“Los cuadernos de Jorge Marcolli”, simbólicamente, se abrieron la semana pasada y en sus hojas quedaron revelaciones que no dejan dudas de lo que fue el pasado y la influencia que ese pasado puede tener en el presente. El empresario de la construcción, emparentado con una familia de honda raigambre política (su padre fue un gran militante peronista; dos de sus hermanos, Julio y Enrique, protagonistas políticos de los años 70 que, finalmente, se radicaron en Venezuela; Mario llegó a ministro de un gobierno radical y Miguel fue el artífice del Caso Morales, antes de acceder a una banca de diputado nacional) hizo declaraciones que están mucho más allá de Rubén Dusso, el actual ministro que, según los nuevos “cuadernos”, sin ser funcionario ni pertenecer al Frente Cívico que gobernaba en los años 2003 y 2004, pudo participar del reparto de la obra pública en nombre del kirchnerismo. Es cierto que Marcolli ratificó lo denunciado en el Juzgado Federal, pero no es menos cierto que las responsabilidades institucionales corresponden al gobernador de la época, Eduardo Brizuela del Moral, y a una cadena de funcionarios que tenían que ver con las licitaciones y la construcción de viviendas. De esta manera, para Jorge, también son responsables Bolomo, “Eduardito” Brizuela del Moral y Pedro Molas. En el caso de este último la situación es mucho peor, toda vez que el denunciante le dijo al periodista Ariel Brizuela que fue quien le birló una obra que, legítimamente, había ganado en el proceso licitatorio. Todo, siguiendo el espectacular relato, por haberse negado a entregar “el diezmo” que  dicen requería el kirchnerismo, en acuerdo con las autoridades catamarqueñas. Sin este acuerdo, como se consignó en el diario La Nación del domingo, no había arreglo ni obra. Lógico, claro está.

La causa contra Dusso, por las dudas alguien no lo sepa, tiene dos actores principales. Uno es el nombrado Marcolli (el denunciante) y el otro es Fernando Rivera (el solitario testigo). Marcolli ya lo dijo todo, inclusive mucho más de lo que se intuía. El que se quedó corto, demasiado, fue Fernando Rivera, otrora empresario de la construcción. Fue a la misma emisora y entabló un diálogo con el mismo periodista, con todo el ánimo de denunciar. Pero, en realidad, no lo hizo. Únicamente, en actitud claramente selectiva, se acordó del ministro de Obras Públicas y se negó a dar el nombre de los empresarios que habrían participado del proceso de cartelización que, como en el resto del país, pudo darse en Catamarca. Es más, trató, en un momento, de seguir acusando a otras personas relacionadas con el gobierno actual y el periodista debió cortarlo porque, al no dar el nombre de los eventuales aportantes de las supuestas coimas, se alejaba del tema que estaban tratando en el reportaje para el cual había sido convocado.

Para completar su lamentable actuación mediática, Fernando Rivera destacó la participación que tuvo en el caso el empresario multirubros (construcción, inmobiliaria, medios de comunicación y otras yerbas) Silvestre Zitelli. Señaló que su diario, El Ancasti, fue el artífice de una investigación que no tiene más prueba que la declaración suya, lo que se asemeja demasiado a un entendimiento previo que incluiría al propio Marcolli, en orden a que estableció su denuncia a casi 15 años de cuando habrían sucedido los hechos. Ambos, si conocían tan bien el tema, tenían la obligación -hasta legal- de haberlo hecho en aquel momento. Y, ahora, en el caso de Rivera, cuando podía ofrecer un nuevo aporte a la Justicia dando el nombre de los coimeros, metió “violín en bolsa” y trató de cantarle una serenata a quienes, evidentemente, identifica con un gobierno que, al parecer, le provoca animadversión. Tampoco aludió a ningún funcionario del pasado y llegó a afirmar que las administraciones anteriores (el Frente Cívico y el saadismo), que registran gigantescos hechos de corrupción, fueron transparentes. Sin dudas, se olvidó de sus propios discursos y fue atacado por el “Síndrome de Estocolmo” (sumisión y hasta complicidad con su opresor) al destacar a Zitelli.

A propósito de El Ancasti. Por algunos acontecimientos que se anotan en los “cuadernos de las coimas”, publicó una aclaración destacando su trayectoria, su independencia de los poderes públicos y una respuesta a quienes lo criticaron por no haber publicado (tampoco lo hizo El Esquiú.com) un informe del Canal 26 de Buenos Aires que, la semana pasada, refirió a que en Catamarca existía un antecedente de las coimas. Su título fue “información seria sí, operaciones no”. Le fue muy mal, convengamos, con la aclaración. Primero porque la información sí fue publicada en la plataforma digital y, al rato nomás, resultó levantada. Complementariamente, la aclaración en la edición papel llegó a las redes sociales y allí los comentarios sobre la supuesta independencia, impulsados preferentemente por miembros de un sector político, fueron realmente lapidarios. A otro que le fue mal en las redes fue al senador nacional Mera, al que le recriminan su performance política en la cámara de Senadores de la Nación, al punto de ubicarlo como un integrante más de la alianza Cambiemos.

