Con la conformación del bloque político que conforman prominentes figuras del radicalismo –Ricardo Guzmán, Brizuela del Moral, Vázquez Sastre, Pernasetti, etc- y que, al menos por ahora, excluye únicamente a los representantes castillistas, ya habría consenso sobre el nombre de potenciales precandidatos. En ese sentido cobra fuerza la eventual postulación de una figura que no es precisamente radical, pero desde la Coalición Cívica es uno de los puntales de la alianza Cambiemos. Nos referimos, naturalmente, al médico Rubén Manzi que, a varios meses de los comicios, se ha colocado el traje de candidato y, mediáticamente, funciona como tal. Conforme nos aseguraron representantes del sector, la fórmula se completaría con un o una radical, aunque no se descarta a la exdiputada nacional Myrian Juárez. No es una radical pura, pero estableció sólidos contactos mientras fue legisladora, función en la que tuvo cuatro años (2013-2017) de intenso trabajo. Para la Capital habría dudas, pero quien parece contar con los mayores oropeles es Flavio Fama, el actual rector de la Universidad Nacional de Catamarca.

El intríngulis de la definición de las candidaturas, igualmente, tiene que ver con el castillismo que, aparte de contar con el bloque minoritario en la Cámara de Diputados, recibe el apoyo de tres o cuatro intendentes. Por una rara coincidencia, la pretensión de este bando tampoco alienta a un postulante radical, sino que sueña con una hipotética candidatura de Raúl Jalil, el eficiente Lord Mayor capitalino que, se sabe, proviene de las vertientes peronistas. Que hubo conversaciones (de las que no tuvo ausente el chacarero Gustavo Jalile), las hubo, pero de allí a que se haya avanzado hacia un acuerdo es otra cosa. Jalil mantiene excelente relación con la cúpula del poder provincial y no descarta ser el sucesor de Lucía Corpacci, como tampoco descarta la eventualidad de sostener con ella una interna que lo legitime. Sin embargo, para todas estas especulaciones, se hace imprescindible que haya primarias y eso está en dudas, al igual que la fecha de las elecciones. Sin PASO, como lo afirmamos en entregas anteriores, todos los planes pueden cambiar abruptamente. Solamente quedaría la alternativa de internas dentro de los partidos políticos, las que evidentemente no conforman a todos y son mucho más problemáticas de implementar. La llave maestra del cronograma electoral, entonces, la tiene la gobernadora. Hablamos, no solo de la fecha, sino de las primarias.

Hasta ahora se viene debatiendo elecciones en marzo o en octubre. Con PASO o sin ellas. Lo que pocos advierten, sin embargo, es que el gobierno provincial, con sigilo y en silencio, mantiene el proyecto de un plebiscito para que la ciudadanía opine sobre la necesidad de reformar la Constitución de 1988, cuyo proyecto original fue rechazado en la Cámara de Diputados por castillistas y brizuelistas cuando funcionaban en yunta. La fecha de implementación del mecanismo constitucional también es otro misterio que podría develarse cuando se conozca el momento del duelo provincial por la gobernación, intendencias, diputaciones, senadurías y concejalías.

La prolongación, en Catamarca, de los “cuadernos de las coimas” sigue aportando jugosas apostillas por las cuales se mantiene el vaivén entre el pasado y el presente. Más allá de las espectaculares declaraciones de Jorge Marcolli que, aunque no estén directamente denunciados en la Justicia Federal, complica a numerosos exfuncionarios del Frente Cívico, llamó la atención los conceptos que vertió el único testigo de la causa que existe en Catamarca, el arquitecto Fernando Rivera. El exconstructor y exdirigente que, según su confesión, renunció a la política, hizo declaraciones que se contradicen con expresiones que, con fuerza, supo propagar en el pasado. Por ejemplo, para sorpresa de propios y extraños, indicó que durante los gobiernos que ejercieron desde 1983 a 2011 –¡nada menos que 28 años!- no se produjeron actos de corrupción y todo habría sido transparente, con lo cual ubica a las irregularidades como exclusivas del presente, el que paradójicamente ha sido exaltado por varios consultores nacionales al ubicar a Catamarca como una de las seis provincias con mayores niveles de transparencia y de información sobre el uso de los recursos públicos, lo que de ninguna manera quiere decir que todo sea perfecto o que no se hayan producido deslices reñidos con la legalidad los que, en definitiva, debe resolver la Justicia.

