No son tiempos favorables para José Cáceres, el polémico ministro de la Corte de Justicia de Catamarca. A los anuncios de un juicio político en su contra, casi inmediatamente, le siguió una dura reprimenda del Consejo de la Magistratura, el organismo que reglamenta los concursos públicos de antecedentes y oposición para el nombramiento de jueces y fiscales. En su última resolución, a raíz de cuestionamientos del nombrado Cáceres a lo actuado por el organismo, en forma unánime, los consejeros los calificaron de “improcedentes” e “infundados”. El terminante pronunciamiento, refrendado por Fabiana Gómez, Marcia Lozada, Ezequiel Romero, Lorena Varela, Jorge Sosa, Cecilia Guerrero, Luis Cipitelli, Vilma Molina, Luis Guillamondegui y Pablo Gallardo, indicó que para los concursos tanto valen la entrevista personal como los exámenes técnico-jurídicos y los antecedentes. Para el viejo cortesano, increíblemente, la entrevista adquiere una valoración menor a las otras exigencias. Independiente de su particular análisis, siguiendo sus frenéticas defensas, José Cáceres indicó que el sistema favorece la dedocracia. ¡Justamente lo dice él, que jamás pasó por un concurso y fue designado en abierta violación a la Constitución Provincial!

Si la defensa del Consejo de la Magistratura fue dura, la del Colegio de Abogados tuvo más contundencia, como puede deducirse de los siguientes cargos: “Incurre también el ministro de la Corte (por Cáceres) en agravios y errores de tal gravedad que, tomados en el contexto de su intempestiva interpelación pública al Consejo de la Magistratura, hacen necesario un estudio serio y responsable sobre su desempeño en el ejercicio de la Magistratura. La intromisión, inadmisible, es un pecado original para quien ocupa cargos de tal envergadura y debería, en consecuencia, el señor ministro dar explicaciones fundadas en relación a una conducta reñida con las reglas elementales del decoro y la prudencia con que debe manifestarse; ello sumado a que, si entendía o conocía de la existencia de actos o resoluciones irregulares, como funcionario público, debió recurrir por ante la autoridad correspondiente a fin de evitar la consumación de los mismos”. La clarísima definición de los colegiados fue refrendada por su presidenta, María Fernanda Rosales Andreotti, y los restantes miembros de la comisión directiva: Yésica Díaz, Marcelo Ariel González, Gabriel Adrián Jaime, Estanislao Reynoso Gandini, María Lorena Varela, Fabiana Gómez y Silvina Fullana.

Días antes que el Consejo de la Magistratura o el Colegio de Abogados se expidieran sobre el nuevo exabrupto de José Cáceres, este Secretario consideró necesario que el acto sirviera como extensión del juicio político que comenzó a analizar ayer la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados. Ahora corresponde agregar que estos excesos no se acaban con declamaciones, por fuertes que sean. Lo que corresponde hacer es asentar la denuncia penal, es decir lo mismo que el Colegio de Abogados le recrimina al juez del máximo tribunal. No hay otra con personas como Cáceres que jamás, ni por casualidad, hizo un mínimo de autocrítica y está habituado a imponer condiciones, como lo hizo a partir de que fue nombrado dos veces ministro de la Corte (una el 1 de julio 1995 y la otra el 28 del mismo mes y año, previa renuncia que fue aceptada y por la que le agradecieron “los servicios prestados”). Sobre este último aserto, sería bueno que se acaben las palabras de circunstancia: Cáceres es el autor intelectual del nombramiento de decenas y decenas de jueces y fiscales. Es más, su última rabieta tiene que ver con el fiscal Alejandro Gober, uno de los elegidos por la dedocracia de su propio impulso que, como se ve, ahora critica.

Dijimos en el arranque de estos “Apuntes” que los dulces amaneceres del juez Cáceres cambiaron de sabor en este año 2018. Desde febrero, cuando se materializó una presentación en contra suya en el Colegio de Abogados, ejerce una defensa que él llama jurídica, pero evidentemente es política y cargada de agresividad. No solamente aludió a los diputados en forma despectiva, sino que le quitó autoridad para opinar al órgano que reúne a los colegiados abogados y ahora extendió los excesos contra los consejeros. Se trata de una característica ya conocida de Cáceres, el que alguna vez abrió a las patadas las puertas de una fiscalía para reclamar por la detención de una persona que, según su criterio, era injusta. Así lo haya sido, su comportamiento fue impropio de un ministro de la Corte, algo que le reclamó el Consejo de la Magistratura. Sin dudas, este tipo de comportamientos ha determinado que en siete meses no haya recibido un solo apoyo concreto a su gestión, muy mala si se mide en términos de imagen. Cuando más, hubo un par de diputados radicales que impugnaron reuniones de una comisión legislativa por la inexistencia de juicio político, algo que hoy sí existe. Más recientemente apareció el diputado Lobo Vergara, quien tiene una relación de cercanía con Cáceres, diciendo que va a votar en contra de cualquier avance sobre el juez. Eso sí, no dio a conocer ningún argumento jurídico.