El titular del radicalismo e intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, se refirió días pasados al juicio político al que serían sometidos José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, los veteranos integrantes de la Corte de Justicia de Catamarca. Dijo al respecto “con base en los argumentos del gobierno, creemos que hay un avance sobre la Justicia”. Raro que un presidente de un partido centenario emita una opinión de esta naturaleza sin ajustarse a la verdad o, falazmente, intente prenderse de un discurso que se aleja de la institucionalidad. El juicio político, que estudia la comisión de Asuntos Constitucionales, fue presentado por un particular que, aun siendo peronista, no pertenece al gobierno y al momento de anunciarlo tuvo durísimos conceptos para una administración que, según su óptica, incumplió con su promesa de reformar la Justicia. En resumen. “Argumentos del gobierno” no hubo. A Páez, más allá de su independencia para decir lo que se le plazca, le tocan las generales de la ley. No es un militante cualquiera, sino el presidente del principal partido de oposición.

La incursión de Luis Barrionuevo por su provincia, lo que ocurrió entre viernes y sábado, no dejó claro cuál será su destino. Sobre su eventual candidatura a gobernador, si no se produce un cambio brusco de 180 grados, no pasa de ser un anhelo. Camino a los 77 años de edad, resulta hasta complicado llevar adelante una campaña en un territorio inmenso y escasamente poblado. Su momento fue el 2003 cuando, injustamente, lo proscribieron. Sin embargo, a nadie escapa que podría jugar con Raúl Jalil y hasta con la llamada renovación peronista, que no desprecia sus contactos, mucho menos su billetera. En lo personal, lo repetimos una vez más, su objetivo excluyente sería capturar la banca de diputado nacional. Sería como ponerle un broche de oro a su larga trayectoria política. En más, todo lo que diga Luis son fuegos artificiales y frases casi gastadas, como las de su eterna pelea con Cristina Kirchner (busca devolverle los ataques que sufrió de la expresidente cuando, en 2003, intentó echarlo de su puesto de senador nacional) o el preanuncio que los funcionarios macristas también le sacarán brillo a los pasillos federales de Comodoro Py.

El flamante titular del Colegio Médico, Guillermo Martínez, tuvo conceptos verdaderamente temerarios sobre el cobro del abominable plus médico, con el que se comete un delito y se perjudica a la gente, especialmente a los más pobres. Afirmó que los profesionales que no cobran plus “pueden ser penados por no llegar al mínimo ético para evitar sanciones”. Con la declaración, hizo colisionar su pretensión de cobro con la obligación que tienen los colegiados de cumplir con el convenio que la entidad que los acoge firmó con las autoridades de la obra social, donde en ninguna parte dice de remuneraciones adicionales y en negro. Tampoco de ética y deontología. Comprendemos perfectamente las exigencias de los médicos y valoramos la tarea que llevan a cabo, pero de allí a cometer un delito hay una buena distancia. Más allá de eso y de los tratamientos legales que se analizan en la Legislatura provincial, reiteramos que la solución, aun drástica, debe partir de la intervención de OSEP. Si desde allí no se toman las medidas, el estado de tensión será permanente y todos los profesionales recibirán la repulsa pública por culpa de quienes, por carriles diferentes a la ley, quieren fijar su propio salario. Algunos de ellos han naturalizado el cobro y otros han optado por una variante igualmente ilegal, como lo es exigir plus uno o dos días a la semana.

RECUERDOS.

Como lo hacemos siempre, reservamos el último bloque para repasar situaciones de los años 90.

El 28 de agosto de 1993, hace exactamente 25 años, el abogado Jorge Díaz Martínez decía públicamente “el candidato soy yo”. Se refería a la disputa que sostenía con el empresario Silvestre Zitelli por la candidatura a diputado nacional de aquel año.

El tema estaba en la Justicia Electoral y al final iba a resultar favorecido. El dirigente, a esa altura del tiempo, ya había sido diputado provincial, ministro de Gobierno, vicepresidente del Banade (Banco Nacional de Desarrollo) y viceministro del Interior durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

En la interna de normalización del PJ, realizada el 25 de julio de 1993, figuró en la boleta como primer candidato a la banca nacional y sobre ese argumento defendía su posición. Zitelli, por su lado, había sido nominado por un congreso partidario después de aquella interna. 

El Esquiú.com