAPEM y la misma Nación, la distribuidora provincial registró durante los últimos meses, más allá del incremento exponencial de los costos de la energía, mayores consumos domiciliarios. Afortunadamente, fueron atendidos con solidez por la distribuidora local. Constatadas estas dos cuestiones, la prescindencia de equipos de generación móvil y el aumento del consumo por parte de la ciudadanía (estimado por los directivos de la empresa en un 15%), no cabe menos que ratificar la ostensible mejora del sistema eléctrico provincial. Las inversiones millonarias de la administración Corpacci y el trabajo planificado e incansable de la EC SAPEM permitieron este importante salto desde 2012 al presente. Recordemos que al momento de la contratación de los equipos, la provincia adolecía al menos de un tercio de la capacidad operativa y los cortes de energía era una contante de aquellos inviernos y veranos “taselistas”.

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A propósito de variables económicas, ajustes y gestiones, el intendente Raúl Jalil expresó recientemente su preocupación por la eventualidad de la eliminación del fondo sojero, aquel mecanismo que se puso en marcha a fines de 2008 y permitía a los intendentes, en general, atender obligaciones y hasta materializar obras pequeñas o medianas. En el caso de la Capital, para el último año de Jalil en la intendencia, el recorte sería de una cifra aproximada a los 60 millones, lo que no es poca cosa. Previsor como es, el hombre pliega su paraguas ante la posibilidad que la tormenta nacional, siguiendo el lenguaje meteorológico, se convierta en un diluvio o un huracán. En la misma dirección podría reformular su gabinete, lo que tal vez comenzó con la aceptación de la renuncia de la Secretaria de Salud, Guadalupe Toloza, una de las puntales del equipo de conducción. Se comenta, sin embargo, que esta decisión fue tomada por cuestiones ajenas al trabajo específico.

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La presencia de Marcelo Capello en la provincia, durante la semana, dejó rostros conformes en la Casa de Gobierno. El economista, vinculado a la ortodoxa Fundación Mediterránea, indicó que las principales variables del ajuste que se viene serán los sueldos y la obra pública. Hasta allí, diríamos que no aporta algo que, efectivamente, no sepamos los catamarqueños. Los sueldos, especialmente de los estatales nacionales de la provincia, avanzarán bien lejos de la inflación y la obra pública, desde hace unos meses, ya tiene ritmo ralentizado. Las voces favorables al gobierno fueron otras: “Catamarca, desde hace varios años, está en una posición fiscal bastante consolidada y aparece entre las cinco provincias con mejor desempeño”. Tampoco sería algo nuevo si consideramos que varias consultoras ubican a Catamarca en los mejores puestos de la transparencia pública, en tanto se informa en tiempo y forma el uso del dinero público, se gasta con discreción y no se toman créditos internacionales, un dolor de cabeza agudo para varias provincias argentinas.

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La gestión de Marcos Denett, al frente de la Secretaría de Seguridad, genera permanentemente polémicas. Se trata de cuestiones inevitables en un área donde, muchas veces, hay que tomar decisiones que resultan, aparte de difíciles, opinables. Sin embargo, es uno de los funcionarios con mayor ejecutividad y con carácter como para enfrentar a la opinión pública en general y a la oposición en particular. Tampoco amedrenta frente a la crítica adversa y, con sus criterios, la enfrenta con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder y está convencido de sus acciones. Desde ese punto de vista, su gestión se nos antoja irreprochable.

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RECUERDOS.

En este último bloque traemos al presente los hechos ocurridos hace 25 años, muchos de los cuales se entremezclan con figuras que todavía tienen actuación pública.

El 6 de agosto de 2010, la Cámara de Senadores de la provincia convertía en ley la implementación de los Bonos de Cancelación de Deuda que, por largos años, iban a reemplazar al dinero en efectivo.

El tema ya tenía media sanción dividida de la Cámara de Diputados y produjo una verdadera conmoción pública. Hubo quienes lo aceptaban, otros que lo rechazaban. Entre éstos últimos se anotaba una formación política peronista llamada Opción Provincial, que se distinguía del saadismo y funcionaba en sintonía con el gobierno de Castillo.

De hecho, uno de sus representantes, el contador Mario Fadel, le proponía a Arnoldo Castillo en aquel agosto establecer una alternativa a los bonos mediante monedas que podrían acuñarse con el oro de Farallón Negro.

A favor de esta idea, el licenciado Luis Alvarez, entonces presidente de YMAD, indicaba que el organismo podía aportar unos 2 ó 3 millones mensuales.

Finalmente, la iniciativa quedó en la nada y los bonos iban a inundar la provincia. No fueron, en realidad, un mal instrumento económico y, por más de 10 años, hasta que los rescató Néstor Kirchner, funcionaron bien.