Apuntes del Secretario

“Tanto va el cántaro a la fuente que, al final, se rompe”. La añeja expresión se relaciona directamente con la presentación de un juicio político contra dos de los cinco integrantes de la Corte de Justicia de Catamarca. Ellos son José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. El primero, a partir de objeciones a su situación legal, negó la existencia de irregularidades y, por lo menos en cuatro oportunidades, aclaró que la única vía de desplazamiento de su cargo era a través del mecanismo de juicio político que prevé la Constitución de la provincia. A pesar de que nadie salió en su defensa, algunos integrantes de la oposición radical (Marita Colombo y Francisco Monti, por caso), se encargaron de destacar que, efectivamente, no se podía analizar su cometido o eventuales ilegalidades sin la sustanciación del mentado juicio político. Como en su momento lo adelantó El Esquiú.com, finalmente surgió una presentación formal contra los altos funcionarios judiciales, la que fue anunciada el martes pasado por los micrófonos de radio Valle Viejo. El abogado peronista Eduardo Andrada, quien en febrero último había objetado a los jueces ante el Colegio de Abogados, confirmó que llevaría el juicio político por su propia cuenta y ayer, bien temprano, estuvo en la cámara de Diputados para dar ingreso a su alegato institucional.

Independiente de desafiar a los cuatro vientos que le iniciaren el juicio político, Cáceres –habla por su cuenta y no por Sesto de Leiva, que prefiere el silencio- se encargó, a través de los medios, de menospreciar la acción legislativa. Cuando la comisión de Asuntos Constitucionales se reunió y citó a abogados locales o miembros del Colegio respectivo para analizar las acusaciones públicas que habían surgido, afirmó que se trataba de algo así como un circo, al que solo faltaba que inviten al Chavo del Ocho o Piñón Fijo. No conforme con la sarcástica, despectivamente, se dirigió al diputado Augusto Barros, a quien llamó “el jurisconsulto”. En cada una de sus apariciones, en las que deslizó explicaciones que no despejaron las dudas planteadas, pidió que se acabaran las discusiones y que fueran al juicio político, el que estaba dispuesto a enfrentar. Hoy ese escenario de suposiciones no existe. Hay juicio político y, de ser declarado admisible por la cámara, descontamos que Cáceres se siente en el banquillo y trate de convencer a los legisladores que “la Corte está en orden”. Negar la admisibilidad, queda claro, sería desatender el propio pedido, que es público, de Cáceres.

Durante el reportaje que le hiciere el periodista Jorge Álvarez, Eduardo Andrada hizo medulosas consideraciones y, en momento alguno, tuvo referencias destempladas para Cáceres, como sí lo había hecho éste último en contra de su persona. Simplemente sustentó su posición, prácticamente similar a la que había expuesto, en febrero último, ante el Colegio de Abogados. En primer lugar, aludió al artículo 168 de la Constitución (“no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados…), el que ataca directamente las posiciones de Cáceres y Sesto de Leiva, pasivos desde hace más de una década. El golpe de contundencia del letrado, exasesor de Gobierno y exsubsecretario de Gobierno, fue dado por la aclaración de que este artículo jamás fue tachado de inconstitucional. Ergo: estuvo y está vigente. Por tanto, los jueces del conflicto fueron mal nombrados por los exgobernadores que tomaron esta decisión. En el caso de Cáceres, con una buena dosis de morbosidad: el 1 de julio de 1995 le aceptaron la renuncia como ministro de la Corte y le dieron las gracias por los servicios prestados, y a los 28 días lo nombraron en el mismo cargo. ¡Una pinturita de impunidad e irresponsabilidad!