Mientras las discusiones en la cúpula de la Justicia, mejor dicho del Poder Judicial, se mantienen y tienen continuidad permanente, con las denuncias contra la morosidad ocurre otro tanto. Veamos algunas de ellas.
QUEJA (I). El sindicalista Jorge Escalante (secretario de Finanzas del SOEM), con actuación en tierra chacarera, apuntó contra el juez José Carma por lo que considera una manifiesta paralización de la causa que sigue contra el fiscal Ezequiel Walther “por abuso de poder, privación ilegítima de la libertad y mal desempeño de sus funciones públicas”. El hombre, conforme lo dijo en los medios, siente que existe “denegación de justicia porque Walther pertenece a la corporación”. No creemos que la cosa sea así, pero llama la atención las denuncias que pesan sobre este fiscal –algunas de ellas afloraron durante el jury de Enjuiciamiento al exfiscal Mazzucco- y nadie, salvo el nombrado Escalante, haya avanzado con una acción efectiva.

QUEJA (II). El diputado provincial Víctor Luna (Frente Cívico-Cambiemos), aunque vive en la Capital, tiene sus intereses políticos en La Paz, departamento del que fue senador por varios períodos. Por ello no extraña su avanzada sobre el intendente de Icaño, Pío Carletta, a quien acusó en el Poder Judicial de graves cargos sin que hasta ahora tenga respuesta. Por ello es procedente su queja cuando indica “pongo en conocimiento de la Fiscalía General que, atento a las graves y serias irregularidades que empañan esta investigación, no debe pasar desapercibida la inacción y la mala sustanciación de la misma”. La referencia es para su denuncia contra Carletta por presuntos hechos delictivos relacionados con la explotación del polo avícola, lo cual data de octubre de 2015. La queja del legislador se completa con una manifestación de desencanto: “Desde que somos querellantes advertimos irregularidades”. ¿Será así? Al Poder Judicial le toca responder.

La llamada “causa de los cuadernos”, que hoy conmueve a la opinión pública nacional por las atrocidades delictivas de la patria contratista creada en tiempos de la dictadura militar y que hace de las suyas hasta el presente, tiene algún correlato en Catamarca. En ese sentido podríamos hablar de la cartelización, que siempre fue aceptada por los contratistas locales y avalada por los gobernantes de turno, tema sobre el cual este diario realizó investigaciones y las volverá a revalidar con los datos de todas las épocas y no únicamente de los últimos años, en los cuales efectivamente hubo acuerdo para el reparto en la construcción de viviendas sociales o del plan Fonavi. También en el escándalo nacional, donde las coimas pretenden ser disimuladas por aportes a la política, se desnudaron las fechorías de gigantes empresariales como Techint, Calcaterra o Roggio, pero también se dieron a conocer otros nombres, como Coarco, la empresa que tuvo a su cargo la construcción de las cloacas de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, una obra vital del kirchnerismo que, no obstante, estuvo rodeada de polémicas.

Por este mismo tema de las coimas, siguiendo un tratamiento claramente selectivo, desde lugares especialmente interesados en conectar lo nacional con lo provincial se está ejerciendo una clara presión sobre el fiscal federal, Santos Reynoso, para que observe un alineamiento con el juez Bonadío, un apellido del Poder Judicial sospechado de favoritismos y persecuciones con el aval cómplice de algunos pulpos mediáticos. Por cierto, la ciudadanía catamarqueña confía en la ecuanimidad demostrada hasta ahora por el funcionario federal, un hombre que conoce bien de obra pública como que fue funcionario del área en otras épocas, durante las cuales se sucedieron hechos púbicos y controversiales de los que llegó a participar.

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, disponemos el último bloque para recordar el pasado cercano.

En agosto de 1993 se establecía un hecho político de gran importancia para la época. El Concejo Deliberante de la Capital, presidido por Horacio Francisco Pernasetti, aprobaba un proyecto del exconcejal y exdiputado Juan Carlos Bayón por el cual se declaraba la necesidad de dictar la carta orgánica del municipio.

Por el mismo instrumento, se fijaba la fecha del 3 de octubre de 1993 –en coincidencia con las elecciones nacionales y provinciales- para la elección de los convencionales constituyentes. Con mayoría del Frente Cívico y Social, aquella carta orgánica permanece hasta nuestros días y determina que el intendente solo puede ocupar dos períodos consecutivos.

Por ello, en las próximas elecciones, Raúl Jalil está impedido de ser candidato, a pesar de lo cual respaldó un proyecto de reformar la carta orgánica a los efectos de actualizarla y, por ejemplo, establecer que las elecciones capitalinas se hagan cada cuatro años y no cada dos. 

El Esquiú.com