Sin críticas al gobierno nacional, ya lo había dicho el intendente Raúl Jalil la semana pasada. La desaparición del Fondo Sojero, que figuraba en la danza del ajuste que se lleva adelante en el país, podía convertirse en un mazazo para la economía provincial. Los peores presagios, el pasado martes, finalmente se cumplieron. El presidente firmó el decreto que anula un beneficio que regía desde hace nueve años y servía a las provincias y los municipios como un respirador artificial en tiempos de crisis. En lo que respecta a Catamarca, conforme está chequeado, el perjuicio sería del orden de los 950 millones de pesos entre lo que queda del 2018 y todo el 2019. La cifra realmente asusta y pone en jaque la estabilidad de una provincia pobre que, según varias consultoras, ofrecía equilibrio en sus cuentas y, vista en sus formas de transparencia, tenía una muy buena ubicación entre sus pares.

Desde el puerto de Buenos Aires, donde tiene la sede el gobierno central, se argumentó que el perjuicio no será tan grande y que, en realidad, habrá una compensación por la rebaja en los aranceles a la exportación. Una mentira más grande que el Ambato y el Ancasti juntos. De hecho, las voces mayoritarias hablaron de despojo. No solo los representantes del gobierno de Corpacci, sino hasta opositores e instituciones de envergadura social y económica como la Unión Industrial. El titular local, Raúl Colombo, estimó que se castiga a las economías regionales, pero hizo hincapié en que el mayor perjuicio está dado por la quita del Fondo Sojero, que beneficiaba no solo al gobierno, sino a todas las intendencias, fueren del color que fueren. Sobre la compensación, la interpretó como algo incongruente, al indicar “si la cosa es así, no la habrían hecho y no habría ningún problema”. Esta valoración se da de bruces con la defensa que, en nombre del PRO, llevó adelante el diputado Carlos Molina, para quien si habrá compensación y hasta algunas ventajas. No creemos, de ninguna manera, que esto sea así. Es más. Los aumentos de coparticipación hay que medirlos teniendo en cuenta la devaluación y la inflación, dos rémoras que se hacen sentir. ¡Y cómo!

Entre los intendentes de Cambiemos en la provincia, de acuerdo a un rápido chequeo de este secretario, se deslizaron comentarios poco simpáticos para la Casa Rosada. Salvo el jefe comunal de Ancasti, Rodolfo Santillán, para quien el Fondo Sojero no tendrá impacto en su jurisdicción, los demás no se privaron de exteriorizar malestar. El más notorio fue Daniel “Telchi” Ríos. Para el natural de Belén “duele tener que ser oficialista y que tomen estas medidas”, a partir de lo cual indicó algo mucho más grave: “desde ayer se acabó el federalismo. Era uno de los pocos fondos que nos permitía hacer obras importantes dentro de nuestra comunidad”. Como Ríos es figura de predicamento entre los intendentes y en la misma UCR, sospechamos que a los legisladores de las distintas tribus de Cambiemos les costará horrores poder desmentirlo o pretender restarle valor a sus palabras.

Sin dudas, la decisión del gobierno nacional representa un golpe artero al federalismo que dice practicar y que, claramente, no se compadece con la realidad. Es que este fondo sojero nació al calor del conflicto con el campo. La suba de las retenciones a la soja derivó que un 30% de esas retenciones fuera a las provincias pero, entre estas, resultaron beneficiadas algunas de las pobres o teóricamente inviables, como Catamarca, Jujuy, La Rioja, Formosa o Santiago del Estero. Las que conforman la pampa húmeda, casos de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, recibían menor porcentaje de este fondo por la sencilla razón que usufructúan los beneficios directos de la agricultura y de su ubérrima geografía. Por este motivo, los gobernantes de estas zonas prácticamente no se revelaron ante la medida de la Casa Rosada. Para ellas, queda claro, el perjuicio es mucho menor que en aquellos lugares postergados por la falta de procesos industriales o estar alejados de los puertos atlánticos. Sobre el tema, por último, hacemos una aclaración. Objetivamente, el decreto de Macri es inapelable. Es que los beneficios de la exportación no son coparticipables, es decir que el ciento por ciento le pertenecen a la Nación. Cuando se implementó el Fondo Sojero, queda claro, hubo una decisión política –no legal- del kirchnerismo, ahora borrada por otra medida política en sentido contrario.