Otro de los artículos de la Constitución de 1988 –la que los radicales se niegan a reformar para no quebrar los privilegios de los políticos- que posiblemente infringe la dupla Cáceres-Sesto es el 195, que establece la edad de 65 años como tope para ejercer como ministro del máximo tribunal. En este caso, siguiendo el discurso de Andrada, el problema es doble. Primero porque los acusados han pasado la barrera de los 75 (límite de la actual jurisprudencia nacional) y se respaldan en una inconstitucionalidad del señalado artículo que se dictaron ellos mismos. ¿Cómo es esto? En el año 2006, al llegar a los 65 años y toparse con el escollo constitucional, el procurador Lilljedahl objetó la constitucionalidad del 195. Sin que mediara estudio alguno, y en trámite exprés, resolvió a su favor un tribunal integrado por José Cáceres, Sesto de Leiva y la subrogante María Cristina Casas Nóblega. De esta forma, los dos primeros fallaron, indirectamente, a favor de ellos mismos. ¿Por qué? Es que al poco tiempo solicitaron exactamente lo mismo y un tribunal integrado por Lilljedahl (el más comprometido con la flagrante maniobra), Casas Nóblega y Julio Bastos, sin hesitar, bajó el martillo. Como lo dijimos más de una vez, ¡una vergüenza jamás vista en la historia judicial argentina! Esto es lo que Cáceres nunca puede explicar. Tampoco lo podrá hacer ningún legislador, sea del bando que sea. Preguntamos: ¿cómo pudieron llevar adelante una maniobra tan burda sin ser objetados por nadie durante más de 20 años? Lo peor del caso es que varios jueces inferiores, prendidos de estos nefastos antecedentes, podrían reclamar lo mismo y buscar eternizarse en los cargos, con lo cual en pocos años la Justicia de Catamarca sería prácticamente un consejo de ancianos.

Más allá de estas explicaciones que, para bien o para mal, deberán ser analizadas por los legisladores, el exasesor, exsecretario y expresidente de Energía Catamarca SAPEM, tuvo referencias críticas para el Colegio de Abogados y, paralelamente, para el gobierno de Catamarca durante la nota concedida a radio Valle Viejo. Sobre el primero indicó que, como en todas las épocas y con administraciones de diferente signo político, funciona como un apéndice del poder de turno y que durante cinco meses estuvo esperando una respuesta a su pedido. En cuanto al gobierno, recordó que en una reunión en el hotel Ancasti, ante más de 100 abogados, las autoridades prometieron revisar la Justicia para beneficio de los más débiles y desprotegidos. Según él, no lo hicieron.

Ahora le toca analizar la espinosa cuestión a los legisladores. Ayer no hubo quórum, pero en la semana próxima no podrán eludir su tratamiento, sopena de aparecer como cómplices de algo supuestamente irregular y que afecta nada menos que al Poder Judicial, el más desprestigiado según todas las encuestas que se conocen. Tan cierto es esto que hasta los afines a estos jueces dentro y fuera de los Tribunales no ven con malos ojos un cambio que trasmita seriedad y ecuanimidad a la ciudadanía. Por el lado del peronismo podría haber apoyo a la sustanciación de un juicio político. Lo decimos por presentaciones diversas que realizaron algunos de sus miembros (Guerrero, Barros, etc.) disconformes con la Justicia. Aparte, en el medio está la letra de la Constitución. El dilema mayor pasa por la oposición, que de votar en contra (para la aprobación del juicio político se requieren dos tercios) se pondría en la vereda del frente del gobierno nacional. Recordemos que aquí estuvo el ministro de Justicia, Germán Garavano, y fue ostensiblemente crítico con la Justicia, aparte de reafirmar que la actual jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, por haber pasado los 75 años, deja afuera a Cáceres y Sesto de Leiva.

Pero si los votos no alcanzaran, la reciente presentación o alguna otra que pueda surgir (es probable que ocurra este supuesto) va a determinar “un antes y después” para la Corte de Catamarca. Claramente estos dos miembros, que no gozan precisamente de predicamento público, van a perder legitimidad y cada uno de sus fallos puede ser objeto de las críticas más acerbas. Es que fueron nombrados a contrapelo de la Constitución Provincial, la que vale para todos los ciudadanos por igual. No tolera excepciones, a no ser que alguien las consienta. 

 

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con el repaso del pasado cercano.

A propósito de la reciente presentación del fiscal de Estado, Carlos Bertorello, sobre la causa Somica (se tramita en la Justicia Federal y tiene como principal involucrado al último interventor que designó el Frente Cívico, Raúl Doering), hay que decir que desde su creación fue una fuente de discordias.

Así, por ejemplo, en los primeros días de agosto de 1993, hace ya 25 años, el exministro Hernán Colombo pedía una auditoria de la empresa que explotaba la rodocrosita en Minas Capillitas, tarea que ahora cumple Catamarca Minera y Energética (Camyen). Ya en ese entonces existían notorias irregularidades, las que se profundizaron durante la gestión del nombrado Doering.

Aquel pedido de Colombo, además, se fundamentaba en el hecho de que se debían nada menos que ocho meses de sueldo a los empleados, una situación casi impensada para los tiempos modernos: con un mes de retraso hay movilizaciones, quema de gomas, cortes de ruta, etc.

 

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