Lo expresado por Fernando Rivera, por sus contrariedades, pone en duda sus calidades de testigo único de la causa por el supuesto pago de coimas que se habría llevado a cabo durante la gobernación de Brizuela del Moral. Es que el exconstructor, devenido en político a partir de su participación en el gobierno de Carlos Menem, siempre objetó los comportamientos institucionales del pasado. Hay decenas y decenas de solicitadas firmadas por él que apuntan a la corrupción y, de pronto, indicó que todo estuvo maravillosamente bien. ¿O mintió antes y ahora dice la verdad o primero dijo la verdad para terminar mintiendo? ¿No sabía Rivera, por citar algunos hechos, que durante la gestión del Frente Cívico hubo privatizaciones lamentables (Casino, EDECAT, Obras Sanitarias, Terminal de Colectivos, etc), crímenes impunes, negocios con el hambre, cursos truchos y millonarios o “tragadas” gigantescas de los proveedores del Estado? Más atrás, ya en tiempos del saadismo, ¿desconocía el tremendo negociado que fue la construcción del actual hospital “San Juan Bautista”, la construcción lamentable del barrio Parque América o la estafa de la llamada “Obra del Siglo” por la cual el gobierno de Arnoldo Castillo rescindió el contrato de la empresa NORUZI? En fin, todas estas contradicciones y el hecho de no dar el nombre de los empresarios que habrían pagado las coimas (todos las negaron en sede judicial) que denunció Marcolli, transforman a Fernando Rivera en un testigo inhábil (para decirlo elegantemente) y obsesionado en denunciar, selectivamente, a un par de funcionarios de la actualidad que no revistaban como tales cuando ocurrieron los hechos que se analizan.

A tiempo de conocerse que la provincia hará una presentación judicial por el quite del Fondo Sojero que dispuso el gobierno nacional, se mantienen las dudas por la aprobación del presupuesto 2019 de la Nación, el cual ciertamente desvela al gobierno central. En algunos tópicos existen entendimientos mínimos, pero la devaluación que ya avanza hacia el 100% del valor que tenía el peso hace cuatro meses atrás, va a complicar la relación del ministerio del Interior con los gobernadores, los cuales ya estarían pidiendo que la crisis sea asumida de otra forma. Más concretamente, que más personas paguen impuestos y que las empresas abonen nuevos tributos, algo que puede convertirse en un círculo del “sálvese quien pueda”. Con ello estamos diciendo, ni más ni menos, que el Fondo Sojero puede haber sido apenas el arranque del ajuste brutal. ¡Cuidado con lo que se viene cuando el gobierno se muestra impotente para frenar la crisis!

Siguiendo con el estrépito económico de esta semana, que ha desplazado hasta las causas de corrupción que, con tanta insistencia, mantenían en las principales carteleras los medios metropolitanos, tenemos que comentar en Catamarca que el diputado provincial Luis Lobo Vergara, expresidente de la UCR, ha propiciado que la avenida de circunvalación “Néstor Carlos Kirchner” tome otro nombre. La ocurrente iniciativa de quien cobra jugosos dineros como representante del pueblo se fundamenta en asociar a la figura del expresidente con hechos de corrupción. Al respecto, hay que decir que este hombre está muerto y no puede defenderse, pero tampoco ningún tribunal argentino o internacional lo ha condenado, por lo que cabría tener mayor responsabilidad a la hora de analizar eventuales demonizaciones. Empero, aun suponiendo los peores cargos, ningún catamarqueño podrá olvidar jamás que el nacido en Santa Cruz se preocupó por la provincia, al punto de aprobar la construcción obras monumentales como el dique El Bolsón, el camino Andalgalá-Belén, la nombrada circunvalación (aunque no esté iluminada) o miles y miles de viviendas durante la gobernación de Eduardo Brizuela del Moral. Señor diputado Lobo Vergara: sus ideas no se condicen con los clamores de la gente y nadie, ni sus propios correligionarios, le van a avalar que pierda el tiempo en semejantes boludeces. Ya es hora, después de casi tres años de mandato, que comience a justificar lo que le paga el Estado.

RECUERDOS.

Como lo hacemos siempre, reservamos el último bloque para repasar situaciones de los años 90.

A fines de agosto de 1993, con muchas controversias de lo que era el peronismo normalizado (entre junio de 1991 y el 25 de junio de 1993 había estado intervenido), se vivía un clima electoral muy particular de cara a las legislativa que estaban programadas para el 3 de octubre.

En ese marco, el titular de la oposición, Ramón Saadi, expresaba una frase que la hemos escuchado, con insistencia, en los últimos tiempos. Decía “somos el PJ, no el Partido Judicial”.

La referencia, obviamente, estaba referida a varias presentaciones que se realizaron en su momento por algunas candidaturas.

De ellas sobresalían la de diputado nacional y la de senador provincial por Paclín las que, efectivamente, serían resueltas por la Justicia en sentido contrario a las aspiraciones del gobernador de los años 80. 

El Esquiú.com