Con la eliminación del Fondo Sojero ya consumada, los rostros y las voces de preocupación en los círculos gubernamentales resultan indisimulables. Es que saben que no habrá margen para despilfarros y todos, sin excepción, deberán ajustarse el cinturón. La gobernadora, por lo menos tres veces, ha dicho que preservará las fuentes de trabajo dentro del Estado, lo que indirectamente querría decir que no se producirán más nombramientos. También no hace falta ser demasiado suspicaz para afirmar que la obra pública tendrá una caída en picada y que lo poco que se haga será con fondos de la provincia o con créditos que puedan tomarse. A ello, por las dudas alguien no tomó en cuenta, se suma la pobreza que avanza sin cesar entre los sectores menos pudientes, que se ubican en las periferias ciudadanas o en el interior de la provincia. Hasta los que tienen trabajo en el Estado se confiesan endeudados hasta la coronilla. ¡Muy grave!

La presión sobre el fiscal federal, Santos Reynoso, para que resuelva una denuncia por el supuesto pago de coimas, ha superado todos los límites. A tenor con sucesos mediáticos, políticos y judiciales que tienen como epicentro los tribunales federales de Comodoro Py, hay quienes pretenden, sin respaldo de pruebas fehacientes y saltando responsabilidades institucionales, resoluciones rápidas. El último militante de esta avanzada es el empresario Jorge Marcolli, quien descargó munición pesada sobre Reynoso. Dijo por ejemplo, en diario El Ancasti, “acá tenemos un fiscal que no se calienta en investigar y terminar las cosas”, tras lo cual lo consideró “un incompetente”. El reconocido empresario, como se sabe, fue quien presentó la denuncia por supuestas coimas que se pagaban durante el kirchnerismo cuando en Catamarca, en nombre del Frente Cívico al que adhiere, gobernaba Eduardo Brizuela del Moral. Lo más gracioso de la carga de Marcolli es su recriminación a Santos Reynoso cuando dice “en dos años no hizo absolutamente nada”. Pensamos que olvida aclarar que, por su lado, tardó nada menos que 14 años en denunciar un hecho donde las pruebas cobran valor por su cercanía temporal. Más claro: cuestas creer en las convicciones de Marcolli sobre su apego a la transparencia.

Hasta ahora, en torno al juicio político presentado contra dos jueces de la Corte de Justicia, solo uno de ellos ha hablado y, con argumentos jurídicos o políticos, se ha defendido a través de los medios de comunicación. Se trata de José “Pepe” Cáceres, al que en los últimos tiempos se le han sacado a relucir “trapitos” del pasado que lo estarían descolocando legalmente. En cuanto a la doctora Sesto de Leiva, su silencio ha sido absoluto. De fuentes muy creíbles, estamos en condiciones de afirmar que su estrategia sería distinta a la de Cáceres. A sabiendas que la actual jurisprudencia nacional no la favorece y luego de haber cumplido 75 años, su intención sería la de presentar la renuncia al cargo antes de fin de año. ¿Podrá ser?

Con o sin renuncia de la doctora Sesto, el análisis del pedido de juicio político continuó esta semana por los carriles naturales. La comisión de Asuntos Constitucionales se abocó a su tratamiento y análisis para resolver la admisibilidad de una medida que debería definir el pleno de la Cámara con la exigencia, para su aprobación, de alrededor de 27 votos. Esto quiere decir que las voluntades peronistas no alcanzan para conformar los dos tercios, con lo cual resulta imprescindible el concurso de la oposición, hoy en día una mixtura sobre la cual es muy difícil hacer predicciones. También, de acuerdo a opiniones recogidas el lunes pasado, para avanzar hacia la sustanciación del juicio político será vital el papel que pueda jugar la llamada renovación peronista, que no solo cuenta con el presidente de la Cámara –Fernando Jalil-, sino también con Horacio Sierralta, el titular de la comisión que debe dar dictamen. Ambos, en su momento, se comprometieron a seguir los pasos que indica la ley. Como corresponde, está claro.

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, disponemos el último bloque para recordar el pasado cercano.

El 14 de agosto de 1993, hace 25 años atrás, Hugo Rafael Soto retenía el título sudamericano de los moscas ante una multitud que se congregó en el Polideportivo Capital. Quien años más tarde sería campeón mundial de la categoría, aquella noche despachó al colombiano Henry Casarrubia Jimenez en el tercer capítulo, cuando lo mandó a la lona por toda la cuenta.

También por aquellos días, después de la aprobación de los Bonos de Cancelación de Deuda que iban a reemplazar a la falta de dinero existente en la plaza y en casi toda la Argentina, desde la ciudad de Santa María, el exgobernador Arnoldo Aníbal Castillo anunciaba un aumento del 100% del sueldo mínimo de los empleados públicos. Con ello se consolidaba la vigencia de los bonos los que, repetimos, iban a funcionar muy bien en la provincia hasta su rescate definitivo durante la gobernación de Eduardo Brizuela del Moral, en aquel entonces fuerte aliado del expresidente Néstor Carlos Kirchner, lo mismo que Julio Cobos (Mendoza), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Colombi (Corrientes) y Saiz (Río Negro). 